En tierra de nadie: el drama de damnificados y habitantes de la toma Frei Bonn de Calama

En septiembre, un incendio destruyó el 65% de las viviendas del ahora del asentamiento ilegal, ubicado en Calama. 400 personas, entre ellas niños y ancianos, perdieron todas sus pertenencias y quedaron sin un lugar donde vivir. A tres meses del episodio, los damnificados, sobre todo los que son inmigrantes, denuncian abandono por parte de las autoridades, las que estarían solo preocupadas de coordinar el desalojo antes de ayudarlos.

Por: Irene Cereceda

Lidia Claure es boliviana y migró a Calama en 2016 en búsqueda de mejores doctores para su hija Katherine Cerrudo (27), quien, desde los 12 años, tiene una discapacidad. De profesión mecánica soldadora, Claure se encontró con una ciudad con altos valores de arriendos y sueldos bajos para quienes no trabajan en minería.

En este escenario, llegó a vivir a la toma Frei Bonn donde instaló un taller en su vivienda para así poder trabajar y cuidar a la hija a la vez, lo que le permitió percibir el dinero justo para comida y traslado. “Llegué a la toma por necesidades, al igual que la mayoría de mis vecinos afectados, no tenía otra opción”, dijo Lidia Claure. El 10 de septiembre perdió todo en el incendio que consumió el 65% de las viviendas de la toma y dejó a 400 personas damnificadas.

Hoy, vive en una pieza 4×4 metros junto a su hija, una ex vecina de la toma y el hijo de 10 años de dicha vecina; todos bolivianos. Con un ingreso mensual actual de $20 mil pesos, Lidia Claure asegura que ha logrado sobrevivir gracias a la ayuda de Cáritas Calama y de algunos conocidos. “Me cuesta mucho buscar otro trabajo, porque debo estar con Katherine todo el día y los jefes no entienden. Tampoco me puedo ir a mi país, porque allá no puedo salvarla”, comentó Claure.

El presidente de la Comunidad Boliviana en Calama, Roberto Carlos Calaguana, dice que la historia de Lidia Claure, es similar a la de la mayoría de las familias extranjeras afectadas por el incendio. “No tenían ni siquiera dónde dormir cuando se tuvieron que ir del albergue (Escuela 21 de Mayo) después de las vacaciones del 18 de septiembre”, asegura Calaguana, quien además explicó que la mayoría de los arriendos que podían pagar, pedían como requisito que fueran parejas sin hijos. “En la toma, el porcentaje más alto de habitantes eran niños y nadie quiere arrendarles una pieza a las familias con hijos”, comentó Calaguana, quien asegura que estas familias aún viven en abandono, hacinamiento y precariedad.

Un poco de historia

La toma Frei Bonn  comenzó el 17 de marzo de 2013, día en que 90 familias se tomaron el terreno, ubicado en el sector poniente de Calama, específicamente entre las calles Frei Bonn y Alonso de Ercilla. El vocero de esa época, Juan Navarro, anunció en su discurso que ninguna autoridad se había hecho cargo de lo que les pasaba. “Estamos todos arrendando o viviendo de allegados, hay gente que está viviendo en situación de indigencia en la ribera del río Loa”, dijo.

Desde allí a esta fecha, diversas situaciones ocurrieron en los terrenos de la toma Frei Bonn.

Derechos humanos y desalojos

Después de que el gobernador de la provincia El Loa, Eduardo Ochoa, dejó su cargo, en marzo de 2018, tras asumir Sebastián Piñera como Presidente de la República, se nombró como gobernadora a María Bernarda Jopia, quien desde el primer día aseguró que se haría cargo de desalojar la toma.

En este contexto, la autoridad provincial realizó un nuevo catastro que arrojó que en un año, el número de familias había aumentado de 253 a 315, a pesar de que 96 familias habían sido trasladadas al barrio transitorio. Después del incendio, María Bernarda Jopia, aseguró que en noviembre de este año se iba a ejecutar el desalojo de las familias que quedaron viviendo en la toma Frei Bonn, acción que finalmente no se concretó, pero de igual manera prometió a los vecinos que antes de Navidad la toma ya no seguiría.

Ante los anuncios de desalojo y tras el incendio, la sede regional del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), decidió intervenir en el proceso para que se hiciera valer la Circular N°19, que había sido considerada por la administración anterior y que establece la obligación de que los desalojos se realicen obedeciendo ciertas etapas que velen por el derecho de los residentes, sobre todo si la mayoría son menores de edad.

Sin embargo, el problema recayó en que en abril de este año, el Gobierno dictó la Resolución Exenta 2.137 del Ministerio del Interior que dejó sin efecto la Circular N°19, lo que según el jefe regional del INDH, Paulo Palma, es ilegal. “Dentro de los estándares internacionales existe un principio básico que es el de la No Regresión, el que establece que cualquier medida, alcance, norma o reglamentación que tienda un beneficio a las personas en materia de Derechos Humanos es un avance y una vez ya establecida, no se puede volver atrás”.

En este sentido, según Palma, debido a que en el gobierno anterior ya había hecho valer estos principios dictados por la ONU en campamentos de Antofagasta y Calama, haber dejado sin efecto el instructivo es ilegal. “Nosotros intercedemos y exigimos al Gobierno que respete los estándares internacionales de desalojo forzados”, explicó Palma.

El jefe regional del INDH informó que por ello intentaron reunirse con el intendente regional quien , “a diferencia de la gobernadora, sorpresivamente entendió el procedimiento”, aclaró.

Asimismo, aseguró que, según las normas internacionales y la circular de 2017, se establece, entre otras cosas, que no se puede desalojar a las familias cerca de fiestas como Navidad, Año Nuevo o de pruebas académicas relevantes. Además, es necesario notificar por escrito el desalojo, al menos, con tres meses de anticipación.

Al respecto, el intendente de la región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, dijo que están trabajando en una mesa con el INDH y que seguirán el instructivo recomendado para así realizar un trabajo serio y responsable. De esta manera, comentó que el proceso de desalojo está en pausa, pero que se realizará sí o sí. “Consideraremos todas las indicaciones, pero sin llegar al absurdo de la aplicación de todas las reglas en su conjunto y que eso signifique que no podamos hacer desalojo en ninguna época del año”, detalló la autoridad regional.

La gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia, dijo que la Circular N°19 ya está obsoleta, sin embargo, que están disponibles para aceptarla, sobre todo en el ámbito humanitario.”Nosotros estamos disponibles a aceptarlo y vamos a extender los plazos. Por ejemplo, ahora por Navidad y Año Nuevo, no desalojaremos, pero lo que sí está claro es que nosotros, en algún minuto, lo haremos”, expresó Jopia.

“No queremos vivir gratis”

La presidenta de la Junta de Vecinos (JJVV) de la toma Frei Bonn, Yoice Urbina, explicó que 79 personas de las que quedaron damnificadas en el incendio, volvieron a vivir en la toma como allegados. Aseguró que aún no ha recibido el informe definitivo de por qué se originó el siniestro y que los vecinos que siguen en el asentamiento “no viven tranquilos, porque tienen miedo de que se vuelva a quemar el campamento. Hace unos días tiraron una botella con bencina, nosotros lo vimos y menos mal que se controló”, dijo la dirigente.

Al respecto, la gobernadora de El Loa, comentó que desde un comienzo se les comunicó a los pobladores de la toma el origen del incendio, a través de lo informado por Bomberos. “En el informe del Comité de Emergencia se estableció que se produjo por una falla con el cableado eléctrico”, especificó Jopia y explicó que existen otras versiones sobre el origen, realizadas por los mismos habitantes de Frei Bonn, pero que, como autoridad, se quedan con la oficial.

Urbina, también afirmó que después del incendio ninguna autoridad se acercó a ayudarlos. “Ni siquiera preguntaron cómo estaban los niños damnificados o los que quedaron acá traumados. Todos, en general, se olvidaron del tema”, puntualizó.

El alcalde de Calama, Daniel Agusto, al respecto dijo que como municipio no cuentan con las herramientas para ofrecer ayuda a los damnificados con respuestas habitacionales, ya que eso es responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). También aclaró que las familias cuentan con redes de apoyo y que “siempre hay una amistad o alguien que, a veces, puede colaborar mientras ellos buscan una solución”, dijo.

La presidenta de la JJVV, expresó que, tras la indiferencia de las autoridades locales y las amenazas de la gobernadora ante inminentes desalojos, decidió enviar una carta al intendente exigiendo un barrio transitorio.”Hace 20 años que estoy en espera para un subsidio habitacional, al igual que muchos de mis compañeros”, dijo Yoice Urbina .

El vicario de Cáritas Calama y sacerdote, David Vargas, aseguró que uno de los problemas principales por los que tanto las personas que viven en la toma, como los damnificados no han recibido la ayuda necesaria se debe al estigma que se ha ido formando con respecto a ellos en la ciudad de Calama.

“La gente no tiene en claro que no todas las personas que viven o vivían en la toma eran traficantes y delincuentes”, dijo el sacerdote. Además, explicó que incluso cuando ocurrió el incendio, se intentó trasladar a los damnificados a un albergue municipal, ubicado en la población Santa Rosa, “pero los vecinos se interpusieron y quemaron neumáticos para evitarlo, porque decían que llegaría lo peor de Calama”, contó David Vargas.

El sacerdote, quien constantemente trata con la gente que vive en la toma y los damnificados, asegura que los que delinquen son los mínimos. “Tú vas y ves a mujeres trabajadoras, niños que van a la escuela y hombres de esfuerzo. Allí no ves delincuentes”, argumentó.Sin embargo, representantes de las juntas vecinales aledañas a Frei Bonn no coinciden con lo último.

La tesorera de la JJVV Portal del Inca ,Silvia Suárez, asegura que la mayoría de las personas de la toma son los responsables de los crímenes en el sector donde viven y que además, están en esa condición, porque no quieren pagar como el resto de los calameños. “Resulta que todos nos hemos sacrificado para tener una casa y ellos quieren todo gratis. Aparte de que la mayoría son extranjeros y piensan que acá es fácil tener un terreno”, dijo Suárez.

“Continuar nuestras vidas”

Según Cáritas Calama, de los 400 damnificados del incendio, los más afectados fueron aquellos extranjeros (69 familias), en su mayoría bolivianos, que no poseen redes de apoyo en la ciudad y quedaron prácticamente en la calle. Al ver que no contaron con una ayuda a corto plazo, Cáritas está trabajando con 47 familias para que puedan optar a la opción de barrio transitorio.

El vicario de Cáritas Calama afirmó que después de Fiestas Patrias, cuando se les ordenó salir del albergue, como institución reunieron dinero para poder pagar un arriendo por dos meses a los más afectados. “Queríamos también una solución a corto plazo, sabemos que entre los damnificados había gente que tenía la capacidad para pertenecer a un comité y otros que estaban de manera irregular y lamentablemente aún no podían integrarse hasta regularizar la situación”, explicó el padre David Vargas.

Ante esto, junto a Techo y Hogar de Cristo, Cáritas Calama pidió a la gobernadora poder armar una mesa social para atender la necesidad urgente para, por ejemplo, construir mediaguas, pero que no tuvieron respuesta positiva por parte de las autoridades locales, específicamente la gobernación, organismo que debe dar la autorización de construcción. “Después no quisieron armar la mesa social y comenzaron a dejarnos de lado, porque creían que estábamos fomentando la ilegalidad”.

La directora de Techo de la región de Antofagasta, Mariana Barbosa, dijo que efectivamente intentaron con Cáritas entregar una solución rápida a las familias que habían quedado sin hogar, pero que se encontraron con bastantes trabas puestas por las autoridades. “Como Techo nos pusimos a disposición por si había que construir algún barrio de emergencia, como lo hemos hecho en otras situaciones, pero el sector público no apoyó y las familias ahora básicamente están en otras casas del campamento, como allegados o arrendando piezas”, dice Barbosa.

“Nos llama mucho (como Techo) la atención que la respuesta por parte de las autoridades a este incendio fue muy distinta a los de Valparaíso, donde sí hubo acción a corto plazo”, Mariana Barbosa.

 

El padre David Vargas, explicó que algunas de las soluciones entregadas por el Gobierno fueron subsidios de arriendo, pero ninguna de las personas que estaban en situación de vulnerabilidad extrema cumplía con los requisitos para adquirirlos (Revisa aquí los requisitos). “Ellos habían levantado una ficha de emergencia que especificaba que podían acceder a beneficios inmediatos. Sin embargo, a pesar de la emergencia, no cambiaron los requisitos y nadie pudo obtener ese beneficio”, argumentó el vicario.

Víctor Charaja, peruano, y Rosario Arnés, boliviana, forman parte de los 47 damnificados que ayuda Cáritas para que formen un comité de vivienda y esperan optar a un barrio transitorio y luego a un hogar definitivo para dejar de vivir allegados. Charaja explicó que quedaron prácticamente en la calle con hijos, pero lo que más les afectó fue el trato recibido por las autoridades en el albergue y la indiferencia posterior.

En tanto, Rosario Arnés, dice que no entiende por qué la gente inmigrante es tan discriminada en Chile y que, al igual que ellos, trabaja con esfuerzo para poder comer.

Con respecto a la denuncia de malos tratos en el albergue, la gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia expresó que, hubo mucha sensibilidad en ese momento en los damnificados, por el nivel de la catástrofe, por lo que “me imagino que cualquier cosa que se dijera y se hiciera, para ellos, sería violento”. Asimismo, aseguró que muchos afectados dijeron que tenían grabaciones de maltratos por parte de algunos funcionarios y que ella se los pidió, pero nunca se los hicieron llegar.

En relación a los subsidios de arriendo no cambiaron los requisitos normales para obtenerlo. “Se los derivó para que hicieran los trámites en el Serviu, como debe ser, es decir, como lo hacemos todos los chilenos”, puntualizó la autoridad.

“Debe ser desalojada”

Después del incendio, se clausuró el territorio siniestrado debido a que “no contaba con las condiciones sanitarias para que la gente volviera a asentarse ahí”, según lo que informó el Gobierno Regional. Además, se atrasó el proceso de desalojo, sin embargo, las autoridades siempre aseguraron que este episodio no impedirá que se realice.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, Julio Santander, expresó que antes y después del incendio se llevaron a cabo catastros que les permitieron saber con claridad quiénes necesitan soluciones habitacionales y quiénes no, los que vendrían a ser un total de 91 familias (incluyendo a damnificados y también residentes actuales del terreno Frei Bonn) de 220 familias que, según sus registros , viven actualmente en Frei Bonn (ver infografía 1). “Hay un porcentaje grueso de personas que no tenían o tienen nada que hacer en la toma y se tienen que ir”, aseguró Santander. Además, la autoridad aclaró que se está conversando con los dirigentes y que se estableció un acuerdo que especifica que ya no se aceptará ningún otro asentamiento en la toma que no esté dentro de los catastros oficiales.

Con respecto a soluciones en el corto plazo, como construcción de viviendas de emergencia para los damnificados, el seremi Santander especificó que “Techo lo único que propuso fue volver a construir mediaguas en la zona, pero no se podía y por eso se les dijo que no. Hay un riesgo sanitario, sobre todo por los pozos negros”.

En cuanto a las soluciones habitacionales, Julio Santander, aseguró que ya están trabajando para definir los presupuestos para brindarle a esas 91 familias el acceso a un barrio transitorio, mientras esperan que se concreten los subsidios. “Son personas hábiles para tener un subsidio y estarán ahí, por lo menos, los 18 meses que demora la construcción de viviendas”, expresó.

A quienes no califican, según el seremi, se les entregará un Bono de Enseres que los ayudará a trasladar sus pertenencias. En cuanto a los extranjeros que estén en calidad de irregulares, especificó que si no regularizan la situación migratoria, no pueden recibir ningún beneficio porque el Estado no puede ayudarlos.

En cuanto a la propiedad de los terrenos que se quieren utilizar para construir proyectos de vivienda o barrios transitorios, el seremi de Bienes Nacionales, Omar Farías, dijo que “pondremos a disposición todos los que sean requeridos”, y especificó que están trabajando en una mesa en conjunto con el Minvu, Serviu y la Intendencia Regional para resolver la problemática.

El director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Rodrigo Saavedra, aseguró que Frei Bonn seguirá siendo prioridad en las soluciones habitacionales, ya que se está trabajando con ellos desde abril. “Tenemos identificados recursos que nos permitan empezar a hacer el trabajo social con las familias y también para inhabilitar lo que ya está siniestrado”, aclaró. Según el seremi de Vivienda, el plan es que de aquí al 31 de diciembre se arme el barrio transitorio para ejecutarlo entre enero y febrero de 2019 y así preparar la salida del sector donde las personas ya fueron notificadas.

De quién es el terreno

Si bien, en inicios de su mandato, la gobernadora aseguró que se preocuparían de desalojar la toma, en posteriores meses se tomó en cuenta que no todo el terreno era de propiedad fiscal. Desde el inicio del asentamiento se tenía claro que la Municipalidad de Calama también era dueña de parte del territorio. Sin embargo, a pesar de los estudios realizados, tanto por el municipio, como por Bienes Nacionales aún no hay un acuerdo del porcentaje que le pertenece a cada uno. Esto toma relevancia, ya que cada dueño debe solicitar el desalojo.

De esta manera, según lo especificado por Bienes Nacionales, de los 40 mil metros cuadrados, solo 3.571 son de propiedad fiscal. No obstante, según el alcalde de Calama, Daniel Agusto, “nuestros estudios dicen que la parte del terreno que nos corresponde es un poco más que el 50%. En un momento Bienes Nacionales emitió un informe distinto, pero nuestros catastros indican eso”.

El seremi de Vivienda, dice que “el 80% del terreno pertenece a la Municipalidad de Calama”, por lo que el Gobierno debe preocuparse del desalojo del terreno restante. Al respecto, el intendente dice que “hemos estado trabajando de manera integrada con el alcalde para ver de qué forma juntar los esfuerzos para dar paso a un proyecto mayor y coordinar el desalojo”. Lo mismo expresó el alcalde Daniel Agusto. “Hemos tratado de trabajar lo más coordinadamente posible para efectos de establecer y llevar a cabo la planificación que nos propusimos”, aclaró.

No basta con erradicar

Techo, en el catastro de campamentos 2017, especificó que los sueldos del rubro de la minería elevaron el costo de vida en la región de Antofagasta, lo que terminó ocasionando “una gran cantidad de personas vulnerables, no habilitadas para participar de este auge minero que vieron dificultado su acceso a vivienda propia o arrendada”.

 

Los datos entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, indican que en los últimos 15 años el déficit habitacional aumentó en un 3,4% en el Norte Grande, a diferencia del resto de las regiones, en el que disminuyó.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, en Calama hay 4.296 familias que requieren soluciones habitacionales. Al respecto, el académico del Instituto de Estudios Urbanos UC, Javier Ruiz-Tagle dijo que una de las causas más importantes del alza del déficit habitacional en el norte es el “boom minero”, pero también influyen con fuerza la inmigración y “la incapacidad que se ha tenido para construir más viviendas”.

Explicó que no basta solo con que el Estado construya casas en la periferia de las ciudad, como lo ha venido haciendo en los últimos 40 años, sino que también debe procurar que las personas vivan cerca de los centros urbanos. “Actualmente, la gente es cada vez más consciente de que no quieren vivir en lugares lejanos y prefieren quedarse allegados, hacinados o en asentamientos informales”, dijo el académico.

Ante esta problemática, el alcalde Agusto, dijo que como municipalidad están trabajando alineados con el Gobierno para resolver el problema y que “estimo que vamos a disminuir en un 50% el déficit gracias a este trabajo conjunto”.

La diputada de la región, Marcela Hernando, también expresó su interés en el déficit y dijo que “le he propuesto al intendente poder contribuir con ideas respecto de cómo avanzar en el tema de la solución de esta problemática”.

En tanto, el intendente Marco Antonio Díaz, dijo que el Plan Zona Norte, impulsado por el Ministerio de Vivienda, tiene como objetivo reducir el déficit y que comenzarán por entregar a Calama una solución alternativa temporal con los barrios transitorios, “para que así después puedan acceder también a la vivienda definitiva”, dijo la autoridad.

Una de las soluciones habitacionales con mayor número de viviendas construidas por el Estado en Calama, es el Complejo Inés de Suárez, el que se entregó en mayo de 2016. En ese entonces, un total de 361 familias se vieron beneficiadas. El último conjunto habitacional que se entregó en Calama fue el de Las Vegas, en agosto de 2017, en el que 160 familias obtuvieron una casa propia.

Desde que estas personas formaron los comités, hasta que finalmente les entregaron las viviendas, pasaron en promedio ocho años. Siguiendo la lógica, las 91 familias de la Toma Frei Bonn, consideradas por el Gobierno para acceder a viviendas, tendrían un hogar definitivo hacia el año 2026.

La toma Frei Bonn en imágenes

 

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