Las manifestaciones violentas de individuos encapuchados y de overol blanco -entre los que se ha identificado y detenido a estudiantes- ha sido una constante en los colegios emblemáticos de SSanttiago durante 2018. Actos que han ido desde arrojar una bomba molotov, hasta rociar con bencina a personal docente.

El camino de un secundario sin matrícula

Acusado de ser uno de los estudiantes del Internado Nacional Barros Arana que agredieron a un carabinero en octubre, un alumno de 16 años de tercero medio narra su realidad en el emblemático establecimiento desde su ingreso. De involucrarse en tomas y movilizaciones, pasando por el debate de Aula Segura, hasta la “normalización de la violencia” y la apelación de su cancelación de matrícula en diciembre.

Por Roger Velázquez.

De pie, con polera verde de detalles militares, Franco Ramírez Moya, estudiante de 16 años de tercero medio del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), adopta una postura similar a la de un boxeador. En su extremidad superior derecha, desde la mitad de la mano hasta un par de centímetros por debajo del codo, porta un yeso que le impide formar un puño.

– Me lo hice peleando –dice con una sutil sonrisa sobre cómo se lastimó, y confiesa escuetamente que la herida se la provocó dentro del colegio. La férula aún está fresca; fue reemplazada una hora antes de llegar, junto a su madre, al que ha sido su liceo desde hace tres años. Han ido a trabajar en su apelación.

El esguince de su meñique y muñeca se suman al historial de rupturas de huesos que ha atravesado, principalmente en sus piernas por su gusto a la pelota. Ello lo ha llevado, una vez más, al kinesiólogo. Las asiduas consultas han despertado en él un interés por dicha carrera. Pero la universidad, piensa Franco Ramírez, luce lejos.

Cinco días atrás, había un paisaje de policías similar al de cualquier otra jornada en el histórico colegio de Santiago. En el Centro de Padres (Cepa) se hablaba de un corta calle reciente, organizado por una porción de los aproximadamente 1.400 alumnos del establecimiento. La situación era una más de las vividas durante los últimos meses.

Siete vehículos de Fuerzas Especiales, entre ellos un “zorrillo”, más un carro lanza agua o “guanaco”, se divisaban en las inmediaciones del INBA aquel 5 de diciembre. Franco Ramírez y su apoderada, Julia Moya, fueron al liceo por la resolución del sumario interno del menor.

Quién no ha ido a tirar un camote sabiendo que tiene a un paco enfrente que le está tirando gases lacrimógenos. Da rabia tener un contingente policial de una cárcel afuera de tu colegio”.

Franco Ramírez Moya, estudiante del INBA con cancelación de matrícula.

Cancelación de matrícula, fue el dictamen de la segunda investigación de la escuela en su contra por violencia. Madre e hijo dudan que se hayan respetado los plazos del procedimiento. 20 días establece el manual de convivencia de la institución. El motivo del proceso se remonta al 2 de octubre, dos meses atrás.

– Básicamente todo empezó porque yo afirmé que estaba en la cancha.

Al menos un par de decenas de estudiantes del INBA, dos carabineros y un individuo vestido con un overol blanco también estaban en el campo aquel día. El desenlace fue el escape del encapuchado, politraumatismo y una herida contusa occipital para el oficial, y el inicio de una persecución en contra los secundarios.

El Liceo de Aplicación, Instituto Nacional, Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo Darío Salas, son otros de los colegios emblemáticos de Santiago en donde ha habido encuentros entre carabineros y estudiantes. En este último, la comunidad estudiantil denunció exceso de fuerza por parte de las autoridades durante una protesta el 6 de octubre. La vigilancia de Fuerzas Especiales es también notoria a simple vista, con los autos asentados fuera de los establecimientos, aunque en menor medida en relación con el INBA. Ello es la consecuencia de los eventos violentos suscitados en centros educativos de la capital, protagonizados principalmente por sujetos encapuchados y vestidos con overoles blancos –entre los que se han identificado a estudiantes–, quienes han lanzado bombas molotov y que han agredido a oficiales y a miembros de la comunidad académica; incluso, rociado con bencina a personal docente.

Rabia es lo que pudo ver Natalia Quileñán, profesora de arte del INBA, tras la toma del colegio en junio de 2016. El evento hoy luce lejano, pero para la profesora –quien fue una de las primeras en entrar al liceo en aquella ocasión– fue el punto de inflexión en la escalada de violencia, que recién este año se agudizó, pese a que solo ha habido tres ocupaciones en 2018. El hall, recuerda, estaba destruido.

– Esa fue la primera muestra que yo vi como de rabia y de ira que varios estudiantes tienen acá, por las injusticias, qué se yo –rememora la docente.

Mobiliario deshecho, ventanas y cristales rotos, pintas en los muros, libros y documentos quemados y esparcidos, la escultura principal estropeada, material y equipo extraviado. La destrucción fue tema nacional.

– Cada vez que uno ve las noticias se preocupa de estarlos llamando, que se cuiden, porque este liceo se llena de lacrimógenos –narra Julia Moya, mamá de Franco Ramírez. Abrazada a su bolso en uno de los espacios del Cepa de la escuela, durante una pausa que ha encontrado en su trabajo de venta de medicamentos para farmacia, su mirada denota preocupación cuando piensa en el clima escolar del recinto de su hijo– ellos estudian con ese olor.

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Asedio policial

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– Yo cuando estudiaba pasaba en la micro y siempre veía este liceo. Vivía en Cerro Navia. Nunca pensé que Franco iba a estar acá.

Julia Moya terminó su vida académica tras concluir cuarto medio. Su esposo estudió Informática en la Universidad Católica, pero hoy trabaja como guardia de seguridad. Su hija mayor está a punto de concluir su carrera en Enfermería. El menor, Franco Ramírez, no ha obtenido la renovación de matrícula para su último año de educación media.

La Escuela Estado de La Florida, en Pudahuel, fue el colegio de Franco Ramírez antes de ingresar al INBA, en primero medio. Su decisión, asevera, fue porque para él habían tres colegios buenos: el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y el que ha sido su casa de estudios durante los últimos tres años. Escogió este porque tenía excelencia académica y por ser el más grande. Su mamá menciona que fue en el que quedó.

Una décima hizo que casi reprobara su primer año en el INBA, reconoce Franco Ramírez, y menciona que en cada curso ha ido mejorando. Del promedio de 5.3 con el cual llegó al emblemático liceo, hoy ostenta 5.5.

Rememora que cuando entró al colegio se podía ingresar y aprovechar más espacios del mismo. Nunca se había involucrado en movilizaciones. La profesora de arte Natalia Quileñán menciona no recordarlo mucho en ese entonces, pues no era tan desordenado; y confiesa que es más simple evocar a los más inquietos.

La primera toma en la que participó fue el año pasado, en la que se  buscaba hacer mixto al liceo. El joven de 16 años asegura haber aprendido muchas cosas de esa experiencia. Sobre todo a cuidar su colegio. Sus motivos para movilizarse hoy, son otros.

– Ver todo el día que los profesores me estaban siguiendo, o los mismos inspectores… o tener al frente todo ese contingente policial –expresa Franco Ramírez, y hace hincapié en que hay docentes que lo siguen incluso al baño, y que lo han acusado de portar bencina o bombas de pintura– ellos me han encarado diciendo que tengo cosas en mi mochila; yo se las he abierto y no tengo nada.


Aunque no está seguro, cree que parte de los problemas que ha tenido, particularmente con el rector, Jaime Uribe, se remontan a cuando, a pocos días de su designación en el cargo, los estudiantes yacían en toma cuando llegó el director a tratar de terminar con la protesta. Franco Ramírez comenzó a discutir con él sin saber de quién se trataba.

– Ha apoyado a sus compañeros del Centro de Estudiantes, pero lo mandé como dos veces nada más, no le di permiso –comparte Julia Moya sobre la participación de su hijo en tomas. No le gusta verlo en esas situaciones, y más por los cambios de actitud que ha visto en él. Puntualmente en contra de los carabineros.

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Una leve brisa de aire entra por una ventana rota. En una de las salas del cuarto piso de uno de los edificios del INBA, Franco Ramírez yace expectante junto a tres compañeros más, sentados alrededor de una mesa. Uno permanecerá callado durante toda la conversación. Aparecerán al centro un par de latas que lucirán maltratadas. Son –o fueron– bombas lacrimógenas que los alumnos del liceo han recogido, producto de las irrupciones de carabineros. La pregunta es una: ¿Qué lleva a un secundario a movilizarse y cometer acciones violentas?

– Rabia –contestan al unísono.

El llamado lonco de la comunidad mapuche del INBA y estudiante de 17 años de tercero medio, Luis Payecán, asevera que en ocasiones puede ser por el tema mapuche. Pero pronto habla de la deficiente infraestructura y del hecho de que cada vez les impiden el acceso a más sitios de su colegio.

– Muchas veces se nos niegan los espacios. Siempre es la misma excusa, de que no hay plata, eso lo tenemos más que claro. Pero tampoco nos dejan hacernos parte de la comunidad para su restauración –recrimina Luis Payecán. Franco Ramírez refrenda la cuestión, y asegura que desde la llegada del nuevo rector, Jaime Uribe, se ha cerrado un mayor número de espacios.

Aníbal Villaseca, también alumno de tercero medio, de 16 años, originario de la comuna de Curacaví, y uno de los cerca de 100 residentes del internado del INBA, hace un recuento de las falencias que tiene en lo que para él es su hogar, y arremete que aquella ventana rota, por donde sopla el poco viento que hay, “no es nada”. Narra que las escaleras de emergencia no han recibido mantenimiento, hay comida con hongos, y techos rotos que gotean, lo que ha provocado que compañeros introduzcan paraguas a las aulas; además de problemas de desagües e inundaciones.

Rabia por todo esto, es precisamente lo que siente Franco Ramírez cuando sale a movilizarse y cuando participa en tomas y corta calles. Adrenalina también, agrega.

– La rabia que uno siente al tener a un contingente policial de una cárcel afuera de tu liceo –manifiesta Franco Ramírez en desacuerdo por el asedio de carabineros y la fuerza desmedida que perciben. “Estamos como en una dictadura”  y “hemos naturalizado la violencia” son frases que repite junto a sus compañeros, y enfatizan las dificultades que supone asistir a un aula con los gases lacrimógenos. Piensan que eso provoca que muchos compañeros quieran rebelarse.

Los “overoles blancos” y la violencia más extrema, concuerdan los estudiantes de tercero medio, son actos individuales. Según ellos, son personas que buscan alzar la voz por las mismas cosas que los demás, pero de forma más abrupta, ante la ausencia de diálogo por parte de las autoridades.

– El sistema burocrático que hemos tenido como establecimiento ante la Dirección de Educación Municipal (DEM), que es nuestro sostenedor económico, ha hecho oídos sordos ante muchos petitorios que hemos tenido –agrega Luis Payecán, e ironiza– a nosotros se nos da un tipo de educación y al colegio cuico se le da otro.

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“Como Presidente, no voy a tolerar que un grupo de delincuentes disfrazados de estudiantes se sienta con derecho a quemar sus establecimientos”, declaró en entrevista con “El Mercurio” el Mandatario Sebastián Piñera en octubre de este año. El 20 de septiembre había signado el entonces proyecto de ley Aula Segura, para permitir a los directores de los colegios expulsar inmediatamente a los estudiantes que incurriesen en actos graves. La propuesta desató la polémica nacional y fue calificada por diversos sectores como punitiva, sin ahondar en el origen de la violencia. De la mano, vino el despliegue policial que recrimina Franco Ramírez.

– Lo único que se busca es sancionar, no se busca hacer la prevención, ni de qué manera solucionar el tema –expone la presidenta del Cepa del INBA, Lorena Ávalos, quien se reunió junto a representantes de apoderados de otros colegios con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, previo a la presentación de Aula Segura. Ahí plantearon lo que para ellos es el trasfondo de las movilizaciones estudiantiles y que se debía atender para frenar el aumento de las protestas: infraestructura, docentes ausentes y carencia de orientadores.

Baños indignos, sillas rotas y abusos psicológicos por parte de los profesores, son otros de los motivos que llevan a los alumnos a alzar la voz y, en ocasiones, a comportamientos extremos, apunta Benjamín Vidal, presidente del Centro de Estudiantes del INBA.

– Me parece totalmente válido que los chicos decidan, no sé si usar la palabra “rebelarse” –duda por un segundo el estudiante de 17 años–  pero sí demostrar el descontento mediante la movilización.

No son los únicos. Los cuestionamientos a la respuesta de Gobierno han venido de organizaciones como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) de Chile, cuya presidenta, Amanda Luna, ha reiterado percibir un carácter represivo de la medida.

– Para nosotros es mucho más preocupante que tengamos a fuerzas especiales, quienes tienen herramientas para reprimirnos, como los “zorrillos” y el “guanaco” –atisba la líder estudiantil.

Pero es lo mismo, argumenta Franco Ramírez sobre la realidad con o sin Aula Segura. La única diferencia que encuentra, es que, según lo que ha vivido, ahora carabineros puede entrar más fácil al colegio. Además, explica que los orientadores del liceo no permiten a los estudiantes hablar del tema.

La propuesta de Gobierno Aula Segura despertó la polémica nacional, y tardó tres meses en promulgarse, tras atravesar cambios principalmente en los plazos que contempla para las investigaciones, apelaciones y resoluciones de los sumarios internos en los liceos.

La propuesta de Gobierno Aula Segura despertó la polémica nacional, y tardó tres meses en promulgarse, tras atravesar cambios principalmente en los plazos que contempla para las investigaciones, apelaciones y resoluciones de los sumarios internos en los liceos.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, declaró a La  Tercera que “cuando se dice que el proyecto no soluciona el problema de fondo, no se está considerando el problema de fondo que tiene ese liceo en particular, y ese liceo hoy tiene estudiantes que cometen hechos de violencia”. Pero es la carencia de protocolos de prevención para evitar dicha violencia uno de los puntos que más se han cuestionado de la iniciativa. Desde el Ministerio de Educación, no hubo respuestas para el presente reportaje.

– No ha habido la intención de las autoridades –increpa Magaly Ávila, vocera de Madres y Padres Movilizados en Defensa por la Educación Pública– de poder solucionar el problema de la violencia, porque la violencia no se combate con violencia. Aula Segura, “jaula segura”, Aula Democrática, o como quieran llamarla, es una medida violenta que intenta apagar fuego con bencina.

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Sillas y palos llueven sobre dos carabineros en una ola de empujones y gritos. Un adolecente se arroja, con una patada en el aire, contra uno de ellos. Lo derriba. El policía cae; ha estado sujetando a un individuo vestido con un overol blanco, quien también va a dar al suelo. El segundo efectivo ha sido excluido del alboroto por el mismo tumulto. Su compañero queda abandonado. La escena se transmuta en una vorágine. El oficial de Fuerzas Especiales es rodeado por un par de docenas de estudiantes del INBA, quienes no dan descanso a los golpes y las patadas. Entre los gritos y la turbulencia, el encapuchado escapa.

Cinco menores de edad, de entre 14 y 16 años, fueron detenidos el 2 de octubre por esta agresión, principalmente al que después sería identificado como el cabo segundo Raúl Quintanilla. El uniformado había entrado a la cancha del INBA en persecución de uno de los denominados “overoles blancos”, en medio de una protesta suscitada en el establecimiento. Ante la premisa de que el sujeto de identidad oculta podría tratarse de un compañero, los alumnos del campo decidieron ayudarlo a liberarse y agredieron al carabinero.

Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, publicó dos videos del acontecimiento el 11 de octubre de 2018. “Esto supera todos los límites y no puede quedar sin sanción. Necesitamos herramientas legales para terminar con la violencia en liceos”, manifestó la autoridad municipal en redes sociales digitales. “Traté de reincorporarme, pero la furia de los que me atacaban me lo impidió”, relató después el cabo Raúl Quintanilla. Los videos se volvieron virales y despertaron una vez más el debate de la violencia en los colegios. Además, firmó una sentencia contra Franco Ramírez.

– Yo estaba en la cancha jugando a la pelota, y ellos entendieron, no sé de qué manera, que yo afirmé que le pegué al carabinero –externa el estudiante de 16 años, a quien los directivos del liceo increpan ser uno de los agresores.

Un pantalón corto de color rojo es la razón por la que se le acusa. En el video se aprecia que uno de los atacantes porta una prenda así. Es el único cuyo atuendo desentona con el color oscuro del uniforme de los demás presentes. De acuerdo con las autoridades del liceo se trata de él, aunque Franco Ramírez lo refuta.

– Iban detrás de un “overol”, un encapuchado, que lo tenían agarrado del cuello –alude Franco Ramírez sobre aquel día, y recuerda haber estado con unos compañeros. De pronto escuchó gritos. Al darse la vuelta, vio al carabinero sujetando del cuello al individuo de blanco– ahí fue cuando todos saltaron –aunque él niega haberlo hecho, por lo que solo se quedó a observar. Con la llegada del resto del contingente de carabineros, hizo lo que todos los demás. Salió corriendo.

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– Ver a 20 encapuchados con overoles blancos genera que uno se quede frío –confiesa Cristian Pailamilla, representante de profesores del Liceo de Aplicación, colegio que también ha sido escenario de casos de violencia estudiantil, y quien ha sido desalojado de la sala tres veces por estos individuos para lanza bombas molotov. La destrucción de la oficina del director en este colegio, el 25 de junio, desencadenó finalmente la propuesta de Aula Segura, promulgada el 19 de diciembre.

El presidente del Centro de Alumnos de dicha escuela, Cristopher Tapia, piensa que la marginalidad de algunos estudiantes, procedentes de zonas vulnerables, es un aspecto que se suma a los probables motivos de la violencia.

– Desde marginalidad a alguna idea muy remota de reivindicación política; algunos dicen que es solamente violencia gratuita –contesta el director ejecutivo de la fundación y centro de estudios Acción Educar, Daniel Rodríguez, sobre las causas. La variedad de posibilidades  hace que cada situación sea única, por lo que duda de una legislación en el país, cuando se cuentan con manuales internos– No tiene ningún sentido normar la convivencia escolar completamente a nivel nacional, porque las situaciones son diferentes. Este proyecto apuntaba a un aspecto muy extremo.

 

 

– Hace falta atenerse de verdad a los manuales de convivencia –exclama Franco Ramírez en esta  tónica. Pero recrimina que, según lo que ha vivido, siempre se incumplen con los procesos.

Jaime Bellolio, diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI), ha sido uno de los defensores de la iniciativa del Gobierno. Delimitar puntualmente las causas gravísimas de expulsión era un imperativo ante el vacío que había en los manuales, refrenda, y ejemplifica con el uso de molotov, las amenazas de muerte a docentes y llegar a bañar con bencina a otra persona. En cuanto a las pulsiones de estos actos, identifica otras causas.

– Hay algunos que son de ultraizquierda y que pretenden a través de la violencia secuestrar la educación pública –afirma el parlamentario– otros lo hacen por carencias afectivas y materiales. En una lógica más bien anárquica. Y otros lo hacen simplemente por seguir a sus propios compañeros.

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi (PPD), ha sido una de las más críticas de la respuesta de Gobierno para atender a la violencia y su origen, y ha presenciado condiciones que considera pueden suscitarla.


– Es una pena ver un establecimiento que podría ser patrimonio nacional botado, deteriorado y basureado –recuerda la diputada de una visita al INBA– estudiar en un liceo que está abandonado y que no manifiesta preocupación por parte de ninguna autoridad es una situación violenta.

Para la presente investigación se contactó al Ministerio de Educación para conocer los protocolos de prevención de la violencia, pero no hubo respuestas. Por parte de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago, la directora Yoris Rojas se negó a hablar.

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Franco Ramírez no es el único con cancelación de matrícula por la agresión al carabinero. La presidenta del Cepa del INBA, Lorena Ávalos, prepara actualmente cinco apelaciones a los sumarios internos –entre ellos él–, además de otras cinco ya efectuadas.

Mauricio Castro es supervisor en una agencia de transportes. De joven estudió un semestre de Periodismo, pero desertó. De más joven fue representante estudiantil en el centro de alumnos de su colegio. Tiene tres hijos. El menor, de 16 años, es acusado al igual que Franco Ramírez de haber agredido al carabinero aquel 2 de octubre. Se le ha cancelado la matrícula.

– Yo lo insto a que él continúe su lucha social, política, por la justicia y los derechos de las personas –expresa Mauricio Castro con voz alta y efervescente– las formas son las que tengo que educar en él.

El padre apoya los corta calles, aunque afirma que los jóvenes no han entendido que estos deben detenerse con la llegada de las autoridades, pues –subraya– ahí se consigue “el objetivo”. La resolución fue dada más de 20 días después del inicio de la investigación, lo que incumple con el plazo establecido en el Manual de Convivencia del establecimiento. Además, acusa que el director, Jaime Uribe, le insinuó que diese de baja a su hijo antes de la decisión final. Para este reportaje se buscó hablar con el rector del INBA, pero dirección se negó.

–Por un video me quieren obligar a que se diga que es él, y no es así. Mi hijo a lo mejor puede hacer eso y cosas peores, pero en ese momento no era él –asevera el padre sobre el evento. Aunque no tiene pruebas, afirma que los “overoles blancos” son infiltrados para provocar estas situaciones y así generar las bases para su represión

Con tono exaltado, Mauricio Castro responde si, en caso de ganar la apelación, estaría de acuerdo con que su hijo continuase en el colegio.

– Por supuesto –asevera con firmeza.

El rector es el que le dio el pase a carabineros para que pasen acá. Eso es en lo que los chicos no están de acuerdo. Este año el liceo se lo ha pasado con carabineros”.

Julia Moya, apoderada de Francisco Ramírez Moya.

A raíz de la ola de violencia, según el municipio, los liceos emblemáticos de Santiago sufrieron una fuga de casi 400 estudiantes en el primer semestre de 2018. Franco Ramírez ha hablado con su mamá de un nuevo colegio, el Liceo José Victorino Lastarria. Por ello aún piensa en sus calificaciones.

– Los profes no toman en cuenta la cancelación de matrícula, ellos quieren que salga con buen promedio –dice el estudiante de tercero medio, quien repitió dos pruebas de inglés el 11 de diciembre, luego de que la docente las perdiera, junto a las de otros compañeros. En ambas obtuvo 6.

Julia Moya encuentra gracioso que pese al sumario en contra de su hijo, el rector y el encargado de convivencia le dieron –a solicitud del menor– un informe de personalidad positivo, que le ayude en su búsqueda de un nuevo establecimiento educativo.

Con todo y la rabia que pregona sentir, “generalmente” Franco Ramírez “acata las normas que determina el liceo”. Así lo señala el Informe de Transversalidad del estudiante, signado por el rector del INBA, Jaime Uribe, y que puede ser la carta de ingreso a otro liceo para el estudiante.

A pesar del notable comportamiento que avala el documento oficial, Franco Ramírez es un secundario sin matrícula.