La Estrella: el pueblo que convive con más de medio millón de cerdos

Hace casi veinte años, una importante industria dedicada a la crianza de cerdos se instaló en La Estrella, una localidad rural ubicada en la cuenca del Lago Rapel. Hoy, la comunidad estrellina vive angustiada ante el temor de convertirse en un segundo Freirina, la contaminación y el mal olor producido por miles de cerdos.

            “Primero fueron los malos olores y las moscas. Luego vino el flujo de camiones que trasladaban masivamente insumos a la industria y después, fue el agua. Las empresas nos empezaron a contaminar los esteros, a secar las napas”, aseguró Sebastián Cabezas el habitante de La Estrella, al recordar los hitos que han marcado la transformación de su comuna desde que allí se instaló la primera empresa dedicada a la crianza de cerdos.

Fue en el año 2000 que la empresa Agrosuper presentó a la Superintendencia de Medio Ambiente un Estudio de Impacto Ambiental que apuntaba a la instalación  de un criadero de porcinos para el sector de Guadalao en la comuna de La Estrella, una localidad de 3 mil habitantes ubicada en el secano costero de la región de O’Higgins, en la zona de la cuenca del Lago Rapel.

Con una inversión de 18 millones de dólares y una cantidad inicial de 270 mil porcinos, se construyó el primer criadero de la comuna, el cual con los años se fue ampliando y que hoy tiene etiquetada a La Estrella como una zona de producción porcina.

Actualmente la localidad alberga a casi medio millón de porcinos, es decir, que por cada habitante de la comuna hay 166 porcinos. La misma cantidad de chanchos que había en Freirina al momento en que fue desmantelado, cuando cientos de vecinos en Atacama protestaron por los graves problemas de contaminación que les provocaba una planta de cerdos que tenía Agrosuper en la localidad. De ahí que, cualquier proyecto nuevo es rechazado por los vecinos por temor a que las externalidades negativas producidas por los cerdos sigan aumentando.

Por cada habitante de La Estrella hay 166 chanchos.

 

“Los estrellinos están asustados porque la industria ha generado perjuicios medioambientales graves a la zona y, con esto, no solo hablo de los malos olores y de la llegada de vectores (agentes que transportan y transmiten patógenos infecciosos, enfermedades o bacterias), me refiero al  abuso en la utilización del agua que en este sector es escasa. No queremos convertimos en un Freirina 2”, sostuvo el ex concejal de la comuna  David Beas, para explicar los conflictos sociales que últimamente se viven en la comuna.

Actualmente en La Estrella existen dos proyectos a punto de concretarse vinculados a la industria de la carne de cerdo. El de la empresa Max Agro (ligada a la familia Lyon) que, con una inversión de 18 millones de dólares, pretende construir una planta de crianza y maternidad que estará ubicada a 6 km del lago Rapel y que albergará a 93 mil 500 cerdos, con una propuesta que fue aprobada en 2014. Y otro, de Agrosuper, que fue ingresado este año a la Superintendencia de Medio Ambiente mediante una declaración de Impacto Ambiental, que apunta a construir una fábrica de alimentos que abastecerá al criadero de La Estrella y a los de las zonas aledañas. La inversión estimada para este proyecto es de 70 millones de dólares.

La existencia de nuevos proyectos vinculados a los porcinos ha generado un  movimiento social a favor del medio ambiente y en contra de las empresas en La Estrella. Hace dos meses que la comuna se encuentra cubierta de carteles con la consiga: “No más cerdos”, en señal de rechazo ante la posible llegada de más de estos animales al sector. Esta iniciativa de protesta fue financiada por la municipalidad, en conjunto con la Corporación de Desarrollo y Protección del Lago Rapel (CODEPRA), que también se opone al crecimiento e instalación de nuevos criaderos en el lugar.

En la foto: el alcalde de La Estrella con una de las pancartas que protesta contra la llegada de más animales.

“No queremos más cerdos, ni pollos, ni pavos en la comuna, ya estamos colapsados”, sostuvo el alcalde de la comuna Gastón Fernández, y agregó que si bien actualmente la relación con la empresa Agrosuper es buena, no permitirá que la empresa crezca en animales en el futuro. “Habitualmente el mal olor llega en las mañanas y no podemos hacer mucho para mitigar esto, ¿acaso estamos condenados a vivir así?, ¿quién nos responde?”, dijo.

Las empresas, por su parte, son conscientes de las molestias que provocan sus plantas y durante los últimos años han invertido en innovación para disminuir la contaminación y los malos olores.

El subgerente de Sustentabilidad y Medioambiente de Agrosuper Martín Landea,  aseguró que no quieren repetir los mismos errores que en Freirina y que desde 2013 vienen trabajando para minimizar las externalidades que producen. “Para Agrosuper es fundamental el tema medioambiental  y la relación con las comunidades”, dijo.

Para los estrellinos, sin embargo, esta medida no es suficiente. “Nosotros estamos conscientes de que Agrosuper ha invertido en maquinaria para aminorar los olores, pero no basta con esto. Los cerdos son hediondos y toda la tecnología que se use es insuficiente para mitigar 100% las molestias que nos generan los más de 500 mil porcinos que tienen acá”, dijo Fernández.

Los cerdos: un aporte al PIB pero no al empleo

Durante las últimas décadas, la industria dedicada a la cría y faena de porcinos se ha concentrado y expandido en la Región de  O’Higgins.

“Esta zona tiene la mayor incidencia a nivel nacional en este rubro y el 36% de la producción total de carne del país proviene de acá”, destacó el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Agricultura en la región, Joaquín Arriagada.

“Esta actividad genera un aporte al PIB regional de entre el 3 y el 4%”, señaló el seremi, y según la información que maneja el departamento ministerial, la industria de la carne de cerdo ha concentrado el 11,2% de las exportaciones (para consumo en el extranjero) totales efectuadas este año, con una ganancia total de 355.742 millones de dólares. Según Arriagada, en O’Higgins hay 14 criaderos de cerdos donde se concentra el 84% de la capacidad productiva que tiene en el país en materia de producción porcina.

Relación entre las ganancias por exportaciones realizadas en 2018 en la región entre el totales y las ganadas producto del comercio vinculado a la carne de cerdo.

Chile actualmente alberga a un total de 2 millones 660 mil cabezas de cerdos para producción, de los cuales, 2 millones 223 mil están concentrados en esta región, Esto indica que el 84% de los cerdos que hay en el país se encuentran en O’Higgins.

Según Arriagada, esta actividad “suma casi 10 mil puestos de trabajo y, si bien existen demandas ciudadanas respecto al impacto ambiental que generan estas instalaciones en algunas localidades, el rubro produce un enorme aporte a la economía regional”.

Sin embargo, las autoridades estrellinas no concuerdan con lo mencionado por el Seremi.   

“La cantidad de empleo que genera Agrosuper en La Estrella es menor porque muchos de los trabajadores que allí operan no viven en el sector”, reconoció el ex concejal David Beas. Según el alcalde, son alrededor de 50 personas de la comuna las que trabajan en Agrosuper, mientras que el Consejero Regional por la provincia Cardenal Caro, Bernardo Cornejo, sostuvo que el plantel de cerdos de La Estrella cuenta con tecnología automatizada, por lo que no necesita de mucha mano de obra.

“En general este tipo de empresa emplea a muchos trabajadores durante su construcción, pero cuando la obra está lista, no requiere de tantos operadores ya que cuentan con muchos procesos automáticos. Max Agro ofrece 70 puestos de trabajo para la zona, pero el costo ambiental para los que no trabajarán allí, para el estrellino común y corriente, es muy alto”, afirmó Cornejo.

El subgerente de comunidad de Agrosuper, Alan Carrasco, sostuvo que el objetivo de Agrosuper en el sector es ir avanzando en temas vinculados al trabajo comunitario con los estrellinos e involucrar a los municipios, apoyar a las personas que viven aquí, a los agricultores. “Queremos ser buenos vecinos. Esto nos va a permitir tener un desarrollo mucho más sustentable”, agregó.

A pesar de las molestias, los estrellinos reconocen los beneficios económicos que traen las empresas a la comunidad. “Mi problema no es con la empresa, no quiero que se vayan porque sé que benefician a muchas personas. Ayudan. Mi tema es que para mí es importante mi calidad de vida. Estar en un lugar agradable, no tener que cerrar mis puertas constantemente, ni tener vergüenza si llega alguna visita a comer un asado y no poder disfrutar por miedo a que llegue el mal olor o las moscas. No es justo que vengan a ofrecer trabajo, pero que después los vecinos no podamos reclamar por los malos olores”, señaló Alfonso Rivera, habitante La Estrella.

Entre la sequía y los cerdos

La Estrella se encuentra en la provincia de Cardenal Caro y abarca un territorio de 435 km2. Su actividad económica se ha caracterizado por el trabajo en la ganadería y la agricultura; y, aparte de las agroindustrias dedicadas a la carne que llegaron hace unas décadas, varias empresas han invertido en enormes plantaciones de viñas y olivos en el último tiempo. De esto se compone la actividad extractiva del sector.

En esta imagen se aprecia la relación entre el tamaño de la industria y el pueblo de la comuna.

La geografía de la comuna se distingue por tener un paisaje seco producto de la escasez de lluvia y por poseer suelos poco fértiles, según relata el ingeniero forestal Cristián Obreque en su tesis de pregrado. “Esta condición geográfica característica del secano, sumada a la acción humana y al cambio climático, ha generado que el pueblo actualmente no cuente con agua potable propia” explicó el ex concejal Beas.

“Tenemos serias carencias de agua y ya se han hecho pozos que no han dado resultado. Actualmente una empresa de olivos nos proporciona el agua para consumo, Si a ellos se les acabaran los pozos, nosotros nos quedaríamos sin este recurso”, aseguró el alcalde Gastón Fernández.

El problema con el recurso hídrico también ha generado rencillas con la industria porcina. Según la veterinaria Fernanda Peña, este es un rubro que necesita grandes cantidades de agua  para el consumo de los animales y para la limpieza de los desechos que los cerdos producen. “Un chancho en un criadero consume alrededor de 18 litros de agua al día, tomando en cuenta el agua que consume el animal y la limpieza de los desechos”. Si esta cantidad se multiplica por los 500 mil cerdos que hoy viven en las inmediaciones de Agrosuper, se encontraría que un criadero de estas características necesita de aproximadamente 9 millones de litros de agua al día para funcionar de forma regular.

A esto, se agrega que parte importante del agua que hay en el sector se encuentra inutilizable. “La mayoría de las napas de la zona están contaminadas por la industria y cada vez que queremos hacer un proyecto de agua potable rural tenemos que pinchar el suelo en varias partes porque no nos sale el agua o porque viene con sustancias tóxicas”, sostuvo el Consejero Regional Bernardo Cornejo.

El Seremi de Medio Ambiente de la Región de O’Higgins, Rodrigo Lagos, quien se limitó a responder por correo electrónico, mencionó que está al tanto de esta situación, y hoy se encuentra trabajando en la elaboración de la “Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales superficiales de la Cuenca del Lago Rapel”, “con la finalidad de conservar y preservar los sistemas acuáticos existentes en la zona y proteger a sus comunidades”, según sostuvo.

Lagos explicó que hoy las autoridades regionales proyectan que el desarrollo de la industria en la región está estrictamente condicionado a “la acreditación y cumplimento de la normativa ambiental y sanitaria”. Y agregó que “en el futuro, las empresas deberán contar con tecnología que les permita abordar los desechos, residuos y externalidades puedan generar para comunidad y en su entorno. Esta será una prioridad”. Sin embargo no indagó en los detalles del proyecto ni en las fechas en las que se pretende que la norma comience a funcionar.

Pese a las declaraciones del seremi, el Consejero Regional por la provincia, sostuvo que históricamente la fiscalización en materia medioambiental en el sector ha sido débil y dijo: “Nosotros creemos que a la comuna de La Estrella la han declarado como una zona de sacrificio. Una zona con poca agua donde han determinado que el suelo no es cultivable, que es poco rentable para otro producto. Agrosuper ya tiene un foco de contaminación en la comuna, con más de 500 mil cerdos y planteles saturados. Cuando las autoridades aprueban la instalación de otro criadero, es como ponerle la guinda a la torta. Es una falta de respeto”.

 

El lago: nuevas oportunidades

Hacia finales de los noventa, casi en paralelo al momento en que Agrosuper inició sus inversiones en La Estrella, muchas personas comenzaron a comprar propiedades en algunas zonas de la provincia de Cardenal Caro, específicamente en terrenos a orillas del  Lago Rapel, según relató Óscar Anwandter, director de La Corporación de Desarrollo y Protección del Lago Rapel (CODEPRA).

Sector del Lago Rapel que pertenece a la Estrella

Esto generó que con el tiempo el lago se volviera cada vez más solicitado como destino turístico exclusivo y que, tras casi dos décadas, fuera declarado en marzo de este año, como Zona de Interés Turístico (ZOIT): una denominación de la Subsecretaría de Turismo que apunta al fomento y conservación de ciertas localidades particularmente atractivas para los visitantes.

 

Desde la Subsecretaría de Turismo afirman que “de acuerdo al artículo 17 de la nueva Ley de Turismo (2010),  los lugares que fueron declarados como Zonas de Interés Turístico tendrán carácter prioritario para la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad”, lo que implicaría que “con la denominación ZOIT se debe apuntar la conservación del medio ambiente en aquellos lugares”, según la Subsecretaría.

Las autoridades regionales también buscan que la actividad turística se potencie en la zona del lago, según sostuvo el Seremi de Medio Ambiente de la Región de O’Higgins, Rodrigo Lagos. “Reconocemos que es una zona de interés turístico por lo que, apoyar y fortalecer esta actividad para que se consolide la oferta y servicios turísticos del sector, es parte de los compromisos del Gobierno Regional”, sostuvo. Sin embargo estas pretensiones no apuntan a coartar el desarrollo agroindustrial del sector, manifestó el secretario.

Por estos días, una de las zonas más concurridas del Lago Rapel es Costa del Sol, una parte de la orilla del embalse que pertenece a La Estrella, cuya presencia ha generado nuevas posibilidades económicas para la comuna.

“El auge del Lago Rapel como destino turístico ha sido muy positivo para nosotros ya que ha generado que muchas familias estrellinas puedan acceder a nuevas y buenas fuentes de trabajo”, afirmó el alcalde.

A este diagnóstico se sumó el ex concejal Beas, quien mencionó que “el turismo es  mucho más limpio que el trabajo con los cerdos y genera una mejor dinámica económica. Los turistas consumen acá y en general circula más dinero en la comuna”.

El Consejero Regional Bernardo Cornejo, aseguró que hoy la actividad en torno al Lago Rapel genera más empleos que las industrias de cerdos, con cerca de 1500 puestos de trabajo, que van desde empleos vinculados a la obra calificada para las construcciones, hasta jardineros, cuidadores, asesoras del hogar, etc.

Sin embargo, el desarrollo turístico de la zona también se ha visto tensionado por los proyectos que actualmente preocupan a La Estrella, en particular con el de la empresa Max Agro. “Si hoy ponemos otra planta de cerdos más y a menos de 6 km del Lago Rapel (lugar donde planea ubicarse el futuro criadero), estamos matando el turismo y el desarrollo económico que ha ganado hasta ahora la zona. ¿Quién va a querer venir a veranear con olor a cerdos?”, reconoció Bernardo Cornejo.

Óscar Anwandter aseguró que como corporación se han preocupado por proteger el medio ambiente en la zona. “Tenemos que trabajar en ver cómo hacemos para que los criaderos existentes minimicen sus efectos contaminantes y, sobretodo, evitar a toda costa que se instalen nuevos actores”, sostuvo.

 

En 2014, cuando el proyecto de Max Agro se aprobó,  las comunidades se movilizaron enérgicamente para mostrarles a las autoridades su descontento con la situación. “Hicimos protestas, nos tomamos carreteras y otros alcaldes también participaron. El consejo del pleno, las organizaciones sociales, todos en contra de que llegaran 100 mil cerdos más a la zona”, agregó el alcalde Fernández, para luego explicar que tras la aprobación del proyecto decidieron llevar el caso a tribunales. “Llegamos hasta las últimas instancias gubernamentales y legales, fuimos hasta la Corte Suprema. Pero lo aprobaron igual. Habían contratado un estudio de abogados especializado y nosotros no teníamos los recursos para hacerles el peso”, dijo el alcalde Fernández.

CODEPRA, encabezada por Óscar Anwandter, también fue partícipe de este proceso. “Cuando se instaló Agrosuper en la cuenca del Lago Rapel, las normativas ambientales en Chile eran muy débiles, las medidas de protección al entorno son muy recientes “, afirmo Anwandter y sostuvo: “Estoy seguro que con la legislación actual el proyecto de Max Agro no habría sido aprobado. Les habrían exigido un análisis profundo de la calidad de terreno, de las napas subterráneas de agua y se habrían dado cuenta que la propuesta es inviable para este lugar”, manifestó.

Durante los últimos años,  el Ministerio de Medio Ambiente se ha preocupado por mejorar las condiciones legales que protegen el entorno y a las comunidades. De ahí que en noviembre anunciaran que se encuentran trabajando en la elaboración de una norma de olores que, según la profesional del departamento de ruido, lumínica y olores del ministerio Daniela Caimanque, “busca proteger la calidad de vida de las personas, mediante una regla que establecerá una cantidad máxima de emisión de olores, la que se espera que comience a funcionar durante el segundo semestre de 2019”.

Una de las zonas más concurridas del lago que se encuentra en la comuna.

Hoy, aunque las obras de Max Agro fueron aprobadas, aún no hay claridad sobre cuando se comenzará a construir. Los habitantes de La Estrella no saben qué sucederá con el proyecto de Max Agro y según Gastón Fernández, la comunidad se va a oponer a toda costa a que se comience a construir la planta.

Nuevas inversiones y tecnología

“Tener de vecino a un criadero de cerdos difícilmente va a ser una condición agradable  porque este es un animal que emite muchos olores”, aseguró la veterinaria Fernanda Peña y afirmó que cada cerdo desecha alrededor de 10 litros de excremento al día, lo cual es una cantidad considerable de molestias, si multiplicamos esta cifra por un número elevado de animales.

Fue justamente por esto, y teniendo en consideración lo sucedido en Freirina, que Agrosuper en 2013 comenzó a investigar e invertir en nuevas tecnologías para mitigar los olores y la presencia de moscas que emana un plantel de porcinos, según explicó el subgerente de medioambiente y sustentabilidad, Martín Landea.

“Para la cuenca del Lago Rapel y el sector de La Estrella, se invirtieron 32 millones de dólares entre 2014 y 2017”, aseguró Landea y agregó: “Y dio resultado. Según nuestros indicadores en 2017 logramos disminuir las molestias en un 94%”.

La tecnología que se utilizó para llegar a este progreso forma parte de un sistema de compostaje donde los desechos del animal son tratados y transformados en abono que se puede utilizar directamente en el suelo y que, en palabras del subgerente de Agrosuper, “no tiene olor”.

Este proceso dura alrededor de 30 días, en que primero se separa la totalidad de los desechos de los cerdos entre materia líquida y sólida. El líquido se lleva a plantas de tratamiento de agua servida, donde es trabajada con químicos que permiten volverla apta para ser reutilizada en la misma industria o para el riego de zonas agrícolas.  El sólido se lleva a una planta de compostaje, donde gracias al uso de los mismos microorganismos que viven en la planta, se desarrollan bacterias que con el tiempo degradan la materia orgánica. Eso genera el olor”, aseguró Landea.

El compost que se produce después sirve de abono.

 

“Este método ha dado grandes resultados respecto a los indicadores que manejamos”, sostuvo Landea y agregó que existe una relación virtuosa entre el costo invertido en tecnología sustentable y la unidad de desechos que se quiere reducir. “Es una fórmula muy efectiva, los olores se redujeron al poco tiempo de haber hecho estas inversiones”, aseguró.

“Nuestro objetivo final es podamos finalmente confinar lo olores y dejarlos dentro de nuestras instalaciones, en nuestro perímetro para no molestar a ningún vecino”, declaró el subgerente de Agrosuper.

Según Óscar Anwandter, las inversiones de Agrosuper  en términos de reducción de olores han dado frutos. “Gracias a todas estas inversiones que ha hecho Agrosuper, los olores se han minimizado, pero no eliminado. Comparado con varios años atrás, hoy tenemos menos malos olores en el lago Rapel”–, dijo.

“Es cierto, algunas veces hay semanas enteras en que no hay olores, pero no es constante. Hay días en que piensas que se acabó y un día llegas, y te pega fuerte el golpe el olor a cerdo”,  reconoció el vecino Alfonso Rivera.

Mientras que otros vecinos que viven más cercanos a la planta, creen que ya se habituaron al olor.

“Con el tiempo nos hemos ido a acostumbrando y ya no percibimos los olores de la misma manera. Por ejemplo, hace unos días una chica que viene de Santiago comenzó a trabajar conmigo acá y me preguntó: ‘Sebastián, ¿siempre es tanto el olor a chancho que hay acá?’  Y pensé, ‘ya no siento nada, me acostumbré’. Ya no los percibía los olores”, aseguró Sebastián Cabezas.

Max Agro, si bien no ha construido aún, también cuenta con un proyecto que aumenta la inversión en tecnología y según el gerente general de la empresa, Pablo Espinosa: “Para Quebrada Honda (el sector de La Estrella donde planean construir) en particular, tenemos prevista una inversión estimada de 36 millones de dólares y usaremos tecnología de punta para que sea un proyecto amigable y sustentable con su entorno”.

Espinosa agregó que el sistema que presenta el proyecto cuenta con la utilización de un proceso de biodigestión, “un tratamiento en que  transforma los purines (desechos de los cerdos) en energía, mediante un proceso, que permite generar gas metano a través de la fermentación de los purines. El gas es usado posteriormente para alimentar una caldera o un generador el que, finalmente, genera electricidad” dijo. Sin embargo, fuentes vinculadas a Agrosuper afirman que la tecnología que propone la empresa es un sistema que hace más de diez años que existe en Chile y que no es una fórmula suficientemente eficaz para eliminar las molestias que generan los criaderos de cerdos.

A pesar de lo propuesto por la empresa, el alcalde Fernández aseguró que la comunidad no lo va a aceptar, “se van tener que buscar otro lugar”, dijo.

Mientras que Óscar Anwandter  también se pronunció muy contrario al proyecto. “Vamos a hacer cualquier cosa para evitar que esto ocurra, no pueden instalarse en una zona turística”, sostuvo el director de CODEPRA.

Pablo Espinosa, sostuvo que, hasta ahora, los estrellinos no han querido dialogar con Max Agro. “La comunidad no ha querido escuchar la propuesta que tiene la empresa, por lo que no hemos podido establecer vínculos con ellos”, mencionó. Aunque no detalló en los ejes que tiene la propuesta de la empresa para la comunidad del sector, ni sus costos, declaró que “Como Max Agro creemos a través del diálogo y la buena voluntad, encontraremos los espacios de acuerdo para llevar adelante este proyecto”.

El paisaje

Image 1 De 5

En septiembre lo que se vuelve amarillo en el verano es levemente verde.

 

La vieja nueva solución del productor lechero, las cooperativas

Al hablar del mercado lechero, pensamos en primer lugar en la leche blanca y sus variedades. En vainilla, frutilla y chocolate o quizás, sin lactosa. Sin embargo, el mercado lechero incluye mucho más que solo la leche en sí misma y ha estado marcado por las pugnas entre productores e intermediarios.

Por Jorge Marchant Díaz

Año tras año, el consumidor, al obtener la leche en el supermercado se ha percatado del aumento de su precio. Si hacia principios de la década del 2000 aún podíamos obtener a bajos precios el lácteo principal e incluso comprarlo en bolsa, hoy hemos visto ascender su precio hacia los 700 pesos e incluso superarlo. Esto, sin embargo, está al mismo nivel de los países de la OCDE, donde el litro de leche se mantiene alrededor de un litro es igual a un dólar. Así como en Europa el litro equivale aproximadamente a un euro.

Si bien, para el consumidor, el precio de la leche no variaría mucho al comprarla en el supermercado, la industria láctea arrastra varios problemas que van desde la vaca hasta que llega a nuestras mesas.

Si tomamos como precio hipotético de la leche los 700 pesos, que es como la obtenemos de la estantería del supermercado un 19% del precio es el IVA. El Estado es un socio importante en cada compraventa del país. Es decir, por cada litro de leche 133 pesos van a parar a las arcas del Estado. Además, el supermercado, obtiene como ganancia un 22%, es decir 154 pesos. Por otro lado, cobra a la empresa intermediaria un 7% por poner el producto en vitrina, unos 49 pesos. Al productor le pagan normalmente entre 200 y 210 pesos por litro de leche.

El precio que se le paga al productor se construye en base a una pauta de precios que los intermediarios establecen a cada industria y a cada planta de forma particular. Finalmente los precios son similares. En esto participan los neozelandeses de Fonterra, que además controlan más del 90% de Soprole, los suizos de Nestlé, Watt’s, mientras por otro carril corre la cooperativa de La Unión, Colun. Entre ellos suman miles de pequeños agricultores que reciben diferentes precios por cada litro de leche producida en su campo. 

Rodrigo Mardones, gerente general de Agrollanquihue dice: “No puedo creer que sea tan commodity que no compitan. Las plantas producen leche en polvo, que es commodity, pero también producen queso y no todo el queso lo es. Una parte importante de la leche, entre un 30 y 40% del total entregado, se convierte en queso. Incluso la mantequilla, la crema o la leche condensada es más cara que la leche en polvo.” Y el precio se calcula en base a la leche en polvo. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que “la leche natural es aquella leche que solamente ha sido pasteurizada, la leche reconstituida son las leches en polvo que se les agrega agua, y la leche en polvo es aquella que se le ha deshidratado y se le ha retirado el agua”.

Esto implica que las grandes empresas no

comparten en gran parte sus utilidades con el productor. “Si tú quieres que produzca más leche, tienes que poner más plata en la mesa. No estoy poniendo la mano y diciendo compartan porque sí. La producción ha empezado a caer, salvo Colun y Manuka”, dice Rodrigo Mardones. Manuka tiene cerca de 40 campos en la zona del Lago Rupanco y la comuna de Puerto Octay. Es una empresa neozelandesa. “Son ultra eficientes, pero manejan sólo 18 mil hectáreas”, añade Mardones.

Hoy en Chile, según datos de ODEPA entre un 90 y 94% es la leche formal. Se calcula además que el 10% de la producción nacional de leche va a parar a queserías informales, pequeños agricultores que hacen queso en su campo por ejemplo.

El gran salto del precio de la leche

De 110 pesos el 2008 a 160 el 2009, para llegar, el 2010, a 200 pesos el litro de leche. Que en esa época se valía a 600 pesos en el supermercado. Este precio fijados por las empresas procesadoras e intermediarias al productor es en base al litro de leche en polvo, mientras que hacen queso o yogur, de un costo mayor. En el ciclo de los súper commodities. Los granos y la leche tampoco estuvieron exentos. 2007 aumento de 1800 dólares la tonelada a 5000 dólares la tonelada. Luego se estancó en los 4000 dólares. La gran subida de precio.

Rodrigo Mardones, que para la época era seremi de Agricultura, dice: “Hacia el 2010 nos propusimos como meta ser potencia lechera. Con tanto tratado de Libre Comercio alcanzamos cerca de 5 mil millones de habitantes en el mundo, y con la calidad de la leche chilena podría ser perfectamente un exportador”. Hasta el año 2014 Chile era un país exportador neto de leche, año en que comienzan a aparecer también los contratos entre los productores y la empresa intermediaria. Por ejemplo contratos de fidelidad, que implicaban bonos por quedarse el año completo en la empresa, algo que hasta ese momento no se había visto. Al correr los años, las empresas comenzaron a bajar los precios de pauta y aumentaron los precios de contrato, es decir aumentaba el pago por año, pero bajaba el precio base. “Estos precios no podía revisarlos el gremio, solo hacer estimaciones, que son públicas. Había un misterio de pesos en el contrato, que además podían incluir pérdida de bonos o cobranzas al productor en caso de no cumplir. Paralelo a esto, aumentan las importaciones. Una cosa muy distinta es llegar a los 200 pesos por litro de leche con un dólar menor a 500 pesos en 2011 o 2012 que seguir percibiendo los mismos 200 pesos con el dólar a 700 pesos, sin embargo nunca se ha querido hablar de colusión porque no existen pruebas”, dice Rodrigo Mardones. En Febrero de este año el Tribunal de la Libre Competencia zanjó que no existe colusión, pero que sí existen actitudes que no favorecen la competencia por parte de las empresas intermediarias. Por ejemplo, existen barreras de entrada. “Si quiero vender queso en un supermercado, las grandes empresas, incluida Colun, podrían bajar sus precios para sacarme del mercado, eso es ilegal, pero extremadamente difícil de probar. Es dumping”.  Es aquí donde se abre la opción de formar más cooperativas, que permitan al productor hacerse parte directamente del mercado. La complejidad radica en que “años trabajando en la individualidad ha generado desconfianza entre los mismos pares”, añade Mardones.

“La lechería es una decisión importante. No cualquiera es lechero”, dice el gerente general de Agrollanquihue. De aprox. 600 mil agricultores de esos se estiman que solo 5 mil son productores de leche.

Si las empresas estimularan más al productor, se le podría dar más concentrado, que la haría producir entre dos y tres litros más por día. Que multiplicado por 400 mil vacas, equivale a 12 millones de litros diarios a nivel nacional. Una Soprole entera nueva. Esa es la capacidad de reacción del rubro en Chile.

Se exportaban 300 millones de litros y se importaban 200 millones. Nunca superó el 10% de la leche transada en Chile. El 2015 empieza una disminución de la compra de leche a los productores y una sostenida alza de la importación. Ascendió a 300 millones de litros en 2015-2016 y se disparó con 800 millones en 2017. Esto considera todos los derivados lácteos. Colun y Manuka seguían siendo las únicas empresas que crecían junto al productor, mientras las otras decrecían (Watt’s, Nestlé, Soprole, entre otras). Prolesur y Soprole son empresas que comparten dueño. Si bien son distintas, Prolesur importa leche y Soprole no. Sin embargo Soprole es el productor, que además de comprar en el mercado local, trabaja leche importada.

Colun, por otro lado, “es la única lechera que puede funcionar en Chile como la Coca Cola, es decir, que si sube el precio, en conjunto con el supermercado, puede llegar a aumentarlo cerca de 11% sin verse afectado”, dice Mardones. Es el único caso en el que el productor vería ganancia respecto al precio del supermercado. Para las otras empresas el trato es solamente entre el intermediario y el supermercado.

Colun crece entre el 3 y 5% anual. En 2012, producía 450 millones de litros anuales, que aumentaron a 650 hoy y pretenden llegar a 1000 millones de litros anuales en 2023. Mientras que en 2017 se comienzan a escuchar los primeros cierres de lecherías importantes. Lecherías de un millón o dos millones de litros anuales. En primer lugar, porque el precio pagado por las empresas no alcanza a mantener el campo y por otro lado, afectados por la importación de leche y sus derivados.

“Cuando los precios del mercado suben, el precio pagado al productor sube por la escalera, pero cuando los precios a nivel de mercado bajan, los precios al productor lo hacen por el ascensor” (Eduardo Schwerter, presidente de FEDELECHE).

 

Imperfecciones en el mercado lechero

Las primeras acusaciones son de 1996, cuando la Fiscalía Regional Económica de la Araucanía consideró que había un oligopsonio en el mercado de la leche, es decir, los compradores del producto (empresas procesadoras e intermediarias) tenían más poder que los productores y se llevaban la mayoría de los beneficios. Pues porque al existir menos empresas procesadoras que productores, estos debían vender incluso a precios más bajos con tal de no perder la mercadería. Un oligopsonio es una situación de competencia imperfecta que surge en un mercado donde existe un número pequeño de demandantes en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado.

El caso después llegó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que, en 2004, emitió una sentencia en la que negó el oligopsonio en la región. Incluso, para evitar la creación de uno, estableció nuevas obligaciones de carácter nacional para las empresas, siendo la principal que debían publicar los precios que les pagaban a los productores nacionales por la leche.

Desde entonces, la única empresa que no ha difundido sus precios de compra es Colun, porque como se trata de una cooperativa integrada por más de 730 socios, quienes a su vez son productores, se consideró que entre ellos no realizaban una transacción, sino que un traspaso.

El diputado por la región de Los Ríos, Iván Flores (DC), plantea que arbitrariamente las empresas lácteas bajaron los precios de compra a los productores, ya que no existe una razón de mercado que justifique este hecho. En su opinión, el motivo que lo respalda es otro: beneficiar la importación de productos lácteos de las mismas empresas procesadoras desde el extranjero.

Salvaguardia

En 2016 se identifica que ante el aumento de importaciones más allá de lo razonable, que incluso el rubro lechero estima que puedan llegar hasta el 40%  de la leche, deciden desde FEDELECHE establecer una solicitud de salvaguardia al Estado de Chile, que es un mecanismo de defensa comercial autoriza para un exceso de importación de productos que podrían conseguirse en el país y que amenazan o generan daño a la producción nacional. “Esto podría haberlo pedido incluso las queseras medianas del país, pero lo hacen los productores porque es a quienes más afecta”. Esta fue solicitada en noviembre del año 2017 y han demorado más de un año en entregar una respuesta. Leche en polvo entera, leche en polvo descremada y queso gouda, son los productos que buscan resguardar por un plazo de dos años. “Normalmente demoran 3 meses en aprobar o rechazar, pero no han dado respuesta alguna. Existen muchos países que protegen su industria alimentaria como los europeos y acá en Chile ni siquiera pedimos que nos volvamos proteccionistas”. No existen mayores incentivos para la producción lechera, que en Chile está abierta al mundo por el libre mercado. El gran beneficio es la excepción de pago de ciertos impuestos en caso de ser cooperativa. Prolesur prácticamente ha cerrado la planta de Osorno porque prefiere importar leche, esto incluso es lo que le podría haber costado la salida al antiguo gerente de Soprole. 

Cooperativas

“El movimiento cooperativista se basa en una unión horizontal de propietarios de cuotas, que constituyen una cooperativa para el desarrollo de un beneficio económico, pero que de todas maneras tiene un componente social mucho mayor que el de las empresas”, explica Cristián Riquelme, socio del estudio jurídico Albagli Zaliasnik, al medio El Definido.

Las cooperativas a nivel mundial son una fuerza importante dentro del Producto interno bruto de países desarrollados. Por ejemplo, en Finlandia, las cooperativas dominan la producción de alimentos. En Noruega y Polonia la industria láctea y en Corea del Sur, la industria pesquera, entre otros casos. En Chile existen 952 cooperativas activas que suman más de un millón y medio de miembros activos, acercándose al 10% de la población nacional.

El trabajo del mérito individual, el negocio comenzó a ponerse apretado y se empezó a cuestionar este modelo de desarrollo y empieza a aparecer con fuerza el modelo asociativo. “Si no me junto con otros gallos, voy a desaparecer”. Añade nuevamente Rodrigo Mardones.

En el mercado lácteo nacional, precisamente lo que se está promoviendo es una “cultura asociativa”, tal como explica Eduardo Schwerter, presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche, FEDELECHE -que representa más del 50% del total de la producción nacional de leche, quienes le venden a todas las empresas procesadoras que venden en Chile, pero no tienen una representación directa en ellas. En la opinión del Presidente de Fedeleche, este mecanismo sería capaz de generar las sinergias necesarias para que más productores participen de manera integrada en la actividad. En otras palabras, que no solo se queden en la etapa de producción de la materia prima, sino que además en el procesamiento y comercialización de la leche. Vemos en ello el camino para generar sustentabilidad y proyección futura a la actividad”, explica.

Pero esta no es la única razón por la que ahora se está impulsando este modelo. Según explica Eduardo Schwerter, los “cooperados de la Colun participan de manera integrada en el negocio, es decir, reciben un precio por litro de leche que producen en sus campos y luego al cierre del año, perciben parte de las utilidades que dejó la empresa. El resto de los productores que no participan de manera integrada, reciben un precio por litro de leche, el que, en muchos casos, a veces no logra siquiera cubrir los costos”.

 “Existen varios factores a considerar. Algunos de ellos son fallas estructurales de competencia, alta concentración de los poderes compradores y un incremento exacerbado de las importaciones, que limitan mejores perspectivas de precios a los productores, sustituyendo producción interna y golpeando gravemente el normal desarrollo de la producción nacional. Todo lo anterior, significó una reducción de los precios pagados al productor, que hace inviable la actividad para muchos de ellos”, señaló Eduardo Schwerter.

Los cooperados tienen acceso a invertir en una firma que no paga impuestos de primera categoría, mientras que los productores individuales no tienen acceso a esos beneficios, pagando los impuestos al vender su leche a empresas. Los miembros de las cooperativas no pagan impuestos por los excedentes que reciben de la empresa.

 

De acuerdo a la legislación, el cooperado tiene acceso a invertir en una firma o entidad que no paga impuestos, pero a la vez aceptarlo en la cooperativa hace extensivo el beneficio tributario de no pagar impuestos que correspondan a los excedentes recibidos. Informe económico de Joaquín Poblete, académico de la Universidad Católica

Para algunos analistas, lo que ocurre tiene que ver con que los neozelandeses quieren afianzar, bajo distintas estructuras, su presencia en Chile. “Esto no es más que una presencia potente de los neozelandeses que quieren, además, armar una cooperativa similar a Colun, con sus privilegios, sobre todo en el área de impuestos, que es importante”, señalan.

“Hoy, la industria de alguna manera está percibiendo menos leche en sus recepciones, por lo tanto, va a tener que salir a pagar más por la materia prima, sobre todo pensando en el próximo invierno. Mientras, como productores, estamos viendo con cuánta leche vamos a contar para la próxima temporada y de qué forma la comercializamos mejor”, señaló Jaime Olivares, presidente de Uprolac. “Cuando la industria plantea que hay que crecer, que tienen capacidad, la respuesta es que el único incentivo siempre va a estar ligado al precio”, añadió Olivares.

Por último, aparece como actor Futurolac, que ha asomado como alternativa al productor para la venta de la leche. El lácteo dejó de ser negociado por el productor directamente, y hoy la negocia directamente Futurolac con el intermediario. Esto ha significado un aumento de hasta 10 pesos por litro de leche al productor.

Todo esto para que en las mañanas pueda tomar un vaso de leche y un pan con queso. Con diferentes procedencias. Del campo, del agricultor chileno, con vacas de pastoreo o alimentadas con granos en otros lados del mundo.

 

Vacas “felices”

La lechería en Chile es más formal que la producción de carne. Hace 30 o 40 años la leche se ordeñaba a mano y se entregaba en tarros, que pasaban todo el día expuestos al sol para ser trasladados en camiones, para posteriormente pasteurizarla y envasarla. Además se ordeñaba a mano, teniendo incluso mayor cantidad de vacas (aprox. 600 mil, versus las 400 mil actuales), pero sin verse reflejado en la producción.

Las empresas han estimulado la producción, lo que ha aumentado la cantidad producida. Hoy la leche no es manipulada ni tocada por un ser humano. La leche se obtiene por medio de una pezonera y va a parar a un estanque de frío a la espera del camión. El camión, que también mantiene las cualidades de la leche, la succiona y va directo a la planta, donde continúa en frío.

Hoy Chile tiene una de los mejores sistemas de extracción de leche del mundo, lo que se suma a que las vacas consumen pasto. Sólo un 10% de la leche mundial proviene de producciones como la chilena, que son de pradera. Hoy los casos más cercanos son Uruguay y Nueva Zelanda.

La producción de pradera es la más económica desde el punto de vista que la industria paga por ella, pero tiene atributos que la leche producida con otros concentrados o grano, no tiene, como antioxidantes provenientes del pasto y que se pasan a la leche por la alimentación del animal. Y hoy la leche de pastoreo no tiene un premio.

Rodrigo Mardones, Gerente General de Agrollanquihue y Seremi de agricultura en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, dice que hoy se puede multiplicar por 3 la producción nacional, que hoy ronda los 2 mil millones de litros, sin cambiar las condiciones de los bovinos.

“Si dedicamos el mismo suelo podemos. E incluso si agregamos más terrenos podemos acercarnos a Argentina que producía en esa época 9 mil millones de litros o incluso a Nueva Zelanda, que bordea los 14 mil millones de litros anuales”, dice Mardones. En Chile el área lechera es de 1.5 millones de hectáreas de Temuco al Sur, similar al área lechera de los neozelandeses.

 

La paradoja del reciclaje en Til TIl

En Chile se generaron 21, 2 millones de toneladas de desechos en 2016. Con la nueva ley de Responsabilidad Extendida al Productor se busca impulsar el reciclaje en Chile. Para esto, los expertos difieren sobre si Chile podrá hacerse cargo de la reutilización de los residuos respecto a la capacidad instalada que actualmente existe. Además, algunos señalan que la localización de las plantas podría generar conflictos con las comunidades aledañas

En el kilómetro 54 de la ruta 5 norte, arriba a la derecha, un cartel azul señala “Rungue, Retorno”, el que indica la salida que llega al pueblo que pertenece a la comuna de Til Til, la más al norte de la Región Metropolitana, que colinda con la V región. Al tomar la salida y recorrer medio kilómetro hacia el este, comienzan aparecer casas pareadas que albergan a las 200 familias de Rungue.

Es medio día de un viernes de diciembre y una voz por alto parlante dice: “Felicitaciones por su excelencia académica” seguida por eufóricos aplausos que se escuchan desde la entrada del pueblo, el que se extiende cuatro cuadras de este a oeste y seis de norte a sur. Es la Escuela básica G345 Rungue que celebra la premiación de final de año de sus 141 alumnos.

 La comuna de Til Til cuenta con más de 20 empresas de pequeño y gran tamaño, entre ellas destacan dos relaves mineros, una procesadora de Cerdos, un relleno sanitario y una cementera. Las localidades más afectadas son Rungue y Montenegro. “El mal olor es permanentemente en el pueblo, se da en la mañana y en las noches.

El olor depende del viento porque estamos rodeados de empresas como el relleno de KDM, Rilsa y Aguas Andinas”, señala Jimena Muñoz (45), vecina que es parte de la organización Acción Ambiental y Salud de Rungue, quien ha vivido siempre en la zona.

Un nuevo vecino

El pasado 29 de diciembre de 2016 el proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales(CIGRI) fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana por votación unánime, la que se instalará a 3 kilómetros de Rungue. El proyecto se enmarca en la necesidad de aumentar la capacidad del país de revalorizar y eliminar los elementos prioritarios que se establecen en la nueva ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) que comenzará a regir el primero de enero de 2021.

CIGRI recibirá cuatro de los siete productos prioritarios establecidos por la ley: pilas, baterías, aceites lubricantes usados y envases. A estos se incluirán otros elementos como equipos de limpieza, lavado de gases, tubos fluorescentes, riles alcalino, entre otros. No recibirá residuos explosivos, radioactivos, biológicos ni biodegradables.

 Las autoridades de la Región Metropolitana señalaron la necesidad de crear una nueva planta de residuos industriales, ya que la infraestructura de Hidronor, ubicada en Pudahuel, está cercana a su capacidad máxima. Tras esto, en Til Til se llevaron a cabo manifestaciones y llegaron a diferentes instancias para que el proyecto no continuara. Actualmente hay un recurso de reclamación en Tribunal de Medio Ambiente.

“Nosotros estamos apelando a la irregularidad de la evaluación medio ambiental del proyecto. Buscamos que se invalide, se rechace su instalación”, señala Katherine Rojo, encarga de Medio Ambiente de la Municipalidad de Til Til. Por este recurso, no pueden construir la planta hasta que se tenga una resolución

Más modernos, más residuos

Según informes del Ministerio de Medio Ambiente, el año 2016 en Chile se generaron cerca de 21,2 millones de toneladas de residuos, de los cuales un 97% fueron catalogados como no peligrosos y un 3% como peligrosos. Del primer grupo, el 76% fue eliminado y el 24% valorizado o reutilizados.

Javier García, consejero de la misión chilena frente a la OCDE en materia de medio ambiente, señala que “es necesario que existan maneras para aumentar la recuperación de materiales y su reciclaje. En términos generales, en Chile solo un 10% son recuperados, el 90% restante va a disposición final”, los que son destinados principalmente a rellenos sanitarios y vertederos.

 Según el Ministerio, hay que evitar la disposición final de los residuos y disminuir la cantidad de rellenos sanitarios en el país, en los que la basura no puede ser reutilizada. Por esto, Chile apuesta por una política de valorizar los residuos.

En junio de 2016 se publicó en el diario oficial la ley N° 20.920, la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la que tiene como objetivo “disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración de la responsabilidad extendida al productor […] con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente”, según lo señalado en la misma ley.

Productos prioritarios

En el país no hay fábricas que hagan baterías, sino que son importadas de países como Colombia, Corea del Sur, México o Bangladesh, “hacerlas acá sería muy caro porque la electricidad es cara, por lo cual te quedaría un producto costoso y no podrías competir con los precios del mercado. Por esto es que importamos 340 mil unidades anuales al país. Algunas pesan 2,5 kilos y otras pueden llegar a los 55 kilos”, señala Mauricio González, Product Manager de la línea de baterías RTC Gildemeister, las que están incluidas en la lista de los productos prioritarios de la ley REP junto a aceites lubricantes, aparatos electrónicos y eléctricos, envases y embalajes, neumáticos y pilas.

Gildemeister tiene la empresa Ecovalor que actualmente se encarga de retirar chatarra de sus principales clientes los que deben pagar por kilo de residuos. Tras esto, les entrega un certificado de disposición final de los productos que señala que son una empresa verde porque fomenta el reciclaje. El objetivo es que en 2021 este sistema de gestión esté operativo para permitir que la empresa cumpla las metas que se establecerán.

Desde la compañía consideran favorable la implementación de la ley y el país cuenta con la capacidad instalada para poder reciclarlas, sin embargo ponen énfasis en que se debe abrir el mercado de exportación.

Actualmente, la única planta recicladora es Recimat ubicada en Antofagasta. “En Chile existe un cierto monopolio de estos residuos, porque no está permitido exportar, la única planta que tiene la infraestructura es la del norte. Si queremos que se le dé un buen uso a este residuo, es necesario que se permita exportar a otros mercados”, menciona González.

Una situación similar tiene la empresa Samsung. Actualmente solo reciclan los residuos que se generan al interior de la industria, no hacen un tratamiento post consumo. “Estos residuos los enviamos a una empresa que se llama DEGRAF que es la encargada de hacer el tratamiento y valorización de los productos electrónicos”, dice Germán Saenz, gerente de asuntos corporativos de la empresa.

Desde la Cámara de Comercio de Santiago se están preparando como rubro para la implementación de la ley. Además, dicen que Chile si cuenta con la capacidad disponible para reciclar estos materiales

Un escenario difícil

Un litro de aceite lubricante usado derramado puede contaminar un millón de litros de agua. Se compone de una mezcla entre aceites derivados del petróleo más aditivos. Por su alto impacto negativo es que se encuentra dentro de los productos prioritarios,pero al ser el único material líquido se hace difícil transportarlo.  La empresa Enex, bajo la marca Shell, señala que al enfrentarse a altas temperaturas, los componentes químicos varían y se transforma en un residuo peligroso que debe ser manejado con cuidado.“Actualmente el material no se reutiliza, sino que se quema en las cementeras, lo que lo hace altamente tóxico porque es un hidrocarburo y libera energía. El uso que se le da es bien básico y lo que busca esta ley es que se dé un mejor uso a este residuo”, dice Justo Verdejo, Subgerente de ventas de lubricantes de la compañía.

 Shell junto a otras siete empresas del rubro, como Petrobras, Chevron e YPF, crearon el grupo CELA, un consorcio de empresas de lubricantes las cuales están buscando las medidas que les permitan responder a las metas que tendrán desde 2021. Sin embargo, en CELA no se encuentra el principal actor del rubro que es Copec.

 Desde la organización afirman que el país cuenta con la capacidad instalada para hacerse cargo del lubricante usado, además, al ser un derivado del petróleo tiene un valor intrínseco y existe un mercado para su reutilización.

Una situación totalmente distinta tiene el mercado de los neumáticos. Por la existencia de un alto número de “cementerios de neumáticos” clandestinos, es que fue incorporado en la ley.

Claudio Pinto, Product Manager de Comercial SP neumáticos, dice que se han reunido como gremio y conformaron la Asociación Gremial de Chile Neumáticos, la que ha buscado instancias para que la ley pueda implementarse sin mayores problemas en el país. A diferencia de los otros productos, señalan que en Chile no está la capacidad para hacerse cargo de las metas que les pondrán como rubro.

Actualmente, se puede reciclar 20 mil toneladas de neumáticos, entre tres plantas a lo largo del país, y 10 mil de exportación. A pesar de que son cifras altas, Chile importa alrededor de cinco millones de toneladas anualmente, número que aumenta un 10% cada año.

El próximo año harán el segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL) que será un piloto de exportación de 350 toneladas de neumático usados. “Necesitamos exportar porque Chile no da a basto. Debemos ver la factibilidad para poder cumplir con lo que se nos exigirá en algunos años. Hoy día la exportación de neumáticos se rige por un sistema complicado y, finalmente, no es un producto peligroso, no pierde sus propiedades desde que es nuevo y usado”, señala Pinto.

Además, como gremio buscan cambiar la ley de carreteras e incluir el asfalto de caucho, el cual después de las cementeras es la segunda opción mundial que demanda más neumáticos fuera de uso. Este asfalto tiene la capacidad de adaptarse mejor a un sismo, disminuye el ruido y permite un mejor agarre por parte del auto. Por último, agregan que el precio de los neumáticos aumentará un 10% de su precio original, el cual irá para el sistema de gestión y no a la empresa.

Más residuos, más plantas recicladoras

Las autoridades ambientales señalaron que el país no contaba con la infraestructura suficiente para hacerse cargo de los residuos industriales, por lo cual dieron luz verde al proyecto CIGRI de la empresa Ciclo Chile quién fue contactada para este reportaje pero no dio declaraciones. En su página oficial mencionan que buscan entregar una solución local y segura a la situación de vulnerabilidad ambiental de la zona central del país, causada por el aumento en la generación de residuos industriales, mediante el tratamiento, revalorización y disposición de los residuos generados. CIGRI recibirá los residuos industriales entre Antofagasta y Concepción.

 La planta será instalada a tres kilómetros de la localidad de Rungue, en el sector de “Los Ciruelos” que es catalogado como terrenos cinco y seis que corresponden a zonas en las que está permitido construir este tipo de industrias según en el Plan Regulador Metropolitano. Será la primera en traer tecnología extranjera y contar con estándares de seguridad superiores a los actualmente exigidos en la normativa, como un sistema permanente de detección y localización de fugas, lo que lo convierte en el pionero en Chile en implementar esta tecnología a la industria sanitaria, con el objetivo de garantizar la protección efectiva del agua subterránea. Otra novedad es que una vez cerrado el centro, se realizará un control y monitoreo ambiental por 50 años, lo que supera en 30 el plazo exigido por la normativa vigente.

 Esta planta contará con 43 hectáreas y una inversión de 85 millones de dólares para procesar tres millones de metros cúbicos de residuos industriales. Se estima que 45 camiones transitarán diariamente al centro durante 29 años.

La comuna recibirá anualmente el 7% de las utilidades del proyecto, que serán alrededor de 50 millones de pesos. Damian Tomic, gerente general de la empresa Ciclo Chile, señala que buscan crear una corporación que sea dirigida por los vecinos para lograr una participación activa y que definan en qué se ocuparán los recursos. No tratarán de manera directa con el municipio.

 En una entrevista menciona que “hoy el único actor entre la tercera y la octava región, es Hidronor el cual tiene una capacidad útil muy limitada, que genera la urgencia de que se desarrolle un nuevo proyecto que continúe la prestación de este servicio. Desde el punto de vista normativo, son dos países distintos los que regularon y rigieron la instalación de esa empresa y los que aprobaron nuestro proyecto”.

Problemas de salud en la población

 Aumento explosivo de casos de cáncer, desprogramación celular, mutaciones y malformaciones fetales son los principales riesgos a la salud que podrían tener los vecinos del sector según el informe toxicológico del Dr. Andrei Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio de Médico. Esto se debe a la exposición permanente de arsénico, plomo, cadmio, mercurio y manganes.

 Según el informe, uno de los principales problemas del proyecto es que el procesamiento y almacenaje de agentes tóxicos y su disposición final son incompatibles con la cercanía de los relaves enterrados por Refimet en los años 90, los que se encontraban debidamente impermeabilizados, sin embargo infiltró las napas y aguas superficiales contaminando el sector. “El relleno de CIGRI no es común. Recibirá residuos industriales peligrosos como pilas y baterías agotadas de la minería, hidrocarburos y un sin fin de otros elementos. ¿Por qué Til Til se tiene que hacer cargo de casi la producción nacional de esos residuos?”, dice Katherine Rojo, encargada de medio ambiente de la municipalidad, quien agrega que estos elementos se van a transformar en un nuevo pasivo ambiental que interactuará con otro que dejó la industria minera con Refimet en la década de los 90, lo que perjudicaría la calidad de vida de los habitantes de Rungue y Montenegro.

Escucha la entrevista de Katherine Rojo

 

Desde el municipio señalan que una de las justificaciones de la implementación del proyecto es que se acabará la vida útil de Hidronor en Pudahuel, pero el año pasado el gobierno entregó ampliación de disponibilidad a la planta.

Respecto a la creación de nuevas plantas o alargar la vida útil de instalaciones antiguas, Estefani Contreras, coordinadora de proyecto la empresa Soluciones de Gestión Ambiental, señala que en ambos casos tendrán que someterse al Sistema de Impacto Ambiental que rige con las leyes actuales, por lo cual no hay una diferencia sustancial en ambos casos. Si la antigua no cumple con ciertos requisitos deberá invertir en eso.

 “¿Dónde está el fuerte de la industria minera? En el Norte Chico, entonces eventualmente Til Til se podría transformar en el relleno sanitario de medio país. Es deber del Estado velar por la equidad y acá están vulnerando el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación”, dice Rojo.

“Tenemos los días contados”

 “Me levanto todos los días a las 7:00 AM, abro la ventana y lo primero que respiro es un olor hediondo, como de excremento de animal”, dice Jimena Muñoz, habitante de Rungue. El año pasado la comuna de Til Til se movilizó por la aprobación del proyecto Cigri.

Los vecinos aseguran que la empresa escuchó sus inquietudes y estuvo abierta al diálogo, a pesar de esto el temor de la gente es que “nada es seguro. Puedes tener un buen proyecto, pero nadie puede predecir la naturaleza y podría ver una falla lo que lo hace riesgoso. Imagínate la piscina se rompe por un terremoto, la contaminación concentrada que habría sería desastroso para nosotros”, dice Sabina vecina del sector.

 Ambas señalan que la desconfianza de los vecinos se da por la contaminación que dejó la empresa Refimet especialmente en el embalse. “Antes podías nadar ahí, pero ya no se puede porque está totalmente contaminado. Los animales beben de esas aguas y no sabes si te lo puedes comer”, dice Herna González habitante de Rungue.

El director de la Escuela Básica G345 Rungue, Denis Guerrero, menciona que en agosto de 2016 recibieron un purificador de agua, lo que ha hecho que disminuya la cantidad de niños ausentes en el colegios. “Antes faltaban entre siete u ocho niños y a las diez de la mañana ya estabas llamando al apoderado para que los retirara porque tenían problemas estomacales. Actualmente son entre uno y dos niños al día”, asegura el director.

Escucha la entrevista de Denis Guerrero

 

 El ministro del Medio ambiente, Marcelo Mena, lo invitó a una reunión junto a otras escuelas y se trataron problemas de contaminación en el país. “Yo pedí la palabra y dije que estaba en el lugar incorrecto. Me invitaban a mí, por parte del ministro del Medio Ambiente, y él nos daba una apuñalada por la espalda porque fue uno de los que firmó para que se instalara Ciclo, conociendo nuestra realidad y lo que los vecinos pensábamos. Lamentablemente tenemos nuestros días contados acá”.

¿Zonas de sacrificio?

 El consejero chileno frente a la OCDE en materia de medio ambiente, Javier García, enfatiza que es necesario que Chile busque maneras de aumentar la capacidad de recuperación de materiales, el problema que actualmente existe es en la localización de las instalaciones.

 “Hay fallas en nuestro sistema de evaluación ambiental. No se hace cargo de impactos acumulativos y solo evalúa cada proyecto en su mérito propio, sin mirar qué pasa en la localidad donde se instala y si hay otros impactos que sumen y que incluso puedan potenciarse”, agrega el experto.

 Además, dice que la normativa no contempla como práctica obligatoria la consulta temprana a los habitantes de la zona. “Creo que la consulta con la comunidad antes del diseño del proyecto ayudaría a resolver las inquietudes, anticipar y subsanar problemas que afecten directamente a la comunidad y mejorar el proyecto en su conjunto”, dice García.

 El urbanista Nicolás Parada, menciona que en Chile está la política de Not In My Back Yard que se debe generalmente a la falta de instrumentos y políticas regulatorias de ordenamiento territorial a un nivel más general y que integren de mejor forma las diferentes actividades productivas que se realizan en los territorios.

“La poca integración que existe posibilita la existencia de distintas zonas de sacrificio, donde se concentran estos tipos de proyectos donde vela el principio del “bien común de la mayoría” por sobre las minorías. Esto fomenta la segregación, ya que es difícil que se instalen en comunas de grandes ingresos, es cosa de ver el escándalo que quedo por la instalación de viviendas sociales en Las Condes”, agrega el urbanista.

Experiencias internacionales

Europa genera dos mil millones de toneladas al año, de las cuales 40 millones pertenecen a residuos peligrosos. La gestión de los desechos comienza con la disminución de su generación, a lo que se suma la responsabilidad del productor, la capacidad de reciclado y la revalorización. La eliminación es la última instancia.

El país que lidera el ranking de reciclaje es Alemania en el cual un 70% de la basura se revaloriza. Han hecho una campaña progresiva en relación a la conciencia por parte de los consumidores de la importancia de reciclar.

Desde un punto de vista urbanístico, Parada señala que respecto a la localización de las plantas, debido a nuestra geografía, Japón es un ejemplo al ser un país sísmico. “A pesar de las semejanzas que tenemos, en esta materia Holanda es el país que mejor trabajo en políticas de planificación tiene”, agrega el urbanista.

“Necesitamos como país hacernos cargo de los residuos, no pueden estar tirados en todas partes, pero ¿por qué todas en un mismo sector? Hay lugares que no están poblados que podrían instalarse. Somos personas que queremos vivir sin contaminación”, agrega Jimena Muñoz.

 

Responsabilidad Extendida al Productor (REP)

La ley se sustenta en el principio de Economía Circular que tiene como
objetivo reducir la entrada de nuevas materias primas y no disponer de los
residuos, si no que sean reutilizados. Otro eje que contempla la normativa
es la idea de “el que contamina paga”, que entrega responsabilidad a quien
genera el residuo o pone el producto en el mercado.


La ley se promulgó en 2016, pero entrará en vigencia en 2021. La responsabilidad extendida del productor aplicará a las categorías y sub categorías de aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases, embalajes, neumáticos y pilas. Todos estos rubros tendrán metas anuales sobre el porcentaje que deben obligatoriamente reciclar.

La cantidad será establecida por decretos supremos y se implementará de forma progresiva.

Los diarios y revistas están dentro de los productos prioritarios, sin embargo,
no cuentan con metas anuales.
Los productores serán los responsables y tendrán que encargarse que un
cierto porcentaje de los productos importados terminen en las plantas de reciclaje. Para esto, la ley establece sistemas de gestión, que pueden ser individuales o colectivos. En el primer caso la empresa es quien se hace cargo de que los
residuos lleguen a la planta mediante sus propias flotas de camiones. Al contrario, el sistema de gestión colectivo consiste en que los productores asumen sus obligaciones de manera conjunta a otras empresas y contratarán a un agente externo que se encargará de transportar los residuos hasta las instalaciones.
Cristian Araneda, miembro de la consultora Chile Residuos, dice que la
ley es un avance importante en la valorización de los residuos porque no se concentra en el final de la cadena, sino que desde que se integran al mercado.
“A pesar de esto, hay otros aspectos importantes que la ley no contempla,
por ejemplo, la disminución de la generación de los residuos. También, la
responsabilidad solo se centra en el productor y no hay incentivos para los
consumidores reciclen”, señala Araneda.

 
¿Dónde quedan las plantas de residuos peligrosos en la Región Metropolitana?
Si pones click en el mapa podrás ver sus ubicaciones

Las manifestaciones violentas de individuos encapuchados y de overol blanco -entre los que se ha identificado y detenido a estudiantes- ha sido una constante en los colegios emblemáticos de SSanttiago durante 2018. Actos que han ido desde arrojar una bomba molotov, hasta rociar con bencina a personal docente.

El camino de un secundario sin matrícula

Acusado de ser uno de los estudiantes del Internado Nacional Barros Arana que agredieron a un carabinero en octubre, un alumno de 16 años de tercero medio narra su realidad en el emblemático establecimiento desde su ingreso. De involucrarse en tomas y movilizaciones, pasando por el debate de Aula Segura, hasta la “normalización de la violencia” y la apelación de su cancelación de matrícula en diciembre.

Por Roger Velázquez.

De pie, con polera verde de detalles militares, Franco Ramírez Moya, estudiante de 16 años de tercero medio del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), adopta una postura similar a la de un boxeador. En su extremidad superior derecha, desde la mitad de la mano hasta un par de centímetros por debajo del codo, porta un yeso que le impide formar un puño.

– Me lo hice peleando –dice con una sutil sonrisa sobre cómo se lastimó, y confiesa escuetamente que la herida se la provocó dentro del colegio. La férula aún está fresca; fue reemplazada una hora antes de llegar, junto a su madre, al que ha sido su liceo desde hace tres años. Han ido a trabajar en su apelación.

El esguince de su meñique y muñeca se suman al historial de rupturas de huesos que ha atravesado, principalmente en sus piernas por su gusto a la pelota. Ello lo ha llevado, una vez más, al kinesiólogo. Las asiduas consultas han despertado en él un interés por dicha carrera. Pero la universidad, piensa Franco Ramírez, luce lejos.

Cinco días atrás, había un paisaje de policías similar al de cualquier otra jornada en el histórico colegio de Santiago. En el Centro de Padres (Cepa) se hablaba de un corta calle reciente, organizado por una porción de los aproximadamente 1.400 alumnos del establecimiento. La situación era una más de las vividas durante los últimos meses.

Siete vehículos de Fuerzas Especiales, entre ellos un “zorrillo”, más un carro lanza agua o “guanaco”, se divisaban en las inmediaciones del INBA aquel 5 de diciembre. Franco Ramírez y su apoderada, Julia Moya, fueron al liceo por la resolución del sumario interno del menor.

Quién no ha ido a tirar un camote sabiendo que tiene a un paco enfrente que le está tirando gases lacrimógenos. Da rabia tener un contingente policial de una cárcel afuera de tu colegio”.

Franco Ramírez Moya, estudiante del INBA con cancelación de matrícula.

Cancelación de matrícula, fue el dictamen de la segunda investigación de la escuela en su contra por violencia. Madre e hijo dudan que se hayan respetado los plazos del procedimiento. 20 días establece el manual de convivencia de la institución. El motivo del proceso se remonta al 2 de octubre, dos meses atrás.

– Básicamente todo empezó porque yo afirmé que estaba en la cancha.

Al menos un par de decenas de estudiantes del INBA, dos carabineros y un individuo vestido con un overol blanco también estaban en el campo aquel día. El desenlace fue el escape del encapuchado, politraumatismo y una herida contusa occipital para el oficial, y el inicio de una persecución en contra los secundarios.

El Liceo de Aplicación, Instituto Nacional, Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo Darío Salas, son otros de los colegios emblemáticos de Santiago en donde ha habido encuentros entre carabineros y estudiantes. En este último, la comunidad estudiantil denunció exceso de fuerza por parte de las autoridades durante una protesta el 6 de octubre. La vigilancia de Fuerzas Especiales es también notoria a simple vista, con los autos asentados fuera de los establecimientos, aunque en menor medida en relación con el INBA. Ello es la consecuencia de los eventos violentos suscitados en centros educativos de la capital, protagonizados principalmente por sujetos encapuchados y vestidos con overoles blancos –entre los que se han identificado a estudiantes–, quienes han lanzado bombas molotov y que han agredido a oficiales y a miembros de la comunidad académica; incluso, rociado con bencina a personal docente.

Rabia es lo que pudo ver Natalia Quileñán, profesora de arte del INBA, tras la toma del colegio en junio de 2016. El evento hoy luce lejano, pero para la profesora –quien fue una de las primeras en entrar al liceo en aquella ocasión– fue el punto de inflexión en la escalada de violencia, que recién este año se agudizó, pese a que solo ha habido tres ocupaciones en 2018. El hall, recuerda, estaba destruido.

– Esa fue la primera muestra que yo vi como de rabia y de ira que varios estudiantes tienen acá, por las injusticias, qué se yo –rememora la docente.

Mobiliario deshecho, ventanas y cristales rotos, pintas en los muros, libros y documentos quemados y esparcidos, la escultura principal estropeada, material y equipo extraviado. La destrucción fue tema nacional.

– Cada vez que uno ve las noticias se preocupa de estarlos llamando, que se cuiden, porque este liceo se llena de lacrimógenos –narra Julia Moya, mamá de Franco Ramírez. Abrazada a su bolso en uno de los espacios del Cepa de la escuela, durante una pausa que ha encontrado en su trabajo de venta de medicamentos para farmacia, su mirada denota preocupación cuando piensa en el clima escolar del recinto de su hijo– ellos estudian con ese olor.

***

Asedio policial

Image 1 De 5

– Yo cuando estudiaba pasaba en la micro y siempre veía este liceo. Vivía en Cerro Navia. Nunca pensé que Franco iba a estar acá.

Julia Moya terminó su vida académica tras concluir cuarto medio. Su esposo estudió Informática en la Universidad Católica, pero hoy trabaja como guardia de seguridad. Su hija mayor está a punto de concluir su carrera en Enfermería. El menor, Franco Ramírez, no ha obtenido la renovación de matrícula para su último año de educación media.

La Escuela Estado de La Florida, en Pudahuel, fue el colegio de Franco Ramírez antes de ingresar al INBA, en primero medio. Su decisión, asevera, fue porque para él habían tres colegios buenos: el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y el que ha sido su casa de estudios durante los últimos tres años. Escogió este porque tenía excelencia académica y por ser el más grande. Su mamá menciona que fue en el que quedó.

Una décima hizo que casi reprobara su primer año en el INBA, reconoce Franco Ramírez, y menciona que en cada curso ha ido mejorando. Del promedio de 5.3 con el cual llegó al emblemático liceo, hoy ostenta 5.5.

Rememora que cuando entró al colegio se podía ingresar y aprovechar más espacios del mismo. Nunca se había involucrado en movilizaciones. La profesora de arte Natalia Quileñán menciona no recordarlo mucho en ese entonces, pues no era tan desordenado; y confiesa que es más simple evocar a los más inquietos.

La primera toma en la que participó fue el año pasado, en la que se  buscaba hacer mixto al liceo. El joven de 16 años asegura haber aprendido muchas cosas de esa experiencia. Sobre todo a cuidar su colegio. Sus motivos para movilizarse hoy, son otros.

– Ver todo el día que los profesores me estaban siguiendo, o los mismos inspectores… o tener al frente todo ese contingente policial –expresa Franco Ramírez, y hace hincapié en que hay docentes que lo siguen incluso al baño, y que lo han acusado de portar bencina o bombas de pintura– ellos me han encarado diciendo que tengo cosas en mi mochila; yo se las he abierto y no tengo nada.


Aunque no está seguro, cree que parte de los problemas que ha tenido, particularmente con el rector, Jaime Uribe, se remontan a cuando, a pocos días de su designación en el cargo, los estudiantes yacían en toma cuando llegó el director a tratar de terminar con la protesta. Franco Ramírez comenzó a discutir con él sin saber de quién se trataba.

– Ha apoyado a sus compañeros del Centro de Estudiantes, pero lo mandé como dos veces nada más, no le di permiso –comparte Julia Moya sobre la participación de su hijo en tomas. No le gusta verlo en esas situaciones, y más por los cambios de actitud que ha visto en él. Puntualmente en contra de los carabineros.

***


Una leve brisa de aire entra por una ventana rota. En una de las salas del cuarto piso de uno de los edificios del INBA, Franco Ramírez yace expectante junto a tres compañeros más, sentados alrededor de una mesa. Uno permanecerá callado durante toda la conversación. Aparecerán al centro un par de latas que lucirán maltratadas. Son –o fueron– bombas lacrimógenas que los alumnos del liceo han recogido, producto de las irrupciones de carabineros. La pregunta es una: ¿Qué lleva a un secundario a movilizarse y cometer acciones violentas?

– Rabia –contestan al unísono.

El llamado lonco de la comunidad mapuche del INBA y estudiante de 17 años de tercero medio, Luis Payecán, asevera que en ocasiones puede ser por el tema mapuche. Pero pronto habla de la deficiente infraestructura y del hecho de que cada vez les impiden el acceso a más sitios de su colegio.

– Muchas veces se nos niegan los espacios. Siempre es la misma excusa, de que no hay plata, eso lo tenemos más que claro. Pero tampoco nos dejan hacernos parte de la comunidad para su restauración –recrimina Luis Payecán. Franco Ramírez refrenda la cuestión, y asegura que desde la llegada del nuevo rector, Jaime Uribe, se ha cerrado un mayor número de espacios.

Aníbal Villaseca, también alumno de tercero medio, de 16 años, originario de la comuna de Curacaví, y uno de los cerca de 100 residentes del internado del INBA, hace un recuento de las falencias que tiene en lo que para él es su hogar, y arremete que aquella ventana rota, por donde sopla el poco viento que hay, “no es nada”. Narra que las escaleras de emergencia no han recibido mantenimiento, hay comida con hongos, y techos rotos que gotean, lo que ha provocado que compañeros introduzcan paraguas a las aulas; además de problemas de desagües e inundaciones.

Rabia por todo esto, es precisamente lo que siente Franco Ramírez cuando sale a movilizarse y cuando participa en tomas y corta calles. Adrenalina también, agrega.

– La rabia que uno siente al tener a un contingente policial de una cárcel afuera de tu liceo –manifiesta Franco Ramírez en desacuerdo por el asedio de carabineros y la fuerza desmedida que perciben. “Estamos como en una dictadura”  y “hemos naturalizado la violencia” son frases que repite junto a sus compañeros, y enfatizan las dificultades que supone asistir a un aula con los gases lacrimógenos. Piensan que eso provoca que muchos compañeros quieran rebelarse.

Los “overoles blancos” y la violencia más extrema, concuerdan los estudiantes de tercero medio, son actos individuales. Según ellos, son personas que buscan alzar la voz por las mismas cosas que los demás, pero de forma más abrupta, ante la ausencia de diálogo por parte de las autoridades.

– El sistema burocrático que hemos tenido como establecimiento ante la Dirección de Educación Municipal (DEM), que es nuestro sostenedor económico, ha hecho oídos sordos ante muchos petitorios que hemos tenido –agrega Luis Payecán, e ironiza– a nosotros se nos da un tipo de educación y al colegio cuico se le da otro.

***

“Como Presidente, no voy a tolerar que un grupo de delincuentes disfrazados de estudiantes se sienta con derecho a quemar sus establecimientos”, declaró en entrevista con “El Mercurio” el Mandatario Sebastián Piñera en octubre de este año. El 20 de septiembre había signado el entonces proyecto de ley Aula Segura, para permitir a los directores de los colegios expulsar inmediatamente a los estudiantes que incurriesen en actos graves. La propuesta desató la polémica nacional y fue calificada por diversos sectores como punitiva, sin ahondar en el origen de la violencia. De la mano, vino el despliegue policial que recrimina Franco Ramírez.

– Lo único que se busca es sancionar, no se busca hacer la prevención, ni de qué manera solucionar el tema –expone la presidenta del Cepa del INBA, Lorena Ávalos, quien se reunió junto a representantes de apoderados de otros colegios con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, previo a la presentación de Aula Segura. Ahí plantearon lo que para ellos es el trasfondo de las movilizaciones estudiantiles y que se debía atender para frenar el aumento de las protestas: infraestructura, docentes ausentes y carencia de orientadores.

Baños indignos, sillas rotas y abusos psicológicos por parte de los profesores, son otros de los motivos que llevan a los alumnos a alzar la voz y, en ocasiones, a comportamientos extremos, apunta Benjamín Vidal, presidente del Centro de Estudiantes del INBA.

– Me parece totalmente válido que los chicos decidan, no sé si usar la palabra “rebelarse” –duda por un segundo el estudiante de 17 años–  pero sí demostrar el descontento mediante la movilización.

No son los únicos. Los cuestionamientos a la respuesta de Gobierno han venido de organizaciones como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) de Chile, cuya presidenta, Amanda Luna, ha reiterado percibir un carácter represivo de la medida.

– Para nosotros es mucho más preocupante que tengamos a fuerzas especiales, quienes tienen herramientas para reprimirnos, como los “zorrillos” y el “guanaco” –atisba la líder estudiantil.

Pero es lo mismo, argumenta Franco Ramírez sobre la realidad con o sin Aula Segura. La única diferencia que encuentra, es que, según lo que ha vivido, ahora carabineros puede entrar más fácil al colegio. Además, explica que los orientadores del liceo no permiten a los estudiantes hablar del tema.

La propuesta de Gobierno Aula Segura despertó la polémica nacional, y tardó tres meses en promulgarse, tras atravesar cambios principalmente en los plazos que contempla para las investigaciones, apelaciones y resoluciones de los sumarios internos en los liceos.

La propuesta de Gobierno Aula Segura despertó la polémica nacional, y tardó tres meses en promulgarse, tras atravesar cambios principalmente en los plazos que contempla para las investigaciones, apelaciones y resoluciones de los sumarios internos en los liceos.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, declaró a La  Tercera que “cuando se dice que el proyecto no soluciona el problema de fondo, no se está considerando el problema de fondo que tiene ese liceo en particular, y ese liceo hoy tiene estudiantes que cometen hechos de violencia”. Pero es la carencia de protocolos de prevención para evitar dicha violencia uno de los puntos que más se han cuestionado de la iniciativa. Desde el Ministerio de Educación, no hubo respuestas para el presente reportaje.

– No ha habido la intención de las autoridades –increpa Magaly Ávila, vocera de Madres y Padres Movilizados en Defensa por la Educación Pública– de poder solucionar el problema de la violencia, porque la violencia no se combate con violencia. Aula Segura, “jaula segura”, Aula Democrática, o como quieran llamarla, es una medida violenta que intenta apagar fuego con bencina.

***

Sillas y palos llueven sobre dos carabineros en una ola de empujones y gritos. Un adolecente se arroja, con una patada en el aire, contra uno de ellos. Lo derriba. El policía cae; ha estado sujetando a un individuo vestido con un overol blanco, quien también va a dar al suelo. El segundo efectivo ha sido excluido del alboroto por el mismo tumulto. Su compañero queda abandonado. La escena se transmuta en una vorágine. El oficial de Fuerzas Especiales es rodeado por un par de docenas de estudiantes del INBA, quienes no dan descanso a los golpes y las patadas. Entre los gritos y la turbulencia, el encapuchado escapa.

Cinco menores de edad, de entre 14 y 16 años, fueron detenidos el 2 de octubre por esta agresión, principalmente al que después sería identificado como el cabo segundo Raúl Quintanilla. El uniformado había entrado a la cancha del INBA en persecución de uno de los denominados “overoles blancos”, en medio de una protesta suscitada en el establecimiento. Ante la premisa de que el sujeto de identidad oculta podría tratarse de un compañero, los alumnos del campo decidieron ayudarlo a liberarse y agredieron al carabinero.

Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, publicó dos videos del acontecimiento el 11 de octubre de 2018. “Esto supera todos los límites y no puede quedar sin sanción. Necesitamos herramientas legales para terminar con la violencia en liceos”, manifestó la autoridad municipal en redes sociales digitales. “Traté de reincorporarme, pero la furia de los que me atacaban me lo impidió”, relató después el cabo Raúl Quintanilla. Los videos se volvieron virales y despertaron una vez más el debate de la violencia en los colegios. Además, firmó una sentencia contra Franco Ramírez.

– Yo estaba en la cancha jugando a la pelota, y ellos entendieron, no sé de qué manera, que yo afirmé que le pegué al carabinero –externa el estudiante de 16 años, a quien los directivos del liceo increpan ser uno de los agresores.

Un pantalón corto de color rojo es la razón por la que se le acusa. En el video se aprecia que uno de los atacantes porta una prenda así. Es el único cuyo atuendo desentona con el color oscuro del uniforme de los demás presentes. De acuerdo con las autoridades del liceo se trata de él, aunque Franco Ramírez lo refuta.

– Iban detrás de un “overol”, un encapuchado, que lo tenían agarrado del cuello –alude Franco Ramírez sobre aquel día, y recuerda haber estado con unos compañeros. De pronto escuchó gritos. Al darse la vuelta, vio al carabinero sujetando del cuello al individuo de blanco– ahí fue cuando todos saltaron –aunque él niega haberlo hecho, por lo que solo se quedó a observar. Con la llegada del resto del contingente de carabineros, hizo lo que todos los demás. Salió corriendo.

***

– Ver a 20 encapuchados con overoles blancos genera que uno se quede frío –confiesa Cristian Pailamilla, representante de profesores del Liceo de Aplicación, colegio que también ha sido escenario de casos de violencia estudiantil, y quien ha sido desalojado de la sala tres veces por estos individuos para lanza bombas molotov. La destrucción de la oficina del director en este colegio, el 25 de junio, desencadenó finalmente la propuesta de Aula Segura, promulgada el 19 de diciembre.

El presidente del Centro de Alumnos de dicha escuela, Cristopher Tapia, piensa que la marginalidad de algunos estudiantes, procedentes de zonas vulnerables, es un aspecto que se suma a los probables motivos de la violencia.

– Desde marginalidad a alguna idea muy remota de reivindicación política; algunos dicen que es solamente violencia gratuita –contesta el director ejecutivo de la fundación y centro de estudios Acción Educar, Daniel Rodríguez, sobre las causas. La variedad de posibilidades  hace que cada situación sea única, por lo que duda de una legislación en el país, cuando se cuentan con manuales internos– No tiene ningún sentido normar la convivencia escolar completamente a nivel nacional, porque las situaciones son diferentes. Este proyecto apuntaba a un aspecto muy extremo.

 

 

– Hace falta atenerse de verdad a los manuales de convivencia –exclama Franco Ramírez en esta  tónica. Pero recrimina que, según lo que ha vivido, siempre se incumplen con los procesos.

Jaime Bellolio, diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI), ha sido uno de los defensores de la iniciativa del Gobierno. Delimitar puntualmente las causas gravísimas de expulsión era un imperativo ante el vacío que había en los manuales, refrenda, y ejemplifica con el uso de molotov, las amenazas de muerte a docentes y llegar a bañar con bencina a otra persona. En cuanto a las pulsiones de estos actos, identifica otras causas.

– Hay algunos que son de ultraizquierda y que pretenden a través de la violencia secuestrar la educación pública –afirma el parlamentario– otros lo hacen por carencias afectivas y materiales. En una lógica más bien anárquica. Y otros lo hacen simplemente por seguir a sus propios compañeros.

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi (PPD), ha sido una de las más críticas de la respuesta de Gobierno para atender a la violencia y su origen, y ha presenciado condiciones que considera pueden suscitarla.


– Es una pena ver un establecimiento que podría ser patrimonio nacional botado, deteriorado y basureado –recuerda la diputada de una visita al INBA– estudiar en un liceo que está abandonado y que no manifiesta preocupación por parte de ninguna autoridad es una situación violenta.

Para la presente investigación se contactó al Ministerio de Educación para conocer los protocolos de prevención de la violencia, pero no hubo respuestas. Por parte de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago, la directora Yoris Rojas se negó a hablar.

***


Franco Ramírez no es el único con cancelación de matrícula por la agresión al carabinero. La presidenta del Cepa del INBA, Lorena Ávalos, prepara actualmente cinco apelaciones a los sumarios internos –entre ellos él–, además de otras cinco ya efectuadas.

Mauricio Castro es supervisor en una agencia de transportes. De joven estudió un semestre de Periodismo, pero desertó. De más joven fue representante estudiantil en el centro de alumnos de su colegio. Tiene tres hijos. El menor, de 16 años, es acusado al igual que Franco Ramírez de haber agredido al carabinero aquel 2 de octubre. Se le ha cancelado la matrícula.

– Yo lo insto a que él continúe su lucha social, política, por la justicia y los derechos de las personas –expresa Mauricio Castro con voz alta y efervescente– las formas son las que tengo que educar en él.

El padre apoya los corta calles, aunque afirma que los jóvenes no han entendido que estos deben detenerse con la llegada de las autoridades, pues –subraya– ahí se consigue “el objetivo”. La resolución fue dada más de 20 días después del inicio de la investigación, lo que incumple con el plazo establecido en el Manual de Convivencia del establecimiento. Además, acusa que el director, Jaime Uribe, le insinuó que diese de baja a su hijo antes de la decisión final. Para este reportaje se buscó hablar con el rector del INBA, pero dirección se negó.

–Por un video me quieren obligar a que se diga que es él, y no es así. Mi hijo a lo mejor puede hacer eso y cosas peores, pero en ese momento no era él –asevera el padre sobre el evento. Aunque no tiene pruebas, afirma que los “overoles blancos” son infiltrados para provocar estas situaciones y así generar las bases para su represión

Con tono exaltado, Mauricio Castro responde si, en caso de ganar la apelación, estaría de acuerdo con que su hijo continuase en el colegio.

– Por supuesto –asevera con firmeza.

El rector es el que le dio el pase a carabineros para que pasen acá. Eso es en lo que los chicos no están de acuerdo. Este año el liceo se lo ha pasado con carabineros”.

Julia Moya, apoderada de Francisco Ramírez Moya.

A raíz de la ola de violencia, según el municipio, los liceos emblemáticos de Santiago sufrieron una fuga de casi 400 estudiantes en el primer semestre de 2018. Franco Ramírez ha hablado con su mamá de un nuevo colegio, el Liceo José Victorino Lastarria. Por ello aún piensa en sus calificaciones.

– Los profes no toman en cuenta la cancelación de matrícula, ellos quieren que salga con buen promedio –dice el estudiante de tercero medio, quien repitió dos pruebas de inglés el 11 de diciembre, luego de que la docente las perdiera, junto a las de otros compañeros. En ambas obtuvo 6.

Julia Moya encuentra gracioso que pese al sumario en contra de su hijo, el rector y el encargado de convivencia le dieron –a solicitud del menor– un informe de personalidad positivo, que le ayude en su búsqueda de un nuevo establecimiento educativo.

Con todo y la rabia que pregona sentir, “generalmente” Franco Ramírez “acata las normas que determina el liceo”. Así lo señala el Informe de Transversalidad del estudiante, signado por el rector del INBA, Jaime Uribe, y que puede ser la carta de ingreso a otro liceo para el estudiante.

A pesar del notable comportamiento que avala el documento oficial, Franco Ramírez es un secundario sin matrícula.

Cables en desuso: vacío regulatorio impide terminar con basura aérea

En Santiago hay más de 6 mil kilómetros aproximadamente de material que no se utiliza en el tendido de los postes, a la fecha no hay versiones oficiales de un nuevo cómputo. El problema se concentra en las principales comunas de la Región Metropolitana, constituyendo una contaminación visual y un peligro para la seguridad pública.

“Esta población  tiene más de cincuenta años, pero nosotros llegamos en 1968. Obviamente acá era el único lugar ´humano` por así decirlo, porque el resto era puro campo. El problema con el avance de la  civilización  es que pasamos de no tener cables a tener excesivos… Se nota mucho”, lamenta Josefina Reyes, vecina de Las Condes. Por esto, uno de los sectores que ha vivido este cambio es la Población Colón Oriente-ubicada en Padre Hurtado sur a la altura de Cristóbal Colón 9000, frente al Mall Plaza Los Dominicos-   la que está formada por viviendas sociales que otorgó en 1964 el gobierno de Eduardo Frei Montalva, las llamadas “casas Corvi”.

Josefina cuenta que la cara del sector ha ido cambiado demasiado con el paso del tiempo agrega que  “si observas bien te puedes fijar que hay una maraña de cables” y señala con el dedo índice el poste de tendido eléctrico que tiene frente a su casa.

El problema radica en tiene serios problemas con las señales de telecomunicación, ya sea para hablar por teléfono, usar aplicaciones –como WhatsApp- y ver televisión y aclara que “tiene que ser sí o sí televisión paga porque la básica no se puede ver acá por el mismo hecho del enjambre de cables”, comenta Reyes. Además de esto cuenta que “para el terremoto de 2010 tuvimos que refugiarnos en el patio interior o de emergencia por ejemplo, no podemos salir corriendo, porque es más seguro estar ahí que salir a la calle y nos caiga un cable”.

Actualmente el artículo 18 de La Ley General de Telecomunicaciones no hace mención a las empresas que prestan dicho servicios sobre su responsabilidad con los materiales que no se utilizan. Y esto genera problemas a todos los ciudadanos, ya que, así como Josefina Reyes millones de santiaguinos que deben lidiar diariamente con el exceso de cables en desuso. Uno de ellos es  Ihno Monardes, vecino de La Reina quien cuenta que pese a llevar menos de dos años en su casa (remodelada) tienen problemas por los cables: 

Agrega que los reclamos no sirven:

Es este contexto es  que en 2012 se comenzó a realizar el Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables en Desuso, iniciativa que contempla un mapa diseñado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones donde se muestra las zonas más críticas (marcadas en rojo) y las más despejadas.

 Las autoridades han decidido tomar medidas en el asunto, es por eso que en agosto de este año la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, anunció que se reuniría con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, para solicitar urgencia al proyecto de ley que busca regular esta materia. El objeto de esto es “obligar a las empresas a retirar los cables, ojalá con plazo máximo de un mes, ya que hoy el proyecto dice tres meses”, expresó en el momento la autoridad regional.

¿Qué dice la ley?

 Existe un marco regulatorio para la televisión por cable que expresa que este es un servicio limitado de telecomunicaciones para satisfacer necesidades específicas y que determinadas empresas, entidades o personas pueden dar este servicio. Estos utilizan los  “mismos tipos de emisiones de servicios de libre recepción o radiodifusión, sin que signifique otorgar acceso a tráfico desde o hacia los usuarios de las redes públicas de telecomunicaciones. Comparte esta categoría con, entre otros, los siguientes servicios: televisión satelital; música ambiental; radiocomunicaciones; y televisión multicanal”.

Conjunto con esto, la Ley de protección de los derechos de los consumidores, Ley n° 19.496, la que  explica que la televisión pagada es un servicio regulado por las leyes especiales de Ley General de Telecomunicaciones.

 El artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones (18.168), que rige actualmente dice que:

 Quienes sean titulares de servicios de telecomunicación tienen derecho a tender o cruzar líneas de servicios en plazas, parques, caminos y todo tipo de bien nacional para los fines específicos del servicio respectivo.

 “Las servidumbres que recaigan en propiedades privadas deberán ser convenidas por las partes y se regirán por las normas generales del derecho común”.

 Con respecto a la ley de reciclaje según el artículo 10 del título II de la ley 20.920 de Reciclaje, esta dice que hay una responsabilidad extendida al productor y aplicará a categorías o subcategorías definidas en los decretos supremos que establezcan obligaciones para estos productos: aceites lubricantes; aparatos eléctricos y electrónicos; baterías; envases y embalajes; neumáticos y pilas.

El rol de los municipios

Según la Subsecretaria de Telecomunicaciones, ellos están trabajando con 26 municipios, entre los cuales está presente Santiago Centro, el más antiguo de Chile y por el cual ha transitado la historia y el progreso del país.

 El alcalde, Felipe Alessandri, se refirió a los trabajos que ellos están llevando a cabo para resolver parte de la problemática actual de su comuna. “La Municipalidad de Santiago tiene una mesa técnica junto a la Intendencia Metropolitana. Estamos junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones viendo la forma de eliminar esta chatarra aérea que tanto perjudica la parte estética de las ciudades”, sentenció.  

 En esta línea, Alessandri cuenta que ya comenzaron a realizar trabajos en el Barrio Yungay con una asociación porque esta situación involucra a varios actores. Con la Subsecretaría de Telecomunicaciones contactaron a empresas proveedoras de servicios, como Enel, Movistar, y dieron inicio a un plan para bajar cables. “Esto lo queremos replicar, ¿qué hago? Manifiesto mi interés a la Subsecretaría para que ellos articulen la bajada de cables y ahora hay una mesa con la Intendencia Metropolitana y estamos abordando otros barrios como podría ser Franklin. Hay mucha chatarra aérea y las empresas de servicio tienen que hacerse cargo de sus cables porque finalmente los instalan. Hoy día hay mucha fibra óptica y esos cables quedan instalados” enfatiza el alcalde.

 “Aquí cerca del 70 por ciento del cablerío está en desuso, sin embargo, las compañías no se hacen cargo de retirarlo”, dice enfático Alessandri. En este sentido, destaca la importancia de dicha mesa técnica, “ya que su deber es instar a cada compañía proveedoras de este servicio a que se hagan cargo de los cables una vez que ya no están en uso y comenzar a retirarlos”.

Otra comuna que busca una solución a esta problemática es Vitacura. Su alcalde, Raúl Torrealba,  dijo en  2017 que comenzaron  un plan de soterramiento de los cables. Al respecto,  el subdirector de mantención de Bienes Nacionales y de uso público de Vitacura, Cristián Cáceres, comentó que ellos tienen una legislación y una ordenanza de la Subtel y se rigen por eso. “La Subtel es clara en que se tienen que conformar equipos de trabajo con el peso de telecomunicaciones.  “Nosotros hemos tenido reuniones con ellos y más que esos compromisos o alianzas público-privado, la ley les permite cruzar bienes nacionales de uso público para dar el servicio, pero siempre cuando no se afecte el uso principal. No podemos prohibir que crucen las líneas, pero podemos entrar a fiscalizar si están en mal estado”. Agrega su normativa municipal establece que los cables deben tener  una  altura  5,50 metros para evitar accidentes. Para esto, agrega, que ellos contactan a través de la Subtel a las personas que son de mantención, ellos (Vitacura) detectan las zonas y programan por sector los problemas y a la Subtel le preguntan cómo cortar las líneas y retirarlas.

 En conjunto con esto, Vitacura comenzó a soterrar algunos sectores como Padre Hurtado -entre Vitacura y Kennedy-, Manquehue, Vitacura, entre Alonso de Córdova y Vespucio, y pasaron hace poco a Gerónimo de Alderete. Añade que está pronto en Vitacura entre Gerónimo de Alderete y Manquehue. “El municipio declara una zona de soterramiento, con ello, que no se puede poner ningún cable aéreo más pero eso significa que lo que está hay que soterrarlo y como están las cosas tenemos que sacar a Enel y eso tiene un costo. Estamos hablando de unos 6.400 mil millones de pesos. Son cifras bastantes altas que tiene que asumir el municipio para mejorar el ambiente. Ya hemos soterrado cinco kilómetros”, añade Cáceres.

 Por otra parte, al ser consultada sobre el asunto la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respondió que “nosotros estamos estudiando una… no te lo quiero contestar porque en este momento no lo tengo claro y yo no hablo de algo que yo no sepa”.

 

El pasado lunes 17 el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, fue interpelado por un ciudadano a través de Twitter preguntando “¿Cuándo van a soterrar esos cables ordinarios en Av. IV Centenario? A lo que el edil respondió que realizar ese proyecto implica mucho costo y que seguirá así.

No obstante, desde el Departamento de Construcción y Aguas de la comuna manifiestan que desde 2009 Las Condes hace alianzas con las empresas de telecomunicaciones para efectuar retiro de cables en desuso. Destacan que es un acuerdo de palabra y que la única herramienta que tiene el municipio con estas organizaciones es citarlas al Juzgado de Policía Local, pero esto es casi nulo dado la relación y gestión con las empresas.

Empresas se defienden

 Al llamar a DIRECTV y preguntar sobre el proceso de instalación y posible retiro de sus productos ellos responden que a las 72 horas de pagado el servicio coordinan la instalación con el cliente.  Si este decide terminar el contrato se retiran los equipos, asegura la empresa.

 En tanto, Movistar señala que si el  desea suspender el servicio, envía técnicos para retirarlos.

 En el sector de María Teresa  y Monroe (comuna de Las Condes) está lleno de pasajes y uno que otro edificio, varios de los cuales han reportado problemas de conexión a la empresa VTR. La respuesta de los técnicos y ejecutivos es que la zona, efectivamente, tiene problemas porque aún existen cables de Metrópolis  Intercom y CTC que no han sido retirados. En este contexto,  la empresa dice que “no pueden hacer mucho”.

 No obstante, el gerente de Comunicaciones Corporativas de la empresa, Pablo Cereceda, manifiesta que ellos siempre cumplen con las reglas de mantención  de su cableado y que han trabajado con La Florida, Maipú, Quinta Normal y La Reina, entre otras, para ayudar a “limpiar” algunas zonas de esas comunas. Pero afirma que “todos los cables de VTR -que son de fibra óptica- están en funcionamiento y que no los quitan porque si un cliente de ellos se cambia de compañía podría eventualmente volver con ellos en unos meses más” y si se quita el cable entonces los usuarios tienen menos capacidad de elección y podrían caer eventualmente en un “monopolio”. Agrega que es imposible soterrar los cables de telecomunicaciones porque sería un valor tan alto que solo algunos podrían pagarlo”.

Desde comunicaciones de Movistar señalan que están trabajando hace once años en conjunto con distintas autoridades y la industria por el retiro sistemático de cables en desuso. Afirman, además, que en los últimos tres años han retirado 12 toneladas  y más de 280 mil kilómetros de cableado solo en la RM, en comunas como Santiago, Cerro Navia y Providencia, entre otras. Volviendo a Barrio Yungay señalan que han despejado más de 11 cuadras.

Escasa participación de ONG

Existen ONG que trabajan en el tema como Recycla, Yo reciclo y De baja. Para efectos de este reportaje solo Recycla dijo que ellos pueden recibir cables, aunque no es algo que ellos trabajen en forma específica. Cuando se trata del cableado aéreo ellos no los van a retirar a los postes, sino que eso es deber de las empresas que utilizan las estructuras para dar servicios de electricidad y telecomunicación.

 “En caso que esa empresa decida hacer un reciclo con nosotros ahí lo pasamos a buscar a su bodega o donde lo tengan almacenado, pero generalmente estas empresas lo que hacen con los cables es retirarlos y después venderlos a las fundiciones por el valor que tienen”, comentaron desde la organización.

Modificación a la vista

 Desde el primer gobierno de Sebastián Piñera se está trabajando en el congreso en un proyecto de ley que modificará el inciso primero del artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones el que indica que:

Todos los cables, anclajes y cajas de control, entre otros elementos que pertenezcan a las redes que están instaladas en la vía pública por los concesionarios relativos. Agrega (la modificación) que ellos son los responsables y deberán retirar el material que no esté en funcionamiento, en caso de no hacerlo en un plazo de tres meses, las municipalidades deberán hacerlo y su cobro se regirá a través del cobro de rentas municipales de la ley 3063.

Es decir, buscan facultar a las municipalidades para retirar los cables en desuso y además buscan soterrar los que están vigentes. Uno de los impulsores de esta modificación es el senador PS Juan Pablo Letelier, quien manifestó que “esta modificación lleva años en el Congreso, no se ha podido promulgar aún porque el Ejecutivo siempre pide cambiar alguna indicación, pero debería estar promulgada en el Diario Oficial el primer trimestre de 2019”, expresa el parlamentario, quien además, forma parte de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

 Por otra parte, cuenta que en esta modificación va la responsabilidad que deberán asumir las empresas de telecomunicaciones y en caso de no hacerlo las municipalidades deberán resolver. El otro punto es el soterramiento de cables que es una medida para que las ciudades se vean estéticamente bien.

El viernes 14 de este mes la Corte Suprema le ordenó al municipio de Puerto Varas retirar cables en desuso,  Cooperativa informa que se trata de un fallo inédito. Esto sucedió porque la Suprema acogió un recurso de protección y ordenó al edil de la región a convocar una mesa de trabajo para que se lleve a cabo el despeje y una mantención constante de los cables tanto de electricidad como de telecomunicaciones.

La Subsecretaria de Telecomunicaciones se manifiesta: “Estamos priorizando aquellos lugares que representan peligro para la seguridad”

Pamela Gidi encabeza el Plan de Despeje y Retiro del Cableado Aéreo en Desuso en Chile y relata el proceso que este conlleva. “Estamos trabajando en más de dos mil cuadras en Santiago”, comenta.

Con respecto al protocolo del Plan de Despeje y Retiro de Cables en Desuso, ¿Cómo lo van a llevar a cabo?

“Desde Subtel estamos liderando en cada región de Chile un plan de despeje con la industria para que aquellos cables que ya están instalados en el aire, pero que no tienen conectividad, puedan ser retirados porque hoy día representan basura aérea que obstaculiza que vivamos en un ambiente bonito. Además, es peligroso porque cuando hay viento, lluvia, terremotos, se pueden caer y caen de hecho, pudiendo provocar accidentes a la comunidad. Nuestra prioridad son aquellos lugares que representan peligro para la seguridad de las personas por esta cantidad de cables en desuso y que yo llamo ´basura aérea`,  además de aquellas comunas que son turísticas, de modo que la ciudad presente una mejor cara”.

En la Región Metropolitana, ¿cuáles son las comunas más críticas?

“Estamos trabajando con la intendenta Rubilar y con alcaldes de la  capital y hemos recibido la información de la prioridad de 26 municipios. Vamos a estar trabajando los lugares más críticos  de estas comunas, ya que  se requiere  una gran cantidad de limpieza de cableado aéreo. Son más de dos mil puntos o cuadras donde las empresas ven que hay prioridad para despejar esas zonas. Estamos trabajando con todas las empresas que tienen cableado aéreo, para que sea visible para la ciudadanía”.

¿Por qué a este protocolo sumaron al Ministerio de Energía?

“Porque cuando se hace despeje hay muchos cables de energía, que también son ´basura aérea`, entonces cuando se limpia una cuadra la abordamos holísticamente, y eso significa que se trata de limpiar todos los cables, independiente del origen. No sacamos nada con limpiar, por ejemplo, que una empresa de telecomunicaciones vaya y despeje esa cuadra, si hay cien cables en desuso y retira solamente dos. Entonces vamos como en cuadrilla, en conjunto. Cada empresa de telecomunicaciones y de energía aporta su personal humano de modo de abordar y limpiar sus cables propios y así se puede hacer un impacto visual notorio”.

¿Maneja una cifra aproximada de cuántos cables en desuso de telecomunicaciones hay en la RM?

“Eso es imposible de saber porque recién cuando que los técnicos se suben arriba de la torre pueden empezar a ver cuáles están en desuso y cuáles no. Lo que sí puedo decir es que entre más antigua es el área de vivienda, mucho más cables aéreos hay acumulados. El casco histórico,  los lugares más tradicionales son los que más sufren de eso”.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles también dan su parecer, junto a la empresa distribuidora de Electricidad, Enel.

 Superintendente de Electricidad y Combustibles:

“Estamos hablando de instalaciones que conllevan riesgos”

Luis Ávila, máximo responsable de la SEC, se refiere al proceso de despeje en el que la institución colabora con la Subtel y reconoce que se trata de un problema sensible. “Desde el punto de vista de las facultades de la Superintendencia, tenemos amplias facultades para fiscalizar, supervisar e instruir el retiro a las compañías eléctricas de los cables eléctricos que podríamos determinar que están en desuso y para ella no necesitamos firmar ningún protocolo.

 Lo que sí ocurre y sabemos es que el modelo de negocio de las compañías de telecomunicaciones van montando distintas tecnologías sin retirar, cuando avanzan en tecnologías. Sin embargo, desde las facultades de la SEC no tenemos supervisión sobre las empresas de telecomunicaciones que son fiscalizados por otro órgano del Estado. En ese trabajo sabemos que hay esfuerzos que buscan que se acelere el retiro de cables de telecomunicaciones para lo cual se necesita la coordinación con las empresas eléctricas porque estamos hablando de instalaciones eléctricas que conllevan riesgos.  Entonces, va a haber personal de telecomunicaciones trabajando cerca de instalaciones eléctricas y esos riesgos se requieren reducir. Por eso se pide la colaboración de la superintendencia y de las compañías eléctricas para un trabajo que tienen que hacer las empresas de telecomunicaciones”.

¿Tiene alguna cifra aproximada  de cableado aéreo en desuso en la Región Metropolitana?

 “No tenemos cifras de cable eléctrico en desuso. Pero, cada vez que tenemos una denuncia o una presentación de que existiera cable eléctrico que no está funcionamiento generamos una instrucción inmediata a la compañía eléctrica para el retiro. Es más, a través del celular las personas pueden entrar a   www.sec.cl y en el enlace deben seleccionar “Electricidad, denuncias de riesgos en la vía”, donde -entre otras cosas- recibimos este tipo de denuncias, pero retiro de cables en desuso no nos ha llegado todavía.

El subgerente de operaciones en media y baja tensión en Enel Distribución, Héctor fuentes comenta que el despeje se realiza en conjunto con las empresas de telecomunicaciones, “es más bien en el ámbito responsabilidad de ellas que de las empresas distribuidoras. Pero sí, nosotros coordinamos con ellos para que realicen adecuadamente su trabajo. Cables eléctricos en desuso no existen, lo que existen son cables de telecomunicaciones que pueden estar en desuso”.

;

 

Terapia cautelar: centros para Hombres que Ejercen Violencia de Pareja

Después de 7 años de la puesta en marcha de la iniciativa piloto del Hevpa, este se presenta como una opción a las medidas cautelares en causas de violencia intrafamiliar a mujeres en Chile. El 2017 llegaron a ser 67% de las primeras atenciones por indicación de un tribunal. El carácter voluntario hace que este programa tenga una alta tasa de abandono, además de contar con problemas de cobertura, atención y no cuentan con estudios nacionales que den cuenta de su eficacia durante los años que ha estado operativo.

 

Los Centros para Hombres que Ejercen Violencia de Pareja (Hevpa) desde el 2011 forman parte de la red de protección del programa de atención y reparación en violencia del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), mediante entes ejecutores como municipalidades, gobernaciones y fundaciones.

Según cifras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, entre 2014 – 2017, se atendió a 123.241 mujeres en los 103 Centros de la Mujer del País, las 43 Casas de Acogida, los tres Centros de Violencia Sexual y la Casa de Trata de Personas; mientras que en los Centros de Hombres asistieron, en el mismo periodo, a 4.913 hombres. Hoy son 15 los Centros de Hombres que se ocupan exclusivamente de la ejecución del Hevpa.

La atención de los centros masculinos está destinada a hombres mayores de 18 años que ejercen violencia física o psicológica contra su ex o actual pareja. Los participantes pueden llegar de forma espontánea, derivados por otro programa social o por indicación de tribunales de familia o por el centro de medidas cautelares de Santiago.

El objetivo del programa es contribuir a la disminución y prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito local, a través de una intervención psicosocial especializada para quienes ejercen violencia contra la mujer en el contexto de las relaciones de pareja.

El modelo según el Sernameg es intervenir el problema desde su origen por medio de una reeducación grupal, donde la intervención está enfocada en que los hombres asuman su responsabilidad en las conductas violentas que ejercen, renuncien a ella y comiencen un proceso de cambio de los roles y actitudes en sus relaciones íntimas y familiares.

Los hombres son atendidos por duplas, idealmente psicóloga y trabajador social, para poder recrear situaciones violentas.  Enfrentan un tipo de intervención de carácter psicoeducativo, por lo que tiene tanto elementos socioeducativos como psicoterapia. 

En el informe sectorial del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género del 2017, se indica que los Centros de Hombres atendieron a 1.493 y durante el primer trimestre del 2018 ya se habían atendido a 783 varones. Sin embargo, en la página del mismo organismo señalan que el número de atenciones anuales son alrededor 1050, cifra confirmada por el Coordinador Nacional de Programa, Rubén Arenas. “Las coberturas se acuerdan en cada región y dependiendo de la capacidad del equipo del centro”, agrega Arenas.

La región Metropolitana cuenta con 150 cupos al año en el Centro de Hombres de Estación Central. Este es el centro emblemático del programa, ya que fue el primer espacio de atención que se abrió con el piloto del Hevpa en el 2011 y es la sede que cuenta con mayor número de cupos a nivel nacional, respondiendo a la alta demanda de atención que existe a nivel regional, lo que va en concordancia al número de denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) que existe en el país. 

Santiago es la zona que cuenta con el mayor número VIF a mujeres, según datos de la Subsecretaria de Prevención del Delito, a nivel nacional la cifra de denuncias de violencia contra la mujer (VCM) durante el año pasado llegó a 90.087 y este año hasta el tercer trimestre se cuentan 62.975. 

 

 

El año pasado la derivación al programa desde el sistema judicial fue de un 66,72% y el requerimiento espontáneo alcanzó un 28,72%. Esto varía dependiendo de la región. En Antofagasta el 81% llegan por Tribunales de Familia, cifra que se repite en el Centro de Hombres de San Antonio, encargado de la región de Valparaíso, donde el 81,30% de los ingresos son por vía judicial, el 14,1% es por demanda espontánea y un 4,67% son derivados desde otras instituciones. En la ciudad de Rancagua el 60% es derivado del tribunal y un 40 es ingreso voluntario.

“Cada vez que veiamos en las noticias que ocurria un nuevo femicidio, rogabamos porque no fuera nadie del Centro de la Mujer o del Hombre del que formabamos parte, con esa presión y ese temor es con el que trabajabamos todo el tiempo”.                                               Veronica Concha Gonzalez 

Ex coordinador de Hevpa de Estación Central

 

La Coordinadora del Centro de Hombres de Antofagasta, Cherryl Molina, señala que “La cantidad de cupos y las cifras no varían mucho durante los años”.  

Por primera vez en el Centro de la región del Maule, a cargo de la Gobernación de Talca, no se completaron con todos los cupos destinados para este año. Según su coordinadora, María Cristina Chamorro, ellos cuentan con disponibilidad para recibir 100 hombres, no obstante, este año llegaron 80. María Cristina Chamorro explica “en el Centro tenemos dos nudos críticos ya que este año no pudimos contar con los recursos para que una de las duplas trabajara en otras ciudades de la región, como lo habíamos hecho años anteriores en Curicó y Linares”. En Talca se quedaron sin atención, además de la rotación de personal que tuvimos este año. “Este año hicimos una campaña de difusión de nuestro Centro a nivel regional y en a otros programas sociales, por lo que los hombres que llegaron en gran proporción se dieron por iniciativa propia o derivados de otros programas sociales” agrega Chamorro.  

LA ATENCIÓN Y LOS CUPOS

 El Hevpa de Estación Central es el único para toda la región Metropolitana (RM), este fue el primer Centro de Hombres inaugurado en el país por lo que tiene un carácter emblemático. Además, concentra el mayor número de atenciones ya que el número de denuncias por VIF en la RM superan la cantidad que se registran en el resto de las regiones del país donde la tasa por cada 100 mil habitantes llegó a 355,9 y a nivel nacional fue de 389,5. El 2017 solo en la RM se registraron 25.983 acusaciones y hasta septiembre de 2018 se registran 18.836 casos— datos obtenidos a través de la Subsecretaria de Prevención del Delito.

El Hevpa de la RM cuenta con 150 cupos anuales, este año se completaron en parte con quienes se encontraban en la lista de espera del año 2016. El Centro registra un listado de 200 solicitudes de hombres esperando atención para el 2019.  

La primera coordinadora del programa fue la psicóloga, Verónica Concha González, quien se debía encargar tanto del funcionamiento del Centro de la Mujer como del Hevpa que funcionaba hasta ese momento de manera dependiente. Ahora los Centros trabajan de manera coordinada, pero en la mayoría de las regiones no depende uno del otro, exceptuando algunos casos como en la región de Atacama donde el Centro de la Mujer de la Municipalidad de Copiapó también se encarga del Centro de Hombres.

Verónica Concha González comenta que la situación de los cupos es algo que siempre se ha repetido durante los años. Señala “la carga laboral a los que los funcionaros es muy grande, en esa época contábamos con problemas de recursos, por ejemplo, no teníamos dinero para pagar que hicieran la limpieza del Centro por lo que los funcionarios, psicólogos y los trabajadores sociales debíamos hacer el aseo del lugar”.

Concha continua “En el programa siempre han faltado recursos”.  Actualmente el Hevpa de Estación Central tiene un convenio de traspaso de fondos válidos por este año y para el 2019 con el Sernameg de $81.000.000 anuales. Por lo que este año el Centro contó con $6.000.000 para su funcionamiento mensualmente. 

La sobre exigencia que presenta el Hevpa de la RM, es un factor que el diseñador del modelo de atención y coordinador nacional de los Centros de Hombres entre el 2010-2014, Atilio Macchiavello, destaca “en el 2014 ya sabíamos que necesitábamos abrir en la zona norte otro Centro. La región Metropolitana no puede con menos de 4 Centros”.

El actual Coordinador Nacional, Rubén Arenas, no desconoce el problema. “Qué servicio público no cuenta con falta de financiamiento”. “Los cupos se establecen dependiendo de la capacidad del equipo”. 

 

“ En el 2014 ya sabíamos en el programa que necesitábamos abrir en la zona norte otro centro. La región Metropolitana no çpuede trabajar con menos de cuatro Hevpa”                                                                         Atilio Macchiavello 

Ex coordinador nacional Hevpa

El Programa de Atención, Protección y Reparación Integral de Violencia contra las Mujeres: se consultan recursos este año por M$12.211.970. Con los recursos propuestos para este programa, se aborda íntegramente a la violencia contra las mujeres, mediante la atención —contención y herramientas para fortalecer autoestima de mujeres víctimas, la protección a través de la residencia temporal, estrategias de protección, representación jurídica y la reparación por el restablecimiento de condición física, psicológica y social.  El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estima que alcanza una cobertura aproximada de 30.000 mujeres anuales. Los recursos se concentran en la operación de: 105 Centros Mujer, 15 Centros de Reeducación de Hombres (Hevpa), 1 Casa para Mujeres Vulneradas por el Delito de Trata, 3 Centros de Atención a las Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales y 48 Casas de Acogida.

 

EL CAMBIO ES VOLUNTARIO

Uno de los aspectos para ser aceptado dentro de la reeducación de grupo es asumir que se incurre en conductas violentas. Arenas dice que, “los hombres deben reconocer que han sido violentos ese es el principal requisito para ingresar al programa, por lo que las primeras sesiones son las más críticas”. 

El curso se configura desde los primeros cuatro encuentros personales que el hombre sostiene: con él se reúne el psicólogo o trabajador social, una vez a la semana por 45 minutos cada uno, el especialista hace un diagnóstico del sujeto para ver si está apto o no para ingresar al grupo de reeducación. “En esta instancia se les recalca a los hombres que el programa es voluntario antes de que pasen a firmar el contrato de compromiso” señala Rubén Arenas.

Existen casos en que los hombres no pueden ser atendidos, no solo, si el hombre no reconoce su calidad de agresor. “Cuando vemos algún tipo de adicción los derivamos al Cosam”. Personas con rasgos psicopáticos, condenados por abuso sexual a menores, por violación no pueden ingresar al programa.  Atilio Macchiavello señala, “no debería ser un factor de rechazo algún tipo de adicción. El modelo no discrimina en los casos de abuso de sustancias ya que en ocasiones estos deben ser tratados en conjunto dado que la mujer puede a pasar a correr un mayor riesgo si es que no se trabaja de manera conjunta”.

Los cupos se cuentan como utilizados desde el momento en que el hombre ingresa a las sesiones de diagnóstico, es decir, los que se retiran o son derivados, se siguen contando como atención anual independiente de si se termino el proceso. Rubén Arenas explica que en los casos de las derivaciones o con los hombres que simplemente dejan de ir al programa, “continuamos con un seguimiento cada 3, 6 y 9 meses, en donde vemos que paso con ese hombre”.  De igual manera esto puede depender de cada centro, en el de Santiago en algunas ocasiones también se aconseja la terapia paralela, quedando sujeto a criterio del profesional relata el psicólogo del Hevpa de Santiago.

Quienes califican para entrar al centro y a la reeducación grupal deben firmar un contrato en el que se comprometen a no faltar a las sesiones y a dejar de ejercer violencia, de igual manera, esto no es vinculante y es de carácter simbólico. Ellos se integran a sesiones grupales de 2 horas una vez a la semana que se pueden extender de 12 a 18 en total.

Caracteristicas de la la reeducación grupal Hevpa

Image 1 De 5

En cuanto a los hombres que terminan el proceso, Arenas dice “no nos centremos en los números”, se calcula que cerca del 10% de los hombres que firman el compromiso de atención completan el proceso de cierre que puede durar entre 9 a 12 meses, dependiendo de los avances en las evaluaciones que el equipo haga de él, las cuales se contrastan con el relato de la pareja en el Centro de Mujeres ya que ambos espacios trabajan en conjunto. Según Macchiavello las terapias dentro de los estándares internacionales aconsejan una duración a lo menos de un año y medio, para que esta sea efectiva.

Durante el 2017 se presentaron 28 reingresos de personas que abandonaron programa de reeducación. Para Rubén Arenas “esto representa algo muy positivo porque quiere decir que algo de que les presentamos les hizo sentido”. A su vez Arenas confirman que existen reingresos por reincidencia y que estos se suelen tratar por el seguimiento que se les hace a los agresores.

En los casos por indicación judicial, que son en su gran mayoría los que recibe el Hevpa, esto puede ser una indicación del tribunal como sugerencia en los casos en que las mujeres no ratifican la denuncia o en otros casos, el ingreso pasa a ser una medida cautelar para la suspensión de la condena en los casos de VIF que pasan por Tribunales de Familia o los Centros de Medidas Cautelares de Santiago.

Según explican en el Centro de Medidas Cautelares de Santiago el Hevpa es considerado como una medida factible, a pesar de tener un carácter voluntario, ya que se espera que el hombre acceda a realizarlo por la posibilidad de la suspensión condicional de la condena, “esto se ve limitado por la sobrecarga que todo el sistema tiene, trabajamos con lo que hay”.

El problema de la lista de espera explica Atilio Macchiavello es que la intervención tiene que ser inmediata para que sea efectiva.

Verónica Concha González, quien se desempeña como Consejera Técnica del Tribunal de Familia, no solo cuestiona el problema de la espera, “la victima nuevamente ve que no pasa nada con su denuncia, en los casos de VIF las mujeres buscan medidas cautelares inmediatas. El sistema está colapsado, estamos a diciembre y dimos hora para un informe pericial para junio del próximo año”.

Los Hevpa trabajan con un equipo mínimo; un coordinador, psicóloga, trabajador social y un secretario. Cada Centro de Hombres debe enviar informes sobre los sujetos que son enviados por indicación del tribunal, dependiendo de lo que cada juez determine para cada caso. Uno de los problemas es cuando son medidas de suspensión de la sentencia ya que el hombre puede pedir el sobreseimiento si se encuentra en lista de espera por más de un año. Desde el Tribunal advierten que el carácter voluntario “dificulta el accionar” de la medida condicional.

Modelo importado

El trabajo entorno a la masculinidad y en distintos organismos sociales del psicólogo, Atilio Macchiavello, y centros de salud, hicieron que en el año 2009 el Sernam le encargara diseñar un sistema de intervención masculina en casos de violencia contra mujeres (VCM) en el país. “Yo no inventé el programa, replica el modelo Daip (Domestic Abuse Intervention Project)”. Macchiavello, conoció a dos chilenos radicados en Canadá, Clara Castillo y Luis Aravena Azocar quienes trabajaban adaptando el modelo DAIP para la comunidad latina en Norteamérica. A través de ellos, Macchiavello conoció la reeducación masculina en grupos.

El Proyecto de Intervención de Abuso Doméstico (Daip) se basa en el currículum Duluth, que nace en marzo de 1981, en la ciudad del mismo nombre en Minnesota, Estados Unidos. Esta se convirtió en la primera ciudad en que implemento un proyecto de respuesta comunitaria integrada como una forma de proteger a las mujeres maltratadas de los continuos actos de abuso.  El Daip coordinó un conjunto de respuestas policiales, judiciales, sociales y de servicios de salud a la violencia doméstica. Los resultados en ese caso fueron inmediatos y visibles. Los arrestos de agresores aumentaron dramáticamente, las tasas de condena se dispararon y el número de mujeres que buscaban órdenes de protección se triplicó.

El currículum de Duluth está, en gran parte, basado en el trabajo de Paulo Freire, el ya fallecido escritor y educador brasileño. Freire desarrolló una teoría y una práctica para la educación de gente analfabeta en Brasil y en Chile. Su trabajo está basado en la idea de que cada persona, sin importar qué tan oprimido se encuentre, puede aprender a examinar el mundo de una manera crítica.

En la terapia se les pide a los hombres que examinen su comportamiento violento en el contexto de sus propias creencias acerca de los hombres, las mujeres, las relaciones y la familia.

Rubén Arenas explica que el Hevpa se sustenta en las terapias grupales en donde se pide que vean la cultura en la que han sido socializados y comprendan el uso de la violencia como un comportamiento intencional, y no como resultado del mal control de la ira, el abuso de drogas o alcohol, la baja autoestima u otro factor.

 En el modelo aplicado en Chile se ha intentado tomar en consideraciones las realidades locales. En el Centro de Hombres de Araucanía la trabajadora social, Andrea Chávez, explica “con los hombres mapuches, vemos si ellos están dispuestos a trabajar en terapias grupales, en el caso de que no quieran hacemos un trabajo diferenciado”.

 La adaptación al idioma español del currículum de Duluth también requiere considerar el contexto social e institucional ya que este como explica Luis Aravena se sustenta en la intervención comunitaria está basada en la idea de que la violencia en contra de las mujeres es un problema de la comunidad. La intervención comunitaria es un componente central del programa que significa varias organizaciones coordinan su trabajo y adoptan, por escrito, lineamientos, programas y procedimientos que rigen las respuestas de todos aquellos individuos e instituciones que trabajan con casos de violencia doméstica: policía, cortes de justicia y agencias de servicios de salud.

 

 

LO CUALITATIVO IMPORTA

El coordinador nacional, Rubén Arenas, dice que Hevpa ya no puede ser considerado como programa piloto, pero para muchas organizaciones y para el diseñador del proyecto aún falta que exista una verdadera conexión que trabaje en conjunto para que la iniciativa sea realmente exitosa.

La abogada de la Corporación Humanas, María José Castillo, señala que en Chile aún no se cumple con una gran cantidad de pactos que suscribió internacionalmente en el trato de los derechos humanos de la mujer. “la falta de cooperación entre los distintos organismos del Estado demuestra la ineficacia del sistema, las políticas públicas se centran en apagar incendios y no se adelantan al problema. Chile necesita una intervención en todos los ministerios, policías, tribunales, no puede recaer toda la responsabilidad en programas del Sernameg y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Hay una responsabilidad con el tema de la violencia de género”. Castillo conoce de cerca el sistema de los Centros de la Mujer ya que trabajó por algunos años en el de Estación Central, “yo creo que la idea es buena, pero está mal ejecutada, falta mucho para que un proyecto así realmente funcione”.  

 

La vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González, señala “Siempre hemos mirado con cierta desconfianza este programa, creemos que va a la emergencia y no al problema principal de la violencia que todas las mujeres sufren y que se sustenta en gran medida con la réplica del modelo cultural de estereotipos”.

En un estudio de la Universidad de Texas pone en duda la eficacia del sistema de intervención cuando no existe un sistema coordinado entre los distintos sectores sociales, pero de igual forma lo presenta como una opción válida para los países latinoamericanos, ya que estos tendrían una cultura más tradicional que sustentaría la violencia contra la mujer.  

El 2014 en la línea de mejoramientos se indicaba que era necesario contar con un estudio de resultados. En relación a la eficacia que se menciona que carece el programa, Rubén Arenas comenta, “no tenemos estudios que demuestren el nivel cualitativo, es una meta que tenemos en el Servicio para los próximos años”.

A la luz de los movimientos sociales, Priscila González señala que “la acción feminista de este año, como el accionar del Observatorio de Acoso Callejero demuestran que el tema de la violencia de género es algo que se encuentra presente en la sociedad. Por lo que es necesario que las políticas públicas respondan con reestructuraciones profundas que garanticen la seguridad de las mujeres”.

 

 

 

Guía legal de la violencia intrafamiliar con lenguaje de señas de la BCN

Los problemas del principal consorcio que alimenta a los estudiantes del país

A principio de año, el conglomerado Merkén obtuvo el 75% del presupuesto de una licitación estatal para suministrar el Programa de Alimentación Escolar en cinco regiones.  Tras ocho meses de servicio, el conjunto de empresas acumula una serie de denuncias por diversas irregularidades y, según Junaeb, se le han cursado multas por cinco mil millones de pesos. Desde los establecimientos critican a la institución estatal por no fiscalizar el buen funcionamiento del servicio de alimentación.

Por: Carolina Undurraga Biancani

El Liceo Teniente Dagoberto Godoy está ubicado en Lo Prado y tiene un índice de vulnerabilidad escolar de 85%.

No llega toda la comida. Ese es el problema que ha tenido Sandra Espina a lo largo de todo el año en el Liceo Teniente Dagoberto Godoy N°3 de Lo Prado. No es algo que pase todos los días, pero regularmente Sandra tiene que idear soluciones rápidas en caso de que no se abastezca al colegio con la comida suficiente para todos los niños. Cada día, en las cocinas del liceo, se preparan 566 raciones para los estudiantes beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que entrega la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb). Sandra es la encargada PAE del colegio, es decir, la persona que se preocupa de administrar y controlar que se entregue un buen servicio de alimentación a los alumnos. Cuenta que, desde principios de este año, su trabajo se hizo especialmente “duro”, no solo por el tema de la comida, sino que también por otros problemas como dificultades con el abastecimiento del gas o que no hubiesen suficientes manipuladoras en la cocina. “Esto significa un estrés constante, porque hay que estar ideando qué hacer si es que no llega la comida o si fallan otras cosas. Son factores que escapan de nuestras manos, nosotros dependemos de la empresa que nos entrega el servicio y nunca tenemos la seguridad de si va a llegar todo lo necesario“, señala Espina.

Escucha a Sandra Espina contar lo que hace cuando no llega toda la comida al liceo:

El consorcio Merkén SpA es el encargado de servir el PAE en el Liceo Teniente Dagoberto Godoy N°3 y en otros 3.800 establecimientos educacionales a lo largo del país. A principios de este año, se adjudicó más de un millón de raciones alimenticias, casi el 80% total de las porciones que se licitaron en ese momento. El resultado de la licitación generó cuestionamientos entre algunas autoridades y las otras empresas que participaron del proceso, principalmente porque la empresa tenía menos de tres años de experiencia en el rubro. En ese período suministró el PAE en mil establecimientos, un tercio de la demanda que se adjudicó en febrero pasado.

Virginia Pezoa trabaja hace 30 años en la Municipalidad de Santiago y hace 28 es coordinadora comunal de Junaeb. Una de sus labores es administrar el PAE en los colegios municipales de la comuna, lo que significa ser el puente de comunicación entre los establecimientos y la institución estatal. Cuenta que en los años que lleva trabajando, nunca le había tocado que una misma empresa licitara un número tan alto de raciones. Asegura también, que los primero meses de servicio de la empresa fueron especialmente difíciles. “Es normal que al principio todo sea más lento, se entiende que hay un proceso de instalación. Pero este año fue demasiado caótico, Merkén no contaba con la experiencia ni con el personal ni el mobiliario suficiente para hacerse cargo de la cantidad de raciones que se adjudicó“, dice Pezoa.

Así lo confirma Carla Bastías, la encargada PAE del Liceo República de Brasil de la comuna de Santiago, quien vivió una situación muy similar a la del liceo de Lo Prado. Bastías relata que a principio de año llegaba “casi la mitad de la comida“.

A pesar de eso, nunca hubo niños que se quedaran sin comer, pero las manipuladoras debían improvisar en el minuto y “hacer malabares“ para poder completar el número de raciones.

Merkén ha sido denunciado por no cumplir con la cifra de una manipuladora por colegio cada 70 raciones entregadas.

El número de manipuladoras de alimentos en los establecimientos ha sido otro foco de denuncias. Según Junaeb, por cada 70 raciones que se entregan en un colegio, debe haber una manipuladora, cifra que Merkén no ha cumplido en varios colegios. Sobre esto, Virginia Pezoa dice que es un problema usual en las empresas de alimentos que sirven el PAE, pero que con Merkén ha “sido un tema especial, porque el déficit ha sido mucho mayor que otros años. Esto repercute en que se demoran más en cocinar,  se retrasa el horario de comida de los niños o se empiezan a simplificar los menús”.

Si los primeros meses fueron complicados, lo que vino después no fue mucho mejor. Así lo asegura Virginia, quien cuenta que Merkén dio soluciones parciales en algunos establecimientos de la comuna. “En los colegios emblemáticos fue mejorando (…) ahí le pusieron más empeño“, dice Pezoa, pero agrega que a nivel comunal todavía se mantienen problemas que han impedido dar un buen servicio.

El historial de Merkén

El 6 de febrero de este año se conocieron los resultados de la licitación pública de Junaeb para suministrar el PAE en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía, Magallanes y un tercio de la Región Metropolitana por el periodo comprendido entre 2018 y 2023.   Participaron 36 empresas, de las cuales nueve fueron seleccionadas. De las ofertas elegidas, cuatro formaban parte de un mismo conglomerado, las cuales habían postulado de forma individual con nombres distintos. El consorcio en cuestión era Merkén SpA, el cual pertenece a la firma uruguaya de alimentos Delibest y está compuesto por las empresas Saludable SpA, Fedir Chile SpA, y Alimentaciones Internacionales S.A. El contrato que firmaron con Junaeb suma un monto total de $158 mil millones anuales, tres veces más que el de las otras cinco empresas que obtuvieron la licitación. 

El gráfico a continuación representa el porcentaje de raciones que se adjudicó cada empresa en la licitación de febrero pasado. En el caso del consorcio Merkén, muestra la suma de las porciones adjudicadas por Saludable SpA, Fedir Chile SpA, y Alimentaciones Internacional S.A.

No es primera vez que la historia entre Merkén y Junaeb presenta problemas. El consorcio se constituyó en Chile el 16 de enero de 2015 entre Fedir S.A., de origen uruguayo, e Ibasa, empresa que ese mismo año, por problemas económicos, dejó de entregar 140 mil raciones en tres regiones del país. Debido al incumplimiento, Junaeb terminó el contrato y delegó el servicio a otras empresas sin una licitación de por medio.

Ese mismo año, el recién creado consorcio Merkén se adjudicó un contrato con Junaeb por $77 mil millones para entregar el PAE por tres años en mil establecimientos educacionales de Coquimbo y Valparaíso. La asignación generó sospechas en Junaeb, principalmente porque el gerente de operaciones de Merkén, Marco Antonio Urbina, antes de llegar a la empresa, se había desempeñado como jefe de supervisión del PAE. Este cargo le permitió elaborar las bases de la licitación que luego se adjudicó el consorcio. Un año después, la institución estatal realizó una denuncia al Ministerio Público donde se acusaba a Urbina de haber utilizado información privilegiada. “Dicho funcionario, al ser contratado por el consorcio Merkén SpA, contaba con información fidedigna y acabada respecto del contenido de todo el proceso licitatorio antes señalado, lo que facilitaba a que dicho consorcio resultara adjudicado en la licitación“, señala la acusación.

La responsabilidad de Junaeb

Junaeb ha ido a fiscalizar el Liceo Teniente Dagoberto Godoy N°3 dos veces este año, primero en junio y luego en octubre. La primera vez se supervisó la calidad del servicio que se entregaba y en la segunda se controló el equipamiento e infraestructura del establecimiento. Algunos de los incumplimientos que se encontraron en ambas fiscalizaciones fueron: menos manipuladoras, seis de ocho, no cumplir con la minuta del día y varios artefactos de la cocina en malas condiciones. Sandra Espina es crítica con la fiscalización que hace Junaeb y  señala que “vienen y encuentran los problemas, después de eso se solucionan algunas cosas, pero las falencias importantes siguen ahí“.

El Director Nacional de Junaeb, Jaime Tohá, reconoce que Merkén ha tenido inconvenientes importantes: “Es una empresa que adjudicó un volumen muy grande de raciones y tuvo dificultades iniciales en su instalación“.

Al mismo tiempo, señala estar al tanto de los principales problemas que afectan el servicio del consorcio:  “Hubo algunas demoras en reemplazar los equipos nuevos y se han mantenido los equipos viejos. También un par de veces han tenido problemas serios de abastecimiento, especialmente a las vueltas de los feriados“ y añade que el desempeño de Merkén en sus inicios estuvo por debajo de la media de las otras empresas que suministran el PAE.  

Sobre cómo Junaeb ha controlado que Merkén corrija sus errores, Tohá dice que la institución ha hecho un especial esfuerzo, aumentado la cantidad de visitas de supervisión a la empresa.  “Han recibido una gran cantidad de sanciones de parte nuestra, estimamos que ya están cercanos a los cinco mil millones en multa en lo que va de este año. Eso refleja que sí hemos controlado, pero también demuestra que las multas no corrigen las situaciones, eso no va a cambiar necesariamente su conducta“, declara. Según datos entregados por Junaeb, el número de fiscalizaciones realizadas en el país fue similar al del año pasado: si en 2017 se realizaron 14.388, hasta el 14 de diciembre de este año se habían realizado 14.155 supervisiones. En cambio, en la Región Metropolitana la cifra disminuyó de 2.928 a 2.449 fiscalizaciones.

La infografía muestra las cifras más relevantes que dejaron las fiscalizaciones de Junaeb este año.

En junio de 2017, la Contraloría General de la República publicó una auditoría que realizó a Junaeb en los años 2015 y 2016 para determinar si había realizado un control  eficaz de la prestación del servicio de alimentación en la Región Metropolitana. Por otro lado, evaluó si realizó oportunamente los procedimientos para la aplicación de sanciones y multas por incumplimientos de los contratistas. Entre algunos de los resultados que arrojó, el más relevante fue que el número de fiscalizadores de la Región Metropolitana en el periodo de estudio, entre cuatro  y 10, no permitía garantizar la cantidad y calidad de las raciones alimenticias que deben recibir los estudiantes.

A poco más de un año de la publicación de la auditoría, persisten algunas deficiencias. Actualmente, la Región Metropolitana cuenta con siete fiscalizadores para los 1.598 establecimientos que reciben PAE.  Eso supone un fiscalizador por cada 228 colegios. Al respecto, Jaime Tohá manifiesta que el objetivo de Junaeb no es inspeccionar la totalidad de los establecimientos, porque según él es algo “inviable“. Para resolver esa supuesta imposibilidad, en la institución han priorizado un método de supervisión muestral en vez de uno censal: “Nosotros trabajamos con empresas que atienden muchos colegios, entonces lo que hacemos es hacer un muestreo del territorio de esa empresa que sea estadísticamente significativo, así nosotros sabemos cómo se está comportando“.

Escucha al director nacional de Junaeb explicar cómo funciona el sistema de fiscalización de la institución:

 

Problemas de logística

La Escuela Básica Villa Lourdes en Lo Prado no ha recibido fiscalizaciones de Junaeb en lo que va del año.  En el establecimiento se entregan 109 raciones diarias y ha tenido inconvenientes similares a los del Liceo Teniente Dagoberto Godoy N°3.

“La empresa Merkén tiene un problema de logística grave“, dice Mauricio González, encargado PAE de la escuela.

Una situación común en el establecimiento es que los productos lleguen  más tarde de lo estipulado: “Hay días en que la carne, que se supone que tiene que llegar a las 15:00 del día anterior, llega a las 10:00 del mismo día. Entre ese lapso de 8:00 a 10:00 las tías están super tensas porque no saben a qué hora va a llegar el producto. Tampoco tienen la certeza de que va a llegar o que llegará en las cantidades correctas“.

Una solución usual a ese tipo de problemas, según cuentan en el colegio, es cambiar la minuta del día. Según lo acordado en el contrato, la empresa debe presentar a Junaeb la planificación mensual con las minutas de cada día, es decir, el menú de alimentos que se servirá. Una vez aprobadas las minutas no se pueden hacer modificaciones, en caso de que las hayan, significará una multa para la empresa. El encargado PAE de la Escuela Villa Lourdes está al tanto de esto, pero dice que “si no llega un producto en las cantidades necesarias no se puede hacer el almuerzo completo. No nos queda otra que modificarla“.

En el Liceo Teniente Dagoberto Godoy ocurre lo mismo. Sandra Espina dice que es un “problema recurrente“ del día a día de la cocina del colegio y añade que otra solución a la falta de productos es hacer porciones más chicas, un punto que también es penalizado por Junaeb.

Paradójicamente, Jaime Tohá dice que para la institución estatal  “una de las cosas más importante es controlar que el menú que se está entregando en el día sea el que corresponde. La empresa no puede hacer variaciones, por lo tanto, nosotros revisamos que el  gramaje de la porción sea el correcto y que todos el proceso hacia atrás (almacenamiento, traslado y preparación) también sea el adecuado“.

En la cocina de la Escuela Básica Villa Lourdes hace cuatro meses que no funciona el extractor de aire y, aunque se informó a Merkén del problema, esta aún no ha ido a cambiarlo. Las dos manipuladoras que cocinan en el lugar señalan que se hace “insoportable” trabajar en esas condiciones, especialmente en los días de altas temperaturas. Las circunstancias en las que producen las manipuladoras es otro de los puntos que debe inspeccionar Junaeb en sus visitas. Gisel Valenzuela, secretaria general de la Federación Central de Manipuladoras de Alimentos (Fecemap), cuenta que para ellas la fiscalización es un tema muy importante, porque es una forma de asegurar un lugar apropiado de trabajo. Sin embargo, alega que muchas veces Junaeb se preocupa más por “detalles menores, como que no haya un cucharón“ a que si las manipuladoras están preparando la comida en una cocina segura.

Una caja negra

El diputado UDI Sergio Gahona hace tiempo que sigue lo que pasa en Junaeb. La licitación que se adjudicó Merkén a principios de este año fue algo que le llamó especialmente la atención. Lo señaló en ese momento: conocía el historial de la empresa. Además, no consideraba positivo que un mismo conglomerado concentrara un número tan alto de raciones. “El principal problema es que si esta empresa tiene dificultades, el efecto es mucho mayor, por la cantidad de establecimientos que atienden. Lo ideal sería que hubiera un cierto límite de unidades territoriales que puede adjudicar una empresa, de tal manera de asegurar de que si cae en default no ponga en riesgo el programa de alimentación de los niños“, dice Gahona.

No solo la licitación encendió las alarmas, a lo largo de este año hubo una serie de denuncias desde los establecimientos educacionales que acusaban que el servicio no se entregaba de la forma correcta. Además de otros problemas, como bodegas que no cumplían con las condiciones necesarias para almacenar alimentos. A raíz de esta situación, el diputado Gahona junto a los diputados Francisco Eguiguren (RN), Hugo Gutiérrez (PC), Juan Luis Castro (PS), Sergio Bobadilla (UDI) y Miguel Ángel Calisto (DC) presentaron en octubre pasado una denuncia en Contraloría por irregularidades en la ejecución del contrato de servicios de suministro del PAE. Según el documento, ante los incumplimientos de Merkén, Junaeb habría dado un “dispar tratamiento“ a la empresa, por no haber fiscalizado y multado de la forma que correspondía.

“Falta más personal para controlar, pero sobre todo hay que cambiar el sistema por uno más riguroso y preciso para poder solucionar con eficiencia los problemas. La Junaeb puede multar, pero de qué sirve eso si siguen las mismas falencias”, manifiesta el diputado Francisco Eguiguren. Para él es un tema donde el Gobierno tiene que intervenir, ya que “si ellos dicen que los niños son prioridad nacional deben hacer algo en Junaeb, porque es una caja negra que huele mal“.

Revisa los principales hechos que han oscurecido la historia de Junaeb:

 

La versión oficial

“Un servicio en excelentes condiciones”. Así calificó Merkén su rendimiento de este año en los establecimientos educacionales a lo largo del país.

La empresa no quiso dar una entrevista y solo accedió a responder un cuestionario por correo electrónico. Respecto a los problemas denunciados en diversos colegios, señalan que las dificultades iniciales que tuvieron se dieron por la “implementación en tiempo récord” de sus servicios. Además de que, según ellos, se encontraron con muchas “cocinas de colegios en situaciones deplorables, lo que significó un trabajo no exento de complejidades y arduo”. Acusan que tuvieron que “hacer frente al boicot de algunas empresas  competidoras”. Según Merkén, “al entrar a prestar servicios, desplazamos a otras empresas. Estas, iniciaron una guerra frontal contra nuestra compañía, generando en forma sistemática denuncias falsas”. Consultados por la cantidad de multas que han recibido desde Junaeb, explican que estas se han debido principalmente a problemas que no afectan la alimentación de los niños: “Por presiones políticas y de la competencia, Junaeb nos inspeccionó sensiblemente más que a las otras empresas”.

Desafíos para el próximo año

El primer año de Merkén no es evaluado positivamente. “El servicio que entregaron a lo largo de todo el año fue muy reactivo. Hubo que estar solucionando problemas constantemente a último minuto, lo que es desgastante tanto para el encargado PAE,  como para el establecimiento y nosotros“, manifiesta Susana Mayer, nutricionista que trabaja junto a Virginia Pezoa en la Municipalidad de Santiago. Sandra Espina dice que pareciera que la empresa trabajó “sobre la marcha“ todo el año, sin una planificación concreta. Por su parte, Jaime Tohá señala que “el servicio todavía se puede mejorar“.  

Algo en lo que coinciden quienes trabajan en el rubro, es que la licitación se realiza muy cerca del inicio del año escolar, lo que repercute en que la empresa no cuente con el tiempo suficiente para organizar y preparar el servicio que entregará. El resultado de la licitación de este año se entregó 25 días antes de que los estudiantes entraran a clases. Además de eso, hubo un periodo de marcha blanca de 60 días que inició el 5 de marzo. “Con esos tiempos es imposible que la empresa parta al 100% el primer día de clases. Merkén no contaba con el nivel operacional para preparar todas las raciones que se adjudicó y eso quedó demostrado“, dice Gisel Valenzuela, dirigenta de Fecemap.

En Junaeb cuentan que se han reunido con Merkén para crear un plan que mejore el servicio de los próximos años que quedan de la licitación. “Nos interesa trabajar en conjunto con la empresa, evaluar su gestión, entender cuáles son sus problemas y ver cómo se pueden solucionar. Nuestro principal objetivo es que cumpla con un buen servicio para los niños”, dice Jaime Tohá.

Por su parte, en la Municipalidad de Santiago también señalan que se hará una evaluación de lo que pasó este año para proponer un plan preventivo y así evitar que se vuelvan a repetir las mismas situaciones.

“Esperamos que en estos cuatro años que quedan avancemos. Al final, lo único que importa es que los niños que lo necesiten puedan recibir una alimentación como corresponde”, finaliza Virginia Pezoa.

 
 

La generación PrEP: entre el desconocimiento y el miedo al VIH

Algunos la compran en el mercado negro, otros la importan desde Estados Unidos o Europa. El PrEP, conocido comercialmente como Truvada, es un medicamento que reduce en un 90% el riesgo de adquirir el Virus de Inmunodeficiencia Humana. El Ministerio de Salud anunció que distribuirá el fármaco gratuitamente a 5.000 pacientes catalogados como de alto riesgo en el primer trimestre de 2019, pero organizaciones civiles ponen en duda su ejecución y temen que aumenten las otras infecciones de transmisión sexual.

Por Manuel Hernández González

Esa noche buscó por horas en muchas páginas y no la consiguió. —Había varias ofertas, pero no pude contactar a ningún vendedor. Dormí mal, estaba preocupado—cuenta Carlos (29), un año después de la experiencia. Al día siguiente la encontró en Facebook, contactó al vendedor y por 80 mil pesos se juntaron en una estación de metro del sector poniente de Santiago para obtener el frasco con 30 pastillas.

Carlos mantenía un encuentro de sexo casual, hasta que se dio cuenta. El condón se había roto y desconocía el estado serológico de su compañero. —Me iba a morir de los nervios, no sabía si él tenía VIH. Por eso comencé a buscar muy rápido Truvada por internet—.

Truvada es el nombre comercial de la profilaxis preexposición (PrEP), una pastilla que contiene Emtricitabina y Tenofovir, dos compuestos utilizados para la terapia antirretorival de pacientes con VIH pero que, utilizados de esta forma, ayudan a prevenir en un 90% el contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Carlos había leído en internet sobre esta píldora, pero no sabía cómo usarla ni dónde comprarla en caso de que dudara haber contraído la enfermedad.

Todo lo que hizo después fue por recomendaciones de amigos o rumores que había escuchado. No hubo una consulta médica, análisis previos o recomendaciones profesionales sobre la forma correcta de medicarse con PrEP.

—Yo no sabía cómo tomarla y el que me la vendió me explicó. Me dijo que puedo usarla de por vida y generalmente se toma antes de tener encuentros sexuales, pero en casos como el mío, que se rompió el preservativo, con tomarme una pastilla diaria por todo el mes era suficiente.

Así lo hizo. Estableció una alarma en su celular para ingerirla a la misma hora y, aunque le atribuyó al medicamento haberse deprimido los primeros tres días de tratamiento, lo terminó sin ningún otro inconveniente.

Carlos era VIH negativo. Tres meses después de terminar su tratamiento con PrEP, se hizo el test de Elisa, que detecta si hay anticuerpos en la sangre, y confirmó que no le habían transmitido el virus. Pero él no es el único que ha comprado el medicamento en el mercado negro. En Mercado Libre y la red social Grindr, una aplicación donde hombres homosexuales coordinan encuentros sexuales entre ellos, se oferta Truvada.

El coordinador del área de salud del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Diego Ríos, conoce tres casos cercanos de hombres que tienen sexo con hombres y que han comprado PrEP a través de estos sitios web para evitar contagiarse de VIH. —Los tres toman PrEP porque tienen relaciones sin preservativos. Dos son gays y uno bisexual—relata Diego Ríos, quien detalla que al principio tomaban mal la medicación.

—Lo hacían antes o después de tener relaciones sexuales y ya, pero así no funciona. Después, conversaron con médicos de su confianza y ellos les explicaron cómo debían hacerlo—detalla el dirigente del Movilh.

La directora de Chile Sida, Yasna Alarcón, explica que tomar profilaxis preexposición sin asesoría médica puede traer varias consecuencias, como tener VIH y hacerse resistente al virus por ingerir mal la medicación. El coordinador de salud del Movilh indica que los tres conocidos que ingieren Truvada, toman la pastilla para protegerse del virus, pero se olvidan de las otras infecciones de transmisión sexual porque tienen cura, aun cuando este año los casos de gonorrea aumentaron 6%, mientras que los de sífilis se incrementaron 12% en relación con 2017.

—Hicimos una encuesta a hombres que tienen sexo con hombres y el 87% de la muestra reconoció tener relaciones sexuales sin preservativo—dice Diego Ríos.

***

Chile es el país de Latinoamérica con la tasa más alta de nuevos casos de VIH. Según el Instituto de Salud Pública (ISP) serían 65.000 en total, con un aumento de 96% entre 2010 y 2017, cuando la cifra pasó de 2.968 a 5.816 nuevos pacientes por año. El mayor incremento fue entre los años 2012 y 2013, cuando de 3.616 casos pasaron a 4.385. Además, entre enero y septiembre de 2018 se registraron otros 5.206 nuevos casos, lo que representa un aumento de 21% con respecto a la misma época del año pasado. Eso establece al país en el mismo ranking de naciones como Egipto, Kuwait, Madagascar, Montenegro, Macedonia, Uzbekistán, República Checa, Kazajistán, Filipinas y Eslovaquia, quienes forman parte de los 10 Estados del mundo con mayor incremento de seropositivos, de acuerdo al último informe de la ONUSIDA.

 

Según las estadísticas del ISP, los jóvenes entre 20 y 29 años son el grupo con mayor riesgo de contraer el virus. Alex (29) no quiere formar parte de la estadística. Él es artista visual y vive en Santiago, pero viaja constantemente para exponer su obra. Este año estuvo en Holanda, Suecia, México, Uruguay y Estados Unidos. Desde hace meses había querido tomar PrEP y en noviembre, cuando llegó a San Francisco, le recomendaron solicitar la pastilla en un hospital, donde le hicieron una serie de exámenes para confirmar que no tuviera ninguna infección de transmisión sexual; Luego lo vacunaron contra la hepatitis, el virus de papiloma humano y le dieron Truvada para que iniciara su tratamiento con profilaxis preexposición.

Aunque el Ministerio de Salud anunció el 10 de diciembre que distribuirá PrEP a partir del primer trimestre de 2019, Alex desconoce algún plan del Gobierno chileno que lo entregue o lo venda. —Tampoco he visto campañas gubernamentales que lo promuevan. En Grindr sí lo venden ilícitamente, pero no confío—dice para explicar por qué se medicó en el extranjero.

Alex califica su vida sexual como “paranoica” antes del PrEP porque siempre tenía miedo de que sus parejas sexuales le transmitieran la enfermedad. Aunque afirma que siempre utiliza preservativos, cuando no tomaba Truvada se privaba de tener otras prácticas que le gustaban, pero que aumentaban el riesgo de adquirir el virus de inmunodeficiencia.

—La mayoría de mis compañeros sexuales eran VIH positivos. No todos eran indetectables y algunos tampoco querían tratarse el virus. Eso me hizo sentir muy inseguro sobre mi vida sexual en Santiago—detalla el artista visual, quien relata que en la ciudad del mundo donde mantiene relaciones sexuales con mayor preocupación es en la capital de Chile.

El vicepresidente de la fundación Acción Gay, Marco Becerra, asegura que los homosexuales son el sector de la población con mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Becerra indicó que el 60% de los casos en Chile se concentran en la Región Metropolitana; De esa cifra, el 90% de las personas que tienen VIH son hombres y el 10% mujeres.

—Es un dato epidemiológico, los hombres que tienen sexo con hombres están más expuestos—afirma Becerra.

Alex tiene un mes tomando PrEP y solo tiene dosis para otros 30 días. Para continuar su tratamiento comprará la medicina por internet, a través de una página web que su hospital americano avala.

—Debo enviarles los exámenes médicos que me hicieron en San Francisco y me mandan las pastillas en 10 días hábiles. Me cuesta 170 dólares un tratamiento de tres meses, es más barato y más seguro que comprarlo en el mercado negro—explica.

El vicepresidente de Acción Gay, Marco Becerra, considera necesaria y positiva la implementación del PrEP en Chile, pero bajo la estrategia de la prevención combinada que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

—Tiene que ir de la mano del test rápido, el uso de condón, educación comunitaria y que lo utilicen personas de riesgo. El PrEP no es para todo el mundo—comenta el vocero de la organización.

Alex aseguró que, aún con Truvada, evita las conductas sexuales que puedan ponerlo en riesgo de convertirlo en un paciente VIH positivo, pero sí se aventura con prácticas que evitaba cuando no tomaba la profilaxis preexposición.

—No pretendo dejar el condón, pero a veces me doy permiso de hacer otras cosas que no hacía cuando estaba sin PrEP, como ingerir semen—dice Alex, aún cuando la revista Journal of Experimental Medicine destaca que el esperma contiene tres elementos protagonistas de la infección: la unidad estructural del VIH, los leucocitos infectados y las células espermáticas maduras.

***

—Yo soy muy poco tradicional y eso también es por el PrEP. Puedo tomar muchos riesgos, como tener más de una pareja, hacer tríos o tener sexo sin condón.

Así lleva su vida sexual Sebastián Roblero (29), a quien desde hace un año y cinco meses le recetaron profilaxis preexposición. Él es chileno, pero vive entre Dinamarca y Chile. Sin embargo, fue en Copenhague donde conoció el medicamento, el cual obtiene gratis porque se inscribió en un hospital que realiza pruebas con un nuevo genérico de un laboratorio suizo.

Una encuesta que realizó la aplicación para citas gay Chat Romeo a 65.551 hombres que tienen sexo con hombres en nueve países europeos (Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, España, Suiza, Reino Unido) y la India precisó que el 84% no usa PrEP, pero el 67% pide que se distribuya gratuitamente. En Dinamarca está aprobado por el Gobierno desde 2016, bajo una resolución que agrupa a toda la Unión Europea, aunque su implementación sin costo está en proceso. El sector de la población destinado a recibir la medicación es el mismo que en el resto del mundo, según la OMS: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, transexuales y parejas serodiscordantes (que uno de ellos tenga VIH y el otro no).

Sebastián llegó a Santiago en septiembre. Como el protocolo danés exige que se realice controles médicos cada tres meses para evaluar el estado de sus riñones e hígado con su médico, ahora está por cancelar su tratamiento.

—Me traje solo 90 pastillas. Igual pensaba dejarla porque tomar PrEP me induce a un estilo de vida riesgoso y en Chile hay tanto VIH que no quiero verme tentado a tener sexo sin condón—dice el comunicador audiovisual, quien aseguró que ha tenido parejas con Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH+) y les pide el examen con los resultados del estado serológico a sus compañeros sexuales habituales para tomar las previsiones necesarias.

La OMS informó que 300.000 personas consumen PrEP en todo el mundo. De esas, 250.000 viven en Estados Unidos (ya que en 2012 la Federación de Alimentos y Medicamentos de ese país aprobó el medicamento) y el resto está distribuido en otros 66 países. El organismo espera que 3.000.000 de personas utilicen la profilaxis preexposición antes del 2020. En Latinoamérica solo hay tres países que, hasta hoy, tienen el PrEP incluido dentro de sus políticas públicas: Brasil, México y Perú.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que Brasil fue la primera nación del subcontinente en hacerlo, en 2017, cuando el Ministerio de Salud brasileño destinó 2,7 millones de dólares para adquirir 3,6 millones de pastillas. La directora del departamento de vigilancia, prevención y control del VIH y Sida en Brasil, Adele Benzaken, dijo al New York Times que, a pesar de ser un gran reto, espera reducir la tasa de nuevas infecciones con el PrEP.

Los otros países -México y Perú- impulsaron el medicamento dentro de sus políticas públicas a través de un plan del programa de Naciones Unidas sobre el VIH denominado “ImPrEP”, en el que repartirán profilaxis preexposición a 3.000 mexicanos y 1.500 peruanos.

Chile sería el cuarto país de la región en implementarlo, si se cumple el octavo punto del programa para el VIH que anunció en mayo el Ministerio de Salud, el cual busca fortalecer la prevención combinada –proveer educación, condones y fármacos a personas de alto riesgo–. Sobre este punto, el Gobierno anunció que distribuirá PrEP a 5.000 personas durante el primer trimestre de 2019.

Aunque Sebastián Roblero está por terminar su tratamiento, considera que el PrEP es una de las pocas posibilidades que tiene para evitar que le transmitan VIH.

—Siento que mi única opción es tomarme la misma pastilla por el resto de mi vida. La otra es contagiarme, no tener miedo y seguirme tomando la misma medicina por el resto de mi vida. La única diferencia es que, de este lado, no tengo VIH y puedo dejarlo en cualquier momento.

***

La sociedad civil no ha recibido fondos este año para sus planes de prevención. Así lo informó Vasili Deliyanis, el vocero de Acción Gay y líder en la lucha de derechos para pacientes con VIH/SIDA.

Deliyanis señala que, por la falta de ingresos, se aliaron con la organización Aids Healthcare Foundation (AHF) para aumentar sus análisis con test rápidos. El coordinador de la AHF en Chile, Leonardo Arenas, destaca que este año invirtieron USD 180.000 para la compra de test rápidos y la distribución de condones en el país. Sin embargo, Arenas cuestiona la implementación del PrEP cuando aún existen 10.000 pacientes notificados de haber contraído VIH, pero que no reciben tratamiento antirretroviral.

—Creo que deberíamos resolver eso primero, pero el PrEP sí debe distribuirse porque el Gobierno se comprometió—dice Leonardo Arenas.

Deliyanis denuncia retrasos en la implementación de las nueve propuestas del Gobierno contra el VIH y las consideró ineficaces, así como el resto de los planes ejecutados por el Ministerio de Salud porque, a su juicio, el tema ha sido abordado con una mirada conservadora.

—Aunque desde 2010 empeoró todo, ningún Gobierno lo ha hecho bien. ¿Por qué la mayor población afectada son los hombres que tienen sexo con hombres pero, por el contrario, Chile es el país que más ha logrado disminuir la transmisión vertical de madres con VIH a sus hijos en el embarazo? Es un factor cultural y una irresponsabilidad del Estado—cuestiona Deliyanis, quien critica que en Chile la adquisición del virus es de un 99,6% por vía sexual porque, a su juicio, nunca ha existido una política de educación sexual.

—Santiago es la capital del mundo occidental con mayor aumento de casos de VIH en homosexuales, con una prevalencia de 200%—asegura el vocero de Acción Gay y líder en la lucha de derechos para pacientes con VIH/SIDA, Vasili Deliyanis, quien dio con las cifras tras analizar el informe de Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), que agrupa a todas las enfermedades que los médicos deben notificar al Instituto de Salud Pública (ISP) bajo estricto cumplimiento.

La responsabilidad sobre el aumento de las cifras ha generado debate en la política chilena. Helia Molina fue ministra de Salud en el año 2014, durante el segundo periodo de la expresidenta Michelle Bachelet. La sociedad civil le cuestionó que, durante los 10 meses que dirigió el Minsal, no hubo campañas para prevenir el VIH.

—El comercial se hizo, pero era el primero que mostraba hombres besándose con hombres y La Moneda no lo autorizó. Hubo muchas presiones de la iglesia y los partidos conservadores—recuerda Molina, quien ahora es la decana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago.

—Nos quedamos atrás, el Ministerio no fue lo suficientemente vigilante, pero el aumento fue durante los últimos 10 años, así que la culpa es de todos. Es una lección para nunca bajar la guardia—añade la exministra de Salud.

Pero Jaime Mañalich, quien fue ministro de Salud durante el primer periodo del actual Presidente, Sebastián Piñera (2010-2014), aseguró que durante su gestión hubo grandes avances en la lucha contra el VIH.

—Nosotros estuvimos a cargo de implementar las garantías AUGE para el tratamiento preventivo del VIH. Hicimos un foco adecuado para que la gente se hiciera el examen una vez al año y así prevenir nuevas transmisiones—indica Mañalich.

Los dos exministros concordaron en que la mejor herramienta de prevención para nuevas transmisiones es continuar con la implementación de 1.060.000 test rápidos que compró el Ministerio de Salud para detectar nuevos casos de VIH, focalizados en los grupos de riesgo.

—Aunque eso genere como consecuencia un aumento en la tasa de incidencia de VIH en el país. El mejor escenario es que el próximo año se diagnostiquen 40 mil nuevos casos para ponerlos a todos en tratamiento y prevenir. Pero las estadísticas serían terribles—asevera el exministro Mañalich.

***

Sebastián Troncoso (27) es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Hace dos años le dio una amigdalitis que hizo dudar a su otorrinolaringólogo sobre la posibilidad de que tuviera una infección de transmisión sexual. Fue remitido al infectólogo Carlos Pérez de la Red UC Christus, quien confirmó que solo tenía las amígdalas inflamadas. Desde esa vez, Sebastián agenda cada seis meses un chequeo general con el infectólogo.

—Tuve una cita la última semana de noviembre. El doctor siempre ha querido que yo esté protegido contra todo, por eso me vacunó contra la hepatitis. Ahora me habló sobre el PrEP porque la está recetando, quiere que la pruebe.

Desde septiembre, los médicos que tienen consulta en los hospitales de la Universidad Católica y la Universidad de Chile pueden recetar profilaxis preexposición, a través de un convenio con la farmacia Profar, que provee medicamentos con despacho a domicilio de manera confidencial y a personas con enfermedades crónicas. Con la receta, que entregan los doctores de ambos centros de salud, la Truvada tiene un precio mensual de $68.900.

El Dr. Carlos Pérez destaca que a su consulta llegan pacientes con interés de tomar PrEP, pero luego lo descartan por el precio. Sin embargo, no receta a todos los que quieran medicarse. —Hay que considerar los factores de riesgo, no se puede medicar a alguien que no lo necesite—.

A Sebastián Troncoso el Dr. Pérez le preguntó sobre su actividad sexual durante los últimos tres meses y luego le dijo que era candidato para tomar PrEP. Troncoso evaluó la propuesta del Dr. Pérez durante tres semanas, hasta que decidió no iniciar el tratamiento.

—En los últimos tres meses solo tuve relaciones sexuales con dos conocidos y usamos preservativos, entonces no siento que entre dentro del grupo con riesgo. Además, son casi 70.000 pesos, que no es menor.

En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el primer requisito para adquirir PrEP es un trámite más formal. El jefe del Centro VIH del recinto hospitalario, Dr. Alejandro Afani, explicó que los pacientes interesados en tomar el medicamento deben llenar una encuesta para que los infectólogos evalúen si califican.

—Si se decide que la persona ingrese al programa, los contactamos para pedirle una serie de exámenes y citarlo con uno de los médicos—detalla Afani.

—El medicamento tiene un costo porque no forma parte del GES. Pero está a ese precio especial de $68.900, ya que antes costaba $400.000. Ya tengo unos 30 pacientes con PrEP—indica el jefe del Centro VIH de la Universidad de Chile.

Pero el Ministerio de Salud haría la distribución de forma gratuita. El director de Sida Chile y asesor del Ministerio de Salud, Dr. Carlos Beltrán aseguró que la entrega de PrEP a 5.000 pacientes comenzará el primer trimestre de enero, aunque el primer anuncio se hizo en mayo y fue postergado para el próximo año.

—El plan y su implementación está en pleno proceso. Pero no podíamos distribuir PrEP sin saber el estado serológico de la gente, por eso compramos un millón 60.000 test rápidos que están distribuidos en 75% de todos los Centros de Salud Familiar (Cesfam) del país. Ahora vamos con esta segunda etapa—dice Beltran.

Sin embargo, el Dr Afani aseguró que el equipo del programa VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile continuará las exigencias al Ministerio de Salud para que se cumpla la distribución del PrEP en el sector público —Seguiremos presionando para hacer los cambios necesarios con el Minsal. El PrEP hay que masificarlo—afirma Afani.

El presidente de la Sociedad Internacional de Sida, Anton Pozniak, estuvo en Chile la segunda semana de diciembre para participar de un seminario sobre VIH y SIDA en Latinoamérica. Al observar detalladamente las cifras actuales de la enfermedad en el país, precisó la urgencia de entregar Truvada en Chile como parte de la política pública de salud.

—Ya está claro que el foco más importante son hombres que tienen sexo con hombres. Todos los que quieran o se sientan en riesgo, deben tener acceso al PrEP porque imagina: si no tienes VIH le ahorras mucho dinero al Gobierno. La prevención es mejor que la cura—dice Pozniak.

Sebastián Troncoso consideró no iniciar el tratamiento por los efectos secundarios que podría generar la medicación diaria con PrEP, además de su alto costo. Sin embargo, Carlos (que ya tuvo miedo de contraer VIH en una ocasión y tuvo que conseguir el medicamento en el mercado negro para no correr riesgos), quisiera tomar la medicina, pero no puede costear los $68.900 mensuales.

Alex continuará con el método de prevención combinada que recomienda la OMS: usará condón y comprará Truvada por internet para tener sexo protegido, independientemente de la ciudad del mundo donde lo haga. Mientras tanto, Sebastián Roblero se plantea retomar la pastilla cuando vuelva a Dinamarca y, por ahora, utilizará preservativo cada vez que tenga relaciones sexuales en Chile.

 

La guerra que puso en jaque a la Filsa

Este año se escribió el capítulo más negro en la relación entre la Cámara Chilena del Libro, la Corporación del Libro y la Lectura, la Cooperativa de Editores de la Furia y la Asociación de Editores, los cuatro gremios vinculados a la industria editorial del país. En medio de acusaciones por prácticas poco transparentes, a las que se suma la habitual tensión entre la rentabilidad del negocio y el valor cultural de los libros, los actores del rubro al menos coinciden en que, si se quiere sobrevivir, solo hay un camino: dar vuelta la página.

En tierra de nadie: el drama de damnificados y habitantes de la toma Frei Bonn de Calama

En septiembre, un incendio destruyó el 65% de las viviendas del ahora del asentamiento ilegal, ubicado en Calama. 400 personas, entre ellas niños y ancianos, perdieron todas sus pertenencias y quedaron sin un lugar donde vivir. A tres meses del episodio, los damnificados, sobre todo los que son inmigrantes, denuncian abandono por parte de las autoridades, las que estarían solo preocupadas de coordinar el desalojo antes de ayudarlos.

Por: Irene Cereceda

Lidia Claure es boliviana y migró a Calama en 2016 en búsqueda de mejores doctores para su hija Katherine Cerrudo (27), quien, desde los 12 años, tiene una discapacidad. De profesión mecánica soldadora, Claure se encontró con una ciudad con altos valores de arriendos y sueldos bajos para quienes no trabajan en minería.

En este escenario, llegó a vivir a la toma Frei Bonn donde instaló un taller en su vivienda para así poder trabajar y cuidar a la hija a la vez, lo que le permitió percibir el dinero justo para comida y traslado. “Llegué a la toma por necesidades, al igual que la mayoría de mis vecinos afectados, no tenía otra opción”, dijo Lidia Claure. El 10 de septiembre perdió todo en el incendio que consumió el 65% de las viviendas de la toma y dejó a 400 personas damnificadas.

Hoy, vive en una pieza 4×4 metros junto a su hija, una ex vecina de la toma y el hijo de 10 años de dicha vecina; todos bolivianos. Con un ingreso mensual actual de $20 mil pesos, Lidia Claure asegura que ha logrado sobrevivir gracias a la ayuda de Cáritas Calama y de algunos conocidos. “Me cuesta mucho buscar otro trabajo, porque debo estar con Katherine todo el día y los jefes no entienden. Tampoco me puedo ir a mi país, porque allá no puedo salvarla”, comentó Claure.

El presidente de la Comunidad Boliviana en Calama, Roberto Carlos Calaguana, dice que la historia de Lidia Claure, es similar a la de la mayoría de las familias extranjeras afectadas por el incendio. “No tenían ni siquiera dónde dormir cuando se tuvieron que ir del albergue (Escuela 21 de Mayo) después de las vacaciones del 18 de septiembre”, asegura Calaguana, quien además explicó que la mayoría de los arriendos que podían pagar, pedían como requisito que fueran parejas sin hijos. “En la toma, el porcentaje más alto de habitantes eran niños y nadie quiere arrendarles una pieza a las familias con hijos”, comentó Calaguana, quien asegura que estas familias aún viven en abandono, hacinamiento y precariedad.

Un poco de historia

La toma Frei Bonn  comenzó el 17 de marzo de 2013, día en que 90 familias se tomaron el terreno, ubicado en el sector poniente de Calama, específicamente entre las calles Frei Bonn y Alonso de Ercilla. El vocero de esa época, Juan Navarro, anunció en su discurso que ninguna autoridad se había hecho cargo de lo que les pasaba. “Estamos todos arrendando o viviendo de allegados, hay gente que está viviendo en situación de indigencia en la ribera del río Loa”, dijo.

Desde allí a esta fecha, diversas situaciones ocurrieron en los terrenos de la toma Frei Bonn.

Derechos humanos y desalojos

Después de que el gobernador de la provincia El Loa, Eduardo Ochoa, dejó su cargo, en marzo de 2018, tras asumir Sebastián Piñera como Presidente de la República, se nombró como gobernadora a María Bernarda Jopia, quien desde el primer día aseguró que se haría cargo de desalojar la toma.

En este contexto, la autoridad provincial realizó un nuevo catastro que arrojó que en un año, el número de familias había aumentado de 253 a 315, a pesar de que 96 familias habían sido trasladadas al barrio transitorio. Después del incendio, María Bernarda Jopia, aseguró que en noviembre de este año se iba a ejecutar el desalojo de las familias que quedaron viviendo en la toma Frei Bonn, acción que finalmente no se concretó, pero de igual manera prometió a los vecinos que antes de Navidad la toma ya no seguiría.

Ante los anuncios de desalojo y tras el incendio, la sede regional del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), decidió intervenir en el proceso para que se hiciera valer la Circular N°19, que había sido considerada por la administración anterior y que establece la obligación de que los desalojos se realicen obedeciendo ciertas etapas que velen por el derecho de los residentes, sobre todo si la mayoría son menores de edad.

Sin embargo, el problema recayó en que en abril de este año, el Gobierno dictó la Resolución Exenta 2.137 del Ministerio del Interior que dejó sin efecto la Circular N°19, lo que según el jefe regional del INDH, Paulo Palma, es ilegal. “Dentro de los estándares internacionales existe un principio básico que es el de la No Regresión, el que establece que cualquier medida, alcance, norma o reglamentación que tienda un beneficio a las personas en materia de Derechos Humanos es un avance y una vez ya establecida, no se puede volver atrás”.

En este sentido, según Palma, debido a que en el gobierno anterior ya había hecho valer estos principios dictados por la ONU en campamentos de Antofagasta y Calama, haber dejado sin efecto el instructivo es ilegal. “Nosotros intercedemos y exigimos al Gobierno que respete los estándares internacionales de desalojo forzados”, explicó Palma.

El jefe regional del INDH informó que por ello intentaron reunirse con el intendente regional quien , “a diferencia de la gobernadora, sorpresivamente entendió el procedimiento”, aclaró.

Asimismo, aseguró que, según las normas internacionales y la circular de 2017, se establece, entre otras cosas, que no se puede desalojar a las familias cerca de fiestas como Navidad, Año Nuevo o de pruebas académicas relevantes. Además, es necesario notificar por escrito el desalojo, al menos, con tres meses de anticipación.

Al respecto, el intendente de la región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, dijo que están trabajando en una mesa con el INDH y que seguirán el instructivo recomendado para así realizar un trabajo serio y responsable. De esta manera, comentó que el proceso de desalojo está en pausa, pero que se realizará sí o sí. “Consideraremos todas las indicaciones, pero sin llegar al absurdo de la aplicación de todas las reglas en su conjunto y que eso signifique que no podamos hacer desalojo en ninguna época del año”, detalló la autoridad regional.

La gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia, dijo que la Circular N°19 ya está obsoleta, sin embargo, que están disponibles para aceptarla, sobre todo en el ámbito humanitario.”Nosotros estamos disponibles a aceptarlo y vamos a extender los plazos. Por ejemplo, ahora por Navidad y Año Nuevo, no desalojaremos, pero lo que sí está claro es que nosotros, en algún minuto, lo haremos”, expresó Jopia.

“No queremos vivir gratis”

La presidenta de la Junta de Vecinos (JJVV) de la toma Frei Bonn, Yoice Urbina, explicó que 79 personas de las que quedaron damnificadas en el incendio, volvieron a vivir en la toma como allegados. Aseguró que aún no ha recibido el informe definitivo de por qué se originó el siniestro y que los vecinos que siguen en el asentamiento “no viven tranquilos, porque tienen miedo de que se vuelva a quemar el campamento. Hace unos días tiraron una botella con bencina, nosotros lo vimos y menos mal que se controló”, dijo la dirigente.

Al respecto, la gobernadora de El Loa, comentó que desde un comienzo se les comunicó a los pobladores de la toma el origen del incendio, a través de lo informado por Bomberos. “En el informe del Comité de Emergencia se estableció que se produjo por una falla con el cableado eléctrico”, especificó Jopia y explicó que existen otras versiones sobre el origen, realizadas por los mismos habitantes de Frei Bonn, pero que, como autoridad, se quedan con la oficial.

Urbina, también afirmó que después del incendio ninguna autoridad se acercó a ayudarlos. “Ni siquiera preguntaron cómo estaban los niños damnificados o los que quedaron acá traumados. Todos, en general, se olvidaron del tema”, puntualizó.

El alcalde de Calama, Daniel Agusto, al respecto dijo que como municipio no cuentan con las herramientas para ofrecer ayuda a los damnificados con respuestas habitacionales, ya que eso es responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). También aclaró que las familias cuentan con redes de apoyo y que “siempre hay una amistad o alguien que, a veces, puede colaborar mientras ellos buscan una solución”, dijo.

La presidenta de la JJVV, expresó que, tras la indiferencia de las autoridades locales y las amenazas de la gobernadora ante inminentes desalojos, decidió enviar una carta al intendente exigiendo un barrio transitorio.”Hace 20 años que estoy en espera para un subsidio habitacional, al igual que muchos de mis compañeros”, dijo Yoice Urbina .

El vicario de Cáritas Calama y sacerdote, David Vargas, aseguró que uno de los problemas principales por los que tanto las personas que viven en la toma, como los damnificados no han recibido la ayuda necesaria se debe al estigma que se ha ido formando con respecto a ellos en la ciudad de Calama.

“La gente no tiene en claro que no todas las personas que viven o vivían en la toma eran traficantes y delincuentes”, dijo el sacerdote. Además, explicó que incluso cuando ocurrió el incendio, se intentó trasladar a los damnificados a un albergue municipal, ubicado en la población Santa Rosa, “pero los vecinos se interpusieron y quemaron neumáticos para evitarlo, porque decían que llegaría lo peor de Calama”, contó David Vargas.

El sacerdote, quien constantemente trata con la gente que vive en la toma y los damnificados, asegura que los que delinquen son los mínimos. “Tú vas y ves a mujeres trabajadoras, niños que van a la escuela y hombres de esfuerzo. Allí no ves delincuentes”, argumentó.Sin embargo, representantes de las juntas vecinales aledañas a Frei Bonn no coinciden con lo último.

La tesorera de la JJVV Portal del Inca ,Silvia Suárez, asegura que la mayoría de las personas de la toma son los responsables de los crímenes en el sector donde viven y que además, están en esa condición, porque no quieren pagar como el resto de los calameños. “Resulta que todos nos hemos sacrificado para tener una casa y ellos quieren todo gratis. Aparte de que la mayoría son extranjeros y piensan que acá es fácil tener un terreno”, dijo Suárez.

“Continuar nuestras vidas”

Según Cáritas Calama, de los 400 damnificados del incendio, los más afectados fueron aquellos extranjeros (69 familias), en su mayoría bolivianos, que no poseen redes de apoyo en la ciudad y quedaron prácticamente en la calle. Al ver que no contaron con una ayuda a corto plazo, Cáritas está trabajando con 47 familias para que puedan optar a la opción de barrio transitorio.

El vicario de Cáritas Calama afirmó que después de Fiestas Patrias, cuando se les ordenó salir del albergue, como institución reunieron dinero para poder pagar un arriendo por dos meses a los más afectados. “Queríamos también una solución a corto plazo, sabemos que entre los damnificados había gente que tenía la capacidad para pertenecer a un comité y otros que estaban de manera irregular y lamentablemente aún no podían integrarse hasta regularizar la situación”, explicó el padre David Vargas.

Ante esto, junto a Techo y Hogar de Cristo, Cáritas Calama pidió a la gobernadora poder armar una mesa social para atender la necesidad urgente para, por ejemplo, construir mediaguas, pero que no tuvieron respuesta positiva por parte de las autoridades locales, específicamente la gobernación, organismo que debe dar la autorización de construcción. “Después no quisieron armar la mesa social y comenzaron a dejarnos de lado, porque creían que estábamos fomentando la ilegalidad”.

La directora de Techo de la región de Antofagasta, Mariana Barbosa, dijo que efectivamente intentaron con Cáritas entregar una solución rápida a las familias que habían quedado sin hogar, pero que se encontraron con bastantes trabas puestas por las autoridades. “Como Techo nos pusimos a disposición por si había que construir algún barrio de emergencia, como lo hemos hecho en otras situaciones, pero el sector público no apoyó y las familias ahora básicamente están en otras casas del campamento, como allegados o arrendando piezas”, dice Barbosa.

“Nos llama mucho (como Techo) la atención que la respuesta por parte de las autoridades a este incendio fue muy distinta a los de Valparaíso, donde sí hubo acción a corto plazo”, Mariana Barbosa.

 

El padre David Vargas, explicó que algunas de las soluciones entregadas por el Gobierno fueron subsidios de arriendo, pero ninguna de las personas que estaban en situación de vulnerabilidad extrema cumplía con los requisitos para adquirirlos (Revisa aquí los requisitos). “Ellos habían levantado una ficha de emergencia que especificaba que podían acceder a beneficios inmediatos. Sin embargo, a pesar de la emergencia, no cambiaron los requisitos y nadie pudo obtener ese beneficio”, argumentó el vicario.

Víctor Charaja, peruano, y Rosario Arnés, boliviana, forman parte de los 47 damnificados que ayuda Cáritas para que formen un comité de vivienda y esperan optar a un barrio transitorio y luego a un hogar definitivo para dejar de vivir allegados. Charaja explicó que quedaron prácticamente en la calle con hijos, pero lo que más les afectó fue el trato recibido por las autoridades en el albergue y la indiferencia posterior.

En tanto, Rosario Arnés, dice que no entiende por qué la gente inmigrante es tan discriminada en Chile y que, al igual que ellos, trabaja con esfuerzo para poder comer.

Con respecto a la denuncia de malos tratos en el albergue, la gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia expresó que, hubo mucha sensibilidad en ese momento en los damnificados, por el nivel de la catástrofe, por lo que “me imagino que cualquier cosa que se dijera y se hiciera, para ellos, sería violento”. Asimismo, aseguró que muchos afectados dijeron que tenían grabaciones de maltratos por parte de algunos funcionarios y que ella se los pidió, pero nunca se los hicieron llegar.

En relación a los subsidios de arriendo no cambiaron los requisitos normales para obtenerlo. “Se los derivó para que hicieran los trámites en el Serviu, como debe ser, es decir, como lo hacemos todos los chilenos”, puntualizó la autoridad.

“Debe ser desalojada”

Después del incendio, se clausuró el territorio siniestrado debido a que “no contaba con las condiciones sanitarias para que la gente volviera a asentarse ahí”, según lo que informó el Gobierno Regional. Además, se atrasó el proceso de desalojo, sin embargo, las autoridades siempre aseguraron que este episodio no impedirá que se realice.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, Julio Santander, expresó que antes y después del incendio se llevaron a cabo catastros que les permitieron saber con claridad quiénes necesitan soluciones habitacionales y quiénes no, los que vendrían a ser un total de 91 familias (incluyendo a damnificados y también residentes actuales del terreno Frei Bonn) de 220 familias que, según sus registros , viven actualmente en Frei Bonn (ver infografía 1). “Hay un porcentaje grueso de personas que no tenían o tienen nada que hacer en la toma y se tienen que ir”, aseguró Santander. Además, la autoridad aclaró que se está conversando con los dirigentes y que se estableció un acuerdo que especifica que ya no se aceptará ningún otro asentamiento en la toma que no esté dentro de los catastros oficiales.

Con respecto a soluciones en el corto plazo, como construcción de viviendas de emergencia para los damnificados, el seremi Santander especificó que “Techo lo único que propuso fue volver a construir mediaguas en la zona, pero no se podía y por eso se les dijo que no. Hay un riesgo sanitario, sobre todo por los pozos negros”.

En cuanto a las soluciones habitacionales, Julio Santander, aseguró que ya están trabajando para definir los presupuestos para brindarle a esas 91 familias el acceso a un barrio transitorio, mientras esperan que se concreten los subsidios. “Son personas hábiles para tener un subsidio y estarán ahí, por lo menos, los 18 meses que demora la construcción de viviendas”, expresó.

A quienes no califican, según el seremi, se les entregará un Bono de Enseres que los ayudará a trasladar sus pertenencias. En cuanto a los extranjeros que estén en calidad de irregulares, especificó que si no regularizan la situación migratoria, no pueden recibir ningún beneficio porque el Estado no puede ayudarlos.

En cuanto a la propiedad de los terrenos que se quieren utilizar para construir proyectos de vivienda o barrios transitorios, el seremi de Bienes Nacionales, Omar Farías, dijo que “pondremos a disposición todos los que sean requeridos”, y especificó que están trabajando en una mesa en conjunto con el Minvu, Serviu y la Intendencia Regional para resolver la problemática.

El director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Rodrigo Saavedra, aseguró que Frei Bonn seguirá siendo prioridad en las soluciones habitacionales, ya que se está trabajando con ellos desde abril. “Tenemos identificados recursos que nos permitan empezar a hacer el trabajo social con las familias y también para inhabilitar lo que ya está siniestrado”, aclaró. Según el seremi de Vivienda, el plan es que de aquí al 31 de diciembre se arme el barrio transitorio para ejecutarlo entre enero y febrero de 2019 y así preparar la salida del sector donde las personas ya fueron notificadas.

De quién es el terreno

Si bien, en inicios de su mandato, la gobernadora aseguró que se preocuparían de desalojar la toma, en posteriores meses se tomó en cuenta que no todo el terreno era de propiedad fiscal. Desde el inicio del asentamiento se tenía claro que la Municipalidad de Calama también era dueña de parte del territorio. Sin embargo, a pesar de los estudios realizados, tanto por el municipio, como por Bienes Nacionales aún no hay un acuerdo del porcentaje que le pertenece a cada uno. Esto toma relevancia, ya que cada dueño debe solicitar el desalojo.

De esta manera, según lo especificado por Bienes Nacionales, de los 40 mil metros cuadrados, solo 3.571 son de propiedad fiscal. No obstante, según el alcalde de Calama, Daniel Agusto, “nuestros estudios dicen que la parte del terreno que nos corresponde es un poco más que el 50%. En un momento Bienes Nacionales emitió un informe distinto, pero nuestros catastros indican eso”.

El seremi de Vivienda, dice que “el 80% del terreno pertenece a la Municipalidad de Calama”, por lo que el Gobierno debe preocuparse del desalojo del terreno restante. Al respecto, el intendente dice que “hemos estado trabajando de manera integrada con el alcalde para ver de qué forma juntar los esfuerzos para dar paso a un proyecto mayor y coordinar el desalojo”. Lo mismo expresó el alcalde Daniel Agusto. “Hemos tratado de trabajar lo más coordinadamente posible para efectos de establecer y llevar a cabo la planificación que nos propusimos”, aclaró.

No basta con erradicar

Techo, en el catastro de campamentos 2017, especificó que los sueldos del rubro de la minería elevaron el costo de vida en la región de Antofagasta, lo que terminó ocasionando “una gran cantidad de personas vulnerables, no habilitadas para participar de este auge minero que vieron dificultado su acceso a vivienda propia o arrendada”.

 

Los datos entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, indican que en los últimos 15 años el déficit habitacional aumentó en un 3,4% en el Norte Grande, a diferencia del resto de las regiones, en el que disminuyó.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, en Calama hay 4.296 familias que requieren soluciones habitacionales. Al respecto, el académico del Instituto de Estudios Urbanos UC, Javier Ruiz-Tagle dijo que una de las causas más importantes del alza del déficit habitacional en el norte es el “boom minero”, pero también influyen con fuerza la inmigración y “la incapacidad que se ha tenido para construir más viviendas”.

Explicó que no basta solo con que el Estado construya casas en la periferia de las ciudad, como lo ha venido haciendo en los últimos 40 años, sino que también debe procurar que las personas vivan cerca de los centros urbanos. “Actualmente, la gente es cada vez más consciente de que no quieren vivir en lugares lejanos y prefieren quedarse allegados, hacinados o en asentamientos informales”, dijo el académico.

Ante esta problemática, el alcalde Agusto, dijo que como municipalidad están trabajando alineados con el Gobierno para resolver el problema y que “estimo que vamos a disminuir en un 50% el déficit gracias a este trabajo conjunto”.

La diputada de la región, Marcela Hernando, también expresó su interés en el déficit y dijo que “le he propuesto al intendente poder contribuir con ideas respecto de cómo avanzar en el tema de la solución de esta problemática”.

En tanto, el intendente Marco Antonio Díaz, dijo que el Plan Zona Norte, impulsado por el Ministerio de Vivienda, tiene como objetivo reducir el déficit y que comenzarán por entregar a Calama una solución alternativa temporal con los barrios transitorios, “para que así después puedan acceder también a la vivienda definitiva”, dijo la autoridad.

Una de las soluciones habitacionales con mayor número de viviendas construidas por el Estado en Calama, es el Complejo Inés de Suárez, el que se entregó en mayo de 2016. En ese entonces, un total de 361 familias se vieron beneficiadas. El último conjunto habitacional que se entregó en Calama fue el de Las Vegas, en agosto de 2017, en el que 160 familias obtuvieron una casa propia.

Desde que estas personas formaron los comités, hasta que finalmente les entregaron las viviendas, pasaron en promedio ocho años. Siguiendo la lógica, las 91 familias de la Toma Frei Bonn, consideradas por el Gobierno para acceder a viviendas, tendrían un hogar definitivo hacia el año 2026.

La toma Frei Bonn en imágenes

 

Lee la versión impresa del reportaje aquí.

Las promesas y sueños de urbanización en el campamento Manuel Bustos

A principios de los noventa llegaron las primeras cinco familias al campamento Manuel Bustos. En la actualidad, 127 personas han recibido su título de dominio, tras un largo proceso de urbanización. Las familias del campamento esperan regularizar pronto los servicios básicos para poder acceder a agua potable, alumbrado público, alcantarillado y tener acceso directo a la locomoción colectiva.

Para llegar al campamento Manuel Bustos, de Viña del Mar, se debe abordar los microbuses 201 o 202 en cualquier paradero de la típica calle Álvarez. El pasaje del microbús tiene un valor de 450 pesos y el lugar de destino es el paradero 8. Allí los integrantes del campamento deben hacer largas filas para tomar camionetas clandestinas que ellos mismos denominaron como “Uber”; estas los acercan a sus casas. Subirse a una de estas Uber tiene un valor de $500. El valor total solo para acceder al campamento desde el centro de Viña cuesta $950, por lo que de ida y vuelta son $ 1.900. En las noches se debe caminar o tomar las camionetas clandestinas, que elevan el precio por el horario nocturno a $1.000, lo que significa un gran gasto para las familias vulnerables del campamento Manuel Bustos. “Como no hay regularización, las Uber suben el pasaje cuando quieren, nadie las fiscaliza. Nos prestan un servicio, pero también se están aprovechando de nosotros”, dijo la dirigente y denominada vocera del campamento Manuel Bustos, María Medina.

Los conductores de los vehículos clandestinos son personas que viven en el campamento, conocen el sector por completo, también los caminos. Las camionetas que utilizan son altas, llenas de polvo, y trasladan a personas en los asientos y en la cabina trasera. “Hay que subir bolsas con alimentos, o carros con abarrotes, hasta donde te pueda dejar la camioneta. Muchas personas no se acostumbran al duro ritmo de vida que tenemos en Manuel Bustos”, afirma Cristina Ortega, dirigente del comité Juventud 2000. Por su lado, la dirigente María Medina recalcó que “uno de nuestros peores problemas es el acceso. Tenemos las Uber que se ponen en la plaza, pero en invierno estas camionetas no pueden subir porque el suelo se cubre de barro y los caminos se cortan”, señala Medina.

El campamento se originó en 1995, en el sector de Achupallas y Villa Independencia Alto, de Viña del Mar.Su nombre se definió en el año 1999, como un homenaje al fallecido presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señor Manuel Bustos Huerta.

Servicios básicos: la verdadera pobreza de “Manuel Bustos”

En la actualización del “Catastro Nacional de Campamentos 2018”, realizado por Techo-Chile, se contabilizaron 741 campamentos y 43.003 familias. La región con más campamentos es la de Valparaíso, con 188 asentamientos y con 11.150 familias habitando en ellos. Entre estos asentamientos se encuentra el campamento más grande de Chile, el Manuel Bustos. Según el documento “Mapa Social de Campamentos”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2011, en los campamentos de la Región de Valparaíso el 60% de la población es menor de 60 años, lo que ubica a Valparaíso 9 puntos porcentuales por sobre el valor nacional.

Al no estar urbanizados, las familias tienen una serie de problemas. Los principales son la basura, falta de agua, alcantarillado y alumbrado público. Dentro del campamento hay 23 dirigentes y cada uno de ellos se preocupa de cómo cubrir las necesidades básicas del grupo de personas que representan. Cristina Ortega, dirigente del comité Juventud 2000, afirmó que ella está conectada de manera ilegal a una cañería para tener agua. “Nosotros robamos el agua a través de motobombas”, dijo. Por su lado, María Medina afirmó que en su sector, al igual que en el de Cristina, están conectados de manera clandestina. “Nosotros le robamos el agua a Esval, empresa Sanitaria de Valparaíso, Aconcagua y Litoral, y ellos lo saben”, afirmó la dirigente. Sin embargo, no todas las familias de Manuel Bustos pudieron conectarse a las cañerías de Esval, por lo que muchas de ellas tienen estanques que son llenados por un camión aljibe municipal, lo que significa que un incendio en el sector podría ser fatal.

Otro de los grandes problemas del campamento es la basura: el camión recolector pasa solo por su parte superior, en el sector de El Esfuerzo y Manantiales, los martes y viernes. El resto de las familias debe bajar con sus bolsas de basura y depositarlas en contenedores a los pies de la población. “Estamos obligados a dejar abajo nuestros desperdicios y eso nos genera un conflicto con las juntas de vecinos de los alrededores, porque los botes colapsan”, afirmó Carolina Rojas, dirigente del comité Acogida 2001. Por su lado, María Medina destacó que “en Manuel Bustos no pueden poner contenedores de basura. No se pueden hacer inversiones ya que, a pesar de que estamos en proceso de urbanización, aparecemos como terrenos irregulares”, afirmó.

Cristina Ortega destacó que los problemas más graves con la basura son los grandes desechos de las personas, como colchones o basura tecnológica. “Les he dicho en reiteradas ocasiones en la municipalidad que tenemos peligro de incendios por los microbasurales que se forman en el campamento. Si acá hubiera un incendio grande, podríamos morir todos porque no hay agua”, añadió.

En el campamento se han producido varios incendios debido a los microbasurales, y en muchas ocasiones los bomberos no han alcanzado a llegar al lugar. “No ha habido un trabajo de emergencias con los bomberos, porque muchos dicen ‘incendio en Manuel Bustos’ y los bomberos se guían por el humo, pero por la falta de caminos no pueden acceder con rapidez. Lo mismo pasa con las ambulancias”, afirmó la dirigente Carolina Rojas.

La mayoría de la población de Manuel Bustos no tiene alcantarillado, por lo que deben construir pozos negros, generando un problema de salud pública. “Tenemos problemas con los pozos negros, sobretodo en invierno, porque los pozos se rebalsan. Yo tenía un vecino que todos los años, con las lluvias, rebalsaba su pozo y todos los desechos caían justo en mi cocina”, afirmó María Medina.

Al igual que con el agua, hay sectores más privilegiados que lograron conectarse al alcantarillado. “Cerca de mi ubicación, estamos a 200 metros de una cámara, entonces nosotros hicimos el trabajo de conectarnos a esa cámara y tener alcantarillado, pero son ciertas familias nomás”, señala Rosita Guerrero, dirigente del comité Vista Los Almendros.

Sin duda, los integrantes de Manuel Bustos concuerdan en que el servicio básico que la mayoría de la población anhela llegue pronto es el alumbrado público. Lo cierto es que en este aspecto, cada comité se organiza como mejor puede y de manera independiente. “Lo único que tenemos es el alumbrado domiciliario, no contamos con alumbrado público, en la noche es oscuro en invierno y verano”, afirmó María Medina. Por otro lado, en el campamento hay viviendas que se encuentran bajo una línea de alta tensión. “Ellos van a tener que salir, ya que solo se permite construir desde 15 metros de cada lado, a veces los cables tiritan o salen grandes descargas”, declaró Cristina Ortega.

 

Un largo proceso de urbanización

El 6 de diciembre de 2013 parecía ser un buen día para los integrantes del campamento Manuel Bustos, ya que habían logrado suscribirse al convenio denominado “Saneamiento e Infraestructura para Sectores Vulnerables”, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Gobierno Regional (Gore), para concretar inversiones y materialización de la infraestructura sanitaria y adquisición de terrenos para una solución definitiva. El exministro de Vivienda y Urbanismo Rodrigo Pérez recalcó el avance del primer gobierno del actual Presidente, Sebastián Piñera y destacó el avance que generaría en los campamentos. “Este convenio es un hito histórico del gobierno del Presidente Piñera con las familias más vulnerables de la región de Valparaíso. No solo se queda solo en la futura entrega de viviendas, sino que centra su foco en construir mejores barrios y ciudades, gracias a las urbanizaciones y otras obras que les cambiarán la vida a quienes han vivido durante años en injustas condiciones”, declaró. El problema es que estos barrios jamás fueron construidos.

Este acuerdo permitiría hacer un análisis detallado, para definir las zonas a radicar y regularizar territorios ocupados a través de la entrega de una solución definitiva,  como por ejemplo, la entrega de títulos de dominio y pavimentación de las vías principales, entre otras obras. Luego de firmar el contrato las familias de Manuel Bustos continuaron sin acceder a los servicios básicos. “Nosotros estuvimos luchando y dejando de lado todos los problemas que teníamos a diario por centrarnos en el convenio que firmamos con el Minvu y el Gore, porque este definirá si logramos tener una vida más digna”, declaró María Medina.

Los dirigentes de Manuel Bustos afirman que, desde que se firmó el compromiso, jamás vieron la primera piedra en la construcción y cada año que pasaba se acercaba la fecha de término del convenio. “Tuvimos que hacer un recorrido en el Congreso, pidiéndoles ayuda a los senadores y diputados. Recibimos apoyo de Ricardo Lagos Weber, de la senadora Isabel Allende y del diputado Marcelo Díaz. Si no nos organizamos como campamento, el documento hubiese caducado y se hubiesen vuelto a olvidar de nosotros”, afirmó Medina. En este contexto, Ricardo Lagos Weber publicó en su cuenta de Twitter, el 29 de enero de este año: “Junto a los vecinos del campamento Manuel Bustos Viña del Mar, reunidos con el intendente, Jorge Dip, para gestionar soluciones sobre regularización de terrenos y fortalecimiento de la seguridad pública en la parte alta de Viña del Mar”. Por su lado, el diputado Marcelo Díaz publicó el 9 de julio de 2018: “Recorriendo el campamento Manuel Bustos, sector Villa Independencia en Viña del Mar, junto a dirigentes. Se necesita un equipo especial, compuesto por abogados y trabajadores sociales, para avanzar a mayor velocidad en regularización de títulos de dominio iniciado en 2017”.

El lunes 26 de noviembre de 2018,  luego de toda la movilización de los integrantes del campamento Manuel Bustos lograron firmar la modificación del convenio del programa de Vivienda y Urbanismo. María Medina afirmó que presionaron a las autoridades, incluso con amenazas. “Si el documento no estaba firmado antes de que finalizara este año, nosotros íbamos a empezar a realizar acciones públicas como paros y protestas, pero gracias a nuestro trabajo y presión logramos que firmaran el convenio”, declaró.

Desde hace siete años no se actualiza el catastro de campamentos realizado por Minvu, según el cual existen 146 campamentos en la región. El convenio es válido solo para los campamentos que se encuentran dentro del castro de Minvu 2011. Sin embargo, según las cifras de Techo-Chile 2018, la Región de Valparaíso tiene 188 asentamientos y 11.150 familias habitando en ellos, por lo que 42 asentamientos se quedan fuera del convenio y son invisibilizados por el Gobierno. “El catastro de 2011 ya está obsoleto, sabemos que hay gente fuera, pronto va a haber uno nuevo que estará para acceso de todas las personas; es decir, va a ser transparente y se va actualizar obligatoriamente cada dos años, debido a que es un importante ejercicio que nos permite saber si estamos mejorando o no. De todas maneras, el catastro no va arrojar buenas noticias”, señaló Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo.

 

 

En el convenio se afirma que el nulo avance se debe a la falta de estudios previos para la totalidad de campamentos de la región. “Los estudios permitirán, en primer lugar, definir la viabilidad de radicación o relocalización de los campamentos que son parte del objetivo del convenio y, en segundo ugar, proyectar adecuadamente las inversiones que requieren aquellos asentamientos que están en condiciones de radicarse”. Con las modificaciones del convenio también cambiaron los montos del Minvu y el Gore. El monto original del Minvu era de $15 mil millones y esa cifra ascenderá a $20 mil millones. En el caso del Gore, el monto original era de $ 9 mil millones y aumentará a 15 mil millones, lo que suma en conjunto $ 31 mil millones para la radicación de campamentos. “En el convenio firmado en 2013 el monto original era de 24 mil millones, era suficiente para avanzar en algo, pero no se vio invertido”, afirmó Mauricio Gutiérrez, dirigente.

La modificación del convenio tiene una duración de 12 años y se desarrollará entre los años 2013 y 2025. “La cláusula dice que el convenio dura 12 años, pero contando desde 2013; es decir, tenemos seis años para que esté todo terminado, ahí termina el convenio y la inversión” declaró Carolina Rojas, presidenta del comité Acogida 2001. Las dirigentes recalcan que deben hacerle un seguimiento a las autoridades para que los recursos se gasten en la forma que dice el convenio y para que las obras empiecen en marzo.

Dentro del período del convenio firmado el 6 de diciembre de 2013 (“Saneamiento el Infraestructura para Sectores Vulnerables”), que tenía fecha de caducidad en 2018, el campamento Manuel Bustos fue topografiado, y el 3 de noviembre de 2017 fue presentando un plano de loteo que definía dónde se ubicarían las viviendas, áreas verdes y espacios públicos. El exintendente Gabriel Aldonay afirmó que el mapa de loteo entregaría las condiciones necesarias para que formara parte de un barrio de la comuna de Viña del Mar. “Este trámite es básico para futuras intervenciones que se van a hacer ahí, ya que el plan de loteo es técnicamente el fundamento o instrumento esencial para que se pueda intervenir el sector, generando proyectos de saneamiento de la población; es decir, alcantarillado, agua potable y pavimentación, no solamente de calles sino que también de aceras”, declaró.

Durante 2015, el municipio licitó el plano de loteo y fue declarado desierto. Volvieron a intentar adjudicarlo, pero “no pudimos ejecutar el proyecto porque no hubo oferentes. Por eso, el Serviu asumió la tarea de hacer los loteos para su aprobación por parte de la Dirección de Obras Municipales, desde una gestión propia, comprometiéndonos con el vecinos de Manuel Bustos”, afirmó Carlos Contador, director regional de Serviu.

Según los dirigentes del campamento, en el gobierno de Michelle Bachelet fue donde hubo más avances. El 20 de abril de 2017 se firmó el protocolo Plan de Urbanización Campamento Manuel Bustos, donde los terrenos pasaron a ser parte de las familias de forma gratuita. “Las partes acuerdan un Programa de Trabajo conjunto para la radicación del campamento Manuel Bustos mediante la urbanización de la posición del terreno a favor de las familias”. En este sentido, el dirigente, Mauricio Gutiérrez manifestó: “Ella logró que estos terrenos pasaran sin costo a las familias, que es algo que a muchos se les ha olvidado”.

Dentro del proceso de urbanización, algunos de los habitantes debieron derrumbar sus casas para adaptarse al mapa de loteo, y otros deberán irse porque están ubicados en terrenos de privados. “Siempre les repetimos a todas las personas de Manuel Bustos que no debían construir viviendas sólidas, porque nos habían advertido que cuando comenzara el proceso de urbanización algunas casas serían derrumbadas o reubicadas”, señaló el dirigente Mauricio Gutiérrez.

Una de las personas que debe derrumbar su cerco es Lorena Quilodrán, de la manzana 58, lote 02. Ella recibió una visita a las 14 horas en que le informaron que debía desplazar su cerco, según las medidas establecidas por el topógrafo del Serviu el 18 de abril del este año. “Tengo un avance de un 50% de los trabajos que se requería para obtener mi título de dominio. Me pidieron hacer un cerco trasero, desplazar el del frente y cerrar el cerco con el lote 03. El último plazo para tenerlo listo es el 17 de diciembre de 2018; perderé los beneficios”, planteó Quilodrán.

En este contexto, la dirigente Carolina Rojas declaró que el bajo avance en la urbanización de Manuel Bustos también tiene un lado positivo. “Si tuviéramos calles pavimentadas, sería mucho más difícil la urbanización porque dirían que hay que romper las calles, hacerlas de nuevo para organizarlas como avenidas. Habría que gastar muchos más recursos y nos dejarían de lado”, sostuvó.

La dirigente María Medina es una de las personas que espera hace más del 20 años que el campamento sea un barrio. La líder se siente bastante acongojada debido a que los primeros vecinos de Manuel Bustos han muerto esperando tener los servicios básicos. “Necesitamos que las personas que llevan décadas esperando vean hecho realidad el sueño de tener agua potable en sus casas, alcantarillado y agua potable”. Además, añadió que “nuestros vecinos se están poniendo viejos, ya varios han muerto y de forma indigna”. La dirigente cuenta que todas las veces que muere alguien deben llevar los féretros al hombro porque los vehículos no suben a todos lados. “Es algo que también nos duele y que tenemos que trabajarlo con el gobierno de turno, y que esto siga luego en terminar la urbanización para tener calles con cemento para que puedan subir sin problemas los vehículos”, afirmó.

Las autoridades se muestran optimistas con el nuevo convenio firmado entre los campamentos de la Región de Valparaíso. “Nosotros tenemos tres opciones de terminar con los campamentos. La de Manuel Bustos es la urbanización completa y entrega de títulos de dominio, debido a que llevan mucho tiempo esperando”, afirmó Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo. Además, añadió que las viviendas de Manuel Bustos no son tan precarias como las históricamente conocidas mediaguas. Lo que el Gobierno se ha propuesto hacer es dejar a la familia ahí, urbanizar, consolidar el terreno y que pase a ser un barrio y posteriormente comenzará a reparar las viviendas. “Sabemos que  tenemos que hacerlo rápido, porque 25 años es mucha espera. Por eso queremos avanzar lo más rápido posible en este gobierno, en estos más de tres años que nos quedan. Pero, sin duda, los trabajos de urbanización excederán este gobierno”, añadió Monckeberg.

Entrega de títulos de dominio

El 6 de diciembre de 2018 llegó el día tan esperando para 127 familias de Manuel Bustos: recibieron sus títulos de dominio. “Nuestro ministerio está llamado a dar buenas noticias, pero cuando estas se demoran más de 15 años, debemos solucionarlo. Y lo estamos haciendo, ya se está demorando menos, ustedes se lo han ganado”, declaró el ministro Felipe Ward. Por su parte, la alcaldesa Virginia Reginato señaló que seguirán apoyando a las familias de Manuel Bustos. “Ahora les entregamos a 127 familias sus títulos de dominio. Ellas han esperado por muchos años en condiciones bastante complicadas y hoy día ya son dueñas de su espacio, de su vivienda. Ellas ahora pueden acceder a tener otros beneficios, así que muy contentos nosotros como municipalidad, vamos a seguirlos apoyando”, afirmó.

Marta González, presidenta del comité El Esfuerzo, fue una de las beneficiadas con la entrega del título de dominio. “El sacrificio ha sido grande de todas las familias, de todos los dirigentes que estuvieron antes y los de ahora. Para mí es un logro que nuestro campamento se convierta en un barrio. En el futuro lo imagino hermoso, lleno de árboles y con locomoción colectiva”, dijo.

Según las autoridades, en el paso a seguir será continuar entregando títulos de dominio. “Lo que corresponde ahora es seguir regularizando títulos de dominio y las etapas serán urbanización, iluminación, pavimentación, agua potable; en resumen, los servicios básicos”, señaló el ministro Cristián Monckeberg. Además, afirmó que la primera piedra se pone ahora, y que todo el proceso irá con un acompañamiento social. “Tenemos que reordenar sitios, algunas personas deben correr sus cercos. Cuando esté urbanizado, empezaremos a entregar subsidios para que las personas puedan mejorar sus casas, por ejemplo ampliarlas, cambiar las ventanas, arreglar los techos con envolvente térmico”, afirmó.

Los dirigentes de los distintos comités de Manuel Bustos recalcaron la mala relación que tenían con la alcaldesa Virginia Reginato y lo poco que los ha ayudado en este largo proceso, asegurando que estaba vetada del campamento. “La alcaldesa decía que por ayuda humanitaria mandaba agua a los campamentos, cosa que no es real porque ella llevaba agua solo a algunos sectores y de su color político. Decía que ella no podía hacer más debido a que Contraloría se lo prohíbe”, dijo la dirigente Carolina Rojas.

Por su lado, María Medina contó que la expresidenta Michelle Bachelet les aconsejó acercarse a la alcaldesa. “Háganse amigas de ella, porque ustedes van a tener que trabajar con ella, independiente de que no estén de acuerdo con sus ideas o lo que está haciendo como municipio. Invítenla a conversar, limen asperezas, porque de ella va a depender el avance en Manuel Bustos”, afirmó Medina. Según la dirigente, este consejo lo llevaron a la práctica y para el Día Internacional de la Mujer del presente año invitaron a la alcaldesa e intentaron amenizar la relación. Según Carolina Rojas, el Serviu le va a pedir la desafectación del agua a la alcaldesa. “Como la municipalidad administra la desafectación del agua, no nos queda otra que llevarnos muy bien con Virginia Reginato”, recalcó.

A pesar de los dichos de los dirigentes, la alcaldesa señaló que siempre apoyó y continuará protegiendo a las familias de Manuel Bustos a través de la ayuda humanitaria y la regularización. “Con la entrega de los títulos de dominio, reafirmo el compromiso del municipio de continuar acompañándolos y apoyándolos a través de la entrega de agua potable, retiro de desechos, desmalezado, entre otros servicios”, sostuvó la autoridad.

Los dirigentes de Manuel Bustos afirman que seguirán en la lucha y que no descansarán hasta que todos los reciban sus títulos de dominio. “Hemos ganado muchas luchas como por ejemplo, somos considerados parte de la V región, hemos hecho cursos y capacitaciones en universidades y nuestra siguiente lucha será que todas las familias reciban su título de dominio”, afirmó María Medina.

El Ruido del Viento

El Parque Eólico Renaico, propiedad de Enel Green Power, asola a los vecinos de la comuna que comparte su nombre. Día y noche los residentes del sector Parronal deben soportar los ruidos que producen los molinos gigantes de metal, que sobrepasan la normativa regulada por el Ministerio del Medio Ambiente por hasta más de 20 decibeles.

Por Benjamín Cruz Pacheco

Es como un susurro, como una respiración acelerada, como el incesante aleteo de un insecto que entra en el canal auditivo. Es rítmico, constante, agudo y monótono. Es un omnipresente recordatorio de que a algunos metros se encuentra un gigante de acero que no dejará de mover sus brazos en tres décadas. Los acompaña en sus praderas, en sus cultivos, en sus caminos y en sus hogares. Ataca con más fuerza a sus animales y a los más pequeños de sus familias. No los deja dormir, no los deja trabajar, no los deja vivir.  El ruido de los aerogeneradores del Parque Eólico Renaico atormenta a sus vecinos, y, según la empresa Enel Green Power, no tiene ninguna intención de desaparecer.

Energía “limpia”

Hay más de 30 parques eólicos en Chile, que producen el 4,4% de toda la energía generada por el Sistema Eléctrico Nacional

Los gigantes de acero forman parte del paisaje en La Araucanía, sólo la comuna de Renaico está rodeada por tres parques eólicos, y la presencia de estos generadores solo se vuelve más ubicua con el aumento de la incidencia de las energías renovables.  Los registros del Ministerio de Energía indican que en nuestro país hay 30 plantas eólicas en operación, que durante este año han generado 2.783 gigavatios de energía, esto corresponde a un 27% de la producción de energía renovable en Chile y a un 4,4% de la generación total del Sistema Eléctrico Nacional. A estos se suman otros cinco proyectos que estarán operativos de aquí a 2020 y representan una inversión de 1.188 miles de millones de dólares.

Los aerogeneradores, herederos de los molinos que cazaba Don Quijote, tienen una altura de 100 metros de alto y tres aspas de 60 metros de longitud, que crean una hélice con un diámetro de 120 metros. En lo más alto de su mástil, al centro de la circunferencia de su hélice, se encuentra un compartimiento llamado góndola. Esta contiene un eje que absorbe el movimiento de las aspas, engranajes que multiplican ese movimiento y una turbina generadora de corriente. Sobre la góndola hay puesta una veleta, que le permite al molino girar su “cara” y enfrentar las corrientes de viento de la manera más eficiente. El proceso es simple: cuando corre viento las aspas giran y mueven el eje interior, a través de una serie de engranajes el movimiento del eje se traduce en una rotación de más de 1500 revoluciones por minuto; esta energía cinética es transformada en energía eléctrica por la turbina generadora y luego se transmite por toda la planta.

Pero esta energía renovable viene con sus costos humanos asociados. Debido al inmenso tamaño de los molinos aerogeneradores, su movimiento produce un ruido constante por varios metros a la redonda. Según datos de un estudio realizado en conjunto por la empresa General Electric y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, un aerogenerador puede llegar a producir ruidos de hasta 105 decibeles (dB) en un radio de 100 metros a su alrededor, lo que equivale al ruido de una cortadora de pasto. De ahí en adelante la intensidad sonora disminuye, pero la distancia mínima para instalar uno de estos gigantes sin que cause ruidos perjudiciales para la salud es de al menos 300 metros, punto en el que el sonido pasa a estar por bajo los 43 dB, equivalente al ruido que hace un refrigerador. Pero según David Parra, ingeniero del Ministerio del Medio Ambiente y especialista en la gestión de ruidos de parque eólico, el principal problema que presenta el ruido de los aerogeneradores no es necesariamente su volumen, sino su característica de amplitud modulada, es decir, su propiedad rítmica y repetitiva, que lo vuelve especialmente molesto al no detenerse durante el día ni la noche.

El reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de octubre 2018 “Enviromental Noise Guidelines”, describe al sonido ambiental como uno de los factores más riesgosos en el desarrollo de enfermedades físicas, conduciendo a enfermedades cardiovasculares, tinnitus, aumentos en la presión sanguínea y falta de sueño, que puede resultar en condiciones de salud mental; el informe enfatiza que el ruido continuo y permanente es uno de los estresores más fuertes sobre el desarrollo de los seres humanos. Respecto al caso específico de los aerogeneradores, el reporte recomienda que el ruido de estos se regule para nunca superar los 45 dB.

El caso Parronal

Carrasco es presidente de la junta de vecinos n°13, parronal La Hiedra.

Eduardo Carrasco es el presidente de la junta de vecinos n°13 Parronal La Hiedra, ha visto cómo los habitantes de su comunidad sufren por los aerogeneradores y se ha encargado de dirigir los esfuerzos por solucionar el conflicto. Al pasear por los campos de la zona, indica cómo los paisajes han cambiado: “Antes había todo tipo de pájaros y animales por aquí, incluso murciélagos en la noche. Ahora los animales y los insectos se fueron, eso afecta al ecosistema. Cuando le dijimos esto a Enel nos pidió que se lo comprobaremos, pero ¿cómo hacemos eso los vecinos?”. Él también es uno de las más de 50 personas afectadas por los aerogeneradores, ya que, a pesar de que no vive cerca del parque, posee una propiedad que colinda con él, y tiene un molino a sólo 140 metros de su cultivo. El ruido de los molinos le ha impedido trabajar la tierra y frenó sus planes de construir una vivienda en la propiedad. “Los vecinos ya no tenemos uso y goce de nuestro terreno, porque el ruido constante nos impide hacer proyectos en nuestras propiedades. Se han devaluado porque se vuelven inútiles, pero Enel nos exigió tres tasadores distintos para comprobar esto, nuestra comunidad solo pudo pagar uno, y eso no fue suficiente para la compañía”, dice.

Carrasco ha tenido que lidiar con Enel desde el primer día. Dice que la compañía llegó con grandes promesas, con sueños para la comunidad, pero estos se volvieron palabras vacías y desilusiones. Una reducción al costo del consumo energético; la posibilidad de trabajar en la construcción de la planta; grandes sumas para proveedores de la zona; todos estos compromisos se perdieron en el viento.

 Asegura que se han negado a establecer relaciones de confianza con la comunidad de la zona, las mesas de diálogo que se han sostenido se ven afectadas por el constante recambio de personal. Según Carrasco, Enel ha cambiado a sus representantes varias veces solo con el fin de retrasar las negociaciones y agotar a los vecinos en el proceso, impidiéndoles avanzar en una solución concreta a las problemáticas generadas por el parque. “Nosotros hemos recurrido a nuestras autoridades porque creemos que es la forma correcta de proceder en estos casos, pero sabemos que estos conflictos pueden poner freno a la inversión en energía limpia y desarrollo para la región, y no queremos eso”, agrega.

La comuna convive con otros dos parques eólicos en construcción: la central San Gabriel y la planta Tolpán Sur, operados por la empresa Acciona-Energía. En ambos casos, Carrasco asegura que las compañías han podido relacionarse con la comunidad de forma positiva e integradora, haciendo reuniones con los habitantes y estableciendo tanto normas como compensaciones que pueden resolver potenciales conflictos. “El caso del parque Renaico es excepcional, Acciona sabe tratar con sus vecinos, el conflicto no es con los parques eólicos, sino específicamente con Enel y su actitud hacia las comunidades” dice.

A continuación dejamos la entrevista completa:

Según Carrasco, el argumento preferido de Enel en todas las instancias de diálogo ha sido que su proyecto se ajusta al marco de la ley, pero una revisión detallada a los datos del proyecto y sus instalaciones demuestra que ese no es realmente el caso.

Impacto Ambiental, declaraciones contradictorias

El proyecto del Parque Eólico Renaico contempla 44 aerogeneradores que están distribuídos en un espacio de más de 30 terrenos

La junta de vecinos de Parronal La Hiedra representa a 50 viviendas y cerca de 80 personas según las aproximaciones de Carrasco.  Pero esta información se contradice con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debió hacer la empresa a inicios de 2012, antes de concretar el proyecto. Tras presentar la declaración, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo pidió que se individualizara a quienes vivieran a 1km a la redonda de los aerogeneradores. La primera adenda que entregó la empresa indica que solo hay 12 viviendas en el área de influencia del proyecto, pero este catastro solo contempla casas que se encontraban dentro de los terrenos utilizados por el parque; vecinos que viven en predios colindantes aseguran que jamás fueron consultados antes ni durante la construcción de la planta. Jorge Parant, propietario de Fundo El Refugio, uno de los terrenos más grandes dentro de los arrendados por Enel para instalar su estructura, asegura que con la empresa jamás se discutió en qué lugar exactamente se dispondrían los molinos, pero asumió que si estos se estaban emplazando en el límite del terreno la empresa debió conversar con los vecinos.

Pero las contradicciones más evidentes entre la DIA del proyecto y la realidad se manifestaron en el ámbito de la contaminación acústica. El decreto número 38 del Ministerio del Medio Ambiente fue publicado en noviembre del 2011 y regula la emisión de ruidos generados por fuentes fijas. Este decreto establece que en zonas rurales debe establecerse una medición específica como el “nivel de ruido de fondo”, y las fuentes de ruido fijas no pueden aumentar esa medida en más de 10 dB. El estudio de impacto acústico que Enel anexó a su declaración muestra que la empresa hizo mediciones de ruido en 13 puntos del terreno, donde se midió el ruido de fondo de la zona y luego se modeló el ruido que producirían los aerogeneradores mediante softwares computacionales; según esos cálculos el límite impuesto por la ley sólo se superaba en un punto el cual estaba alejado de viviendas. Tras el inicio de operaciones del parque y las crecientes quejas de los vecinos, la Municipalidad de Renaico presentó una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), quienes abrieron un proceso de fiscalización urgente, con nuevas mediciones acústicas en cuatro puntos del sector, incluidas viviendas de vecinos. El estudio de la superintendencia determinó que, en horario diurno, el ruido de fondo aumenta en 15 dB, cinco unidades por sobre el límite establecido por la ley; mientras que en el horario nocturno el aumento llegaba hasta los 24 dB. Las conclusiones del informe redactado por el fiscalizador Juan Pablo Granzow indican que estas medidas implican un aumento entre 4 a 13 veces el nivel de energía sonora que perciben los habitantes de la zona, pudiendo ser muy perjudicial para su salud.

Estas inconsistencias le han valido al Parque Eólico una falta grave ante la SMA, que se suma a las otras nueve faltas leves que lleva el proyecto, tres de ellas por no hacer seguimiento al nivel de contaminación acústica que produce su planta en distintos sectores y períodos de tiempo. Según la Ley Orgánica de la Super Intendencia de Medio Ambiente, esta falta puede significar el cese temporal de operaciones o una multa por hasta diez mil unidades tributarias anuales, lo que equivale a más de 5,8 miles de millones de pesos. Pero estas sanciones aún siguen en proceso de tramitación, mientras los vecinos de Renaico siguen esperando soluciones prontas al ruido que los atormenta.

Vivir con un gigante en la espalda

La familia Soto Maricán debe soportar día y noche los ruidos del aerogenerador que está a 240 metros de su hogar.

El aerogenerador B4 esta instalado a 240 metros de la vivienda de Boris Soto y María Maricán.

Es un terreno relativamente pequeño comparado con los fundos que lo rodean, tiene solo 20 hectáreas. Hay un par de viviendas modestas, una huerta de 500 metros cuadrados, un corral para animales y varios metros de maleza.  En el fondo, por sobre las copas de los árboles, se puede ver un gigantesco molino, de la hilera norte del parque. Cuando el viento sopla desde el suroeste, el molino, que está instalado a 200 metros de una de las casas, gira sus aspas y pasa por los árboles que separan ambos terrenos, abriéndose paso entre las ramas. En la casa más alejada del gigante vive Omar Soto, de 78 años, el dueño del terreno; en la otra vive su hijo Boris, de 50, junto a su esposa María Maricán, de 37, y su hija Valentina, que tiene apenas seis años. Según las mediciones de la SMA, su casa es el punto en que, tanto de día como de noche, el ruido de los aerogeneradores llega a alcanzar los 60 dB, superando el límite por 26 unidades.

Boris trabaja en el terreno, cuida a los animales, y asegura que la presencia de los molinos ha afectado la forma en que desarrolla su vida y oficio: “Nosotros aquí convivimos con animales: perros, vacas, caballos y aves; y todos los que vienen a este campo están preocupados por la salud de las criaturas”, dice. Hace dos años tenían un pequeño camino en medio del potrero, en el que practicaban carreras a caballo, pero hoy esa actividad se terminó, ya que ninguno de sus excompañeros estaba dispuesto a que sus equinos soportaran el zumbido de los aerogeneradores. Pero su mayor queja en contra de Enel es la poca consideración que existió con los vecinos del parque a la hora de la planificación: “Tienen un terreno gigante, casi 300 hectáreas, mientras que nosotros uno de apenas 20, y decidieron poner los molinos al lado de nosotros. ¿Qué le costaba a Enel instalarse 300 metros más adentro? ¿Por qué decidieron darle más importancia al caballero que es dueño del fundo enorme que a nosotros? Nos faltaron el respeto solo porque no tenemos plata”.

Antes de la llegada del parque, Omar Soto buscaba vender sus propiedades y juntar el suficiente dinero para poder retirarse a una vida tranquila. Su hijo Boris explica que los aerogeneradores frustraron esos planes:

María Maricán, la esposa de Boris Soto, es además secretaria de la junta de vecinos de Parronal y junto a Carrasco ha estado activamente dialogando con Enel Green Power para poder terminar pronto con el conflicto. Dice que la empresa no ha sido capaz de ponerse en su lugar y sólo les ha dificultado el proceso de conversación. Su vivienda fue un subsidio que se ganó mientras la empresa estaba evaluando el proyecto del parque eólico, por lo que, según ella, en primera instancia Enel se defendió de sus quejas alegando que fue la municipalidad la que jamás debió aprobar la construcción de una residencia en tierra aledaña a la planta

Una de las primeras propuestas que la empresa le ofreció fue poner paneles aislantes alrededor de su casa “¿Ellos creerán que yo me la paso encerrada? ¿Que por ser mujer de campo no trabajo?” dice.

El trato con Omar Soto no ha sido muy distinto. Junto a su hijo y su cuñada, Soto ha pedido a la compañía que reubiquen la vivienda de su familia unos doscientos metros más al norte del molino, al ser una casa prefabricada no sería muy costoso y permitiría mitigar el problema de los efectos que ha tenido en parque en la salud de todos. “Me ofrecieron cinco millones de pesos”, dice él, “una sola vez. ‘Cinco palos para que te calles’ me dijeron, ni un peso más”.

Las víctimas no terminan entre quienes habitan junto a los molinos. Todos los días cientos de trabajadores entran a los fundos de la zona, cruzando las sombras de los gigantes que se imponen en el paisaje, y durante sus ocho horas de jornada laboral escuchan el incesante ir y venir del susurro de molinos que los rodean. Luis Fernando Rosales trabaja en el fundo El Refugio, maneja maquinaria pesada y asegura que el ambiente cambió desde que los molinos llegaron al sector. “Arriba de la máquina a veces ni se escucha, pero el resto del tiempo sientes su presencia todo el rato. Caminamos por el terreno y sentimos las aspas pasar por encima de nuestras cabezas, el zumbido nos acompaña todo el tiempo”. Otro trabajador del sector, que prefirió no identificarse, aseguró que, tras la llegada del parque, no les quedó otra opción más que acostumbrarse al ruido, tratar de borrarlo de sus mentes; pero que además los molinos han provocado levantamientos de polvo e insecticidas, cosa que no ocurría con la pura fuerza del viento. “Cuando nos toca trabajar ahí en medio de todos es peor”, agrega Rosales, “porque el sonido se pone más fuerte, como si se potencia entre ellos los gigantes”.

foto-molino-5

Image 1 De 6

“La inversión no es real”

El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, ha dispuesto todos los recursos posibles de la municipalidad en apoyo de la comunidad de Parronal. Las salas de reuniones del edificio de la institución han servido como puntos de encuentro para la empresa y los vecinos, y Reinao mismo ha estado presente en varias oportunidades, pero asegura que lo engorroso y extenuante del proceso ha destruido la reputación de la compañía y del empresariado en la zona. “Hemos perdido la confianza en las empresas. Durante todo el proceso de construcción del parque los conflictos con los proveedores fueron un mal augurio, y ahora, tras dos años de operación, los vecinos no aguantan más la explotación”. En 2015 y 2016 hubo protestas en contra de la empresa por parte de vecinos afectados, las cuales contaron con el apoyo del edil. Durante noviembre, Reinao consiguió una reunión personal con Valter Moro, gerente general de Enel Green Power, donde la gerencia se comprometió a resolver los conflictos lo antes posible, y con soluciones que aporten al desarrollo de la comuna, “pero nosotros ya no sabemos si creerle”, dice el alcalde, “hay un problema con la conducta de la empresa, que es la mentira sistemática. Dicen que van a invertir 240 mil millones de dólares en la región, pero no contratan a personas de la comuna, no pagan a los proveedores, y pagan los impuestos desde la matriz en Santiago. Absolutamente ni un peso queda en la región, la inversión es falsa, solo se aprovechan de los recursos de nuestra zona”.

Al ser contactados para este reportaje, desde Enel Green Power Chile se negaron a responder las acusaciones hechas por los vecinos o la municipalidad, ni se refirieron a las contradicciones presentes en la Declaración de Impacto Ambiental del parque eólico Renaico o al caso específico de Omar Soto. Sí aclararon que la empresa está haciendo los esfuerzos por poner a las comunidades cercanas a sus instalaciones en el centro de su quehacer, esto a través de un programa de cumplimiento que presentaron a la SMA el 3 de diciembre. El programa, que contempla una serie de planes de mitigación respecto a las infracciones medioambientales que registra el parque, es una de las opciones que la empresa tiene para enfrentar los cargos; de ser aprobado por la Superintendencia, Enel podría evitar las multas millonarias que le significan sus faltas ecológicas.  El programa no hace mención de la comunidad de Parronal, no presenta medidas de compensación a los vecinos, ni nombra el caso de la familia Soto o contempla ninguna de las problemáticas presentadas por los trabajadores del sector. 

(El ruido escuchado a lo largo de este reportaje es el sonido que producen los aerogeneradores, grabado directamente desde el Parque Eólico Renaico. Los vecinos de la zona soportan este sonido las 24 horas del día )

Precio de los fármacos en Chile: la enfermedad sin cura

El país está entre los miembros de la OCDE donde la gente debe gastar más dinero de su bolsillo en salud, mientras que los medicamentos innovadores son un 38% más caros que en el resto de Latinoamérica. Sobre quiénes son culpables, “las farmacias dicen que son los laboratorios, y los laboratorios responden que son las farmacias”, sostuvo Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública.

Por José Joaquín Durán

“Para mí, el acceso a medicamentos es equivalente a vida”, dijo Piga Fernández, presidente de la Fundación Gist, que ayuda a personas con tumor del estroma gastrointestinal. El Gist es un tipo de cáncer que pese a ser una enfermedad rara no está incluido en la Ley Ricarte Soto. Aquella norma establece un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, y además posee una cobertura universal, de acuerdo con el Ministerio de Salud. “A través de la fundación, el laboratorio que produce nuestro medicamento brinda un apoyo a los pacientes y en mi caso, si no fuera por este plan, no estaría aquí”, afirmó Fernández, quien padece de Gist.

En Chile, “el gasto de bolsillo es alto, independiente de para quien sea, pero para las enfermedades raras es prohibitivo”, señaló Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes y directora de la Fundación Me Muevo. El gasto de bolsillo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es el pago directo, por parte del paciente, del costo total de un bien o servicio para la salud. Según el “Panorama de la Salud 2017” de la OCDE, los países miembros de la organización tienen un gasto de bolsillo que llega al 20% del desembolso en salud. Pero en Chile alcanza el 32%, que lo convierte en el quinto país donde el usuario más debe costear desde su propia billetera. Por otra parte, según el mismo estudio, mientras que en el promedio OCDE el gasto de bolsillo en salud sobre el total de lo que pagan los hogares es de un 3%, en Chile llega al 4,1%.

“El gasto de bolsillo es alto, independiente de para quien sea, pero para las enfermedades raras es prohibitivo”, Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes

Piga Fernández señaló que, si bien “ los pacientes con Fonasa tienen el medicamento gratis -que cuesta dos millones de pesos mensuales-, los que están en Isapre deben pagar entre 126 y 180 UF (lo que significa de tres y medio, a casi cinco millones de pesos) al año”.

En un estudio realizado este año por Roberto Álvarez y Aldo González, académicos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, donde se comparaba el costo de los medicamentos en países de Latinoamérica, estos señalaron que “tanto para el precio público, como para el de salida de fábrica, el promedio es más alto en Chile” (ver tabla).

 

La ruta del medicamento

En Chile, la cadena de distribución de los medicamentos tiene tres partes: los laboratorios, las farmacias y las distribuidoras; pero de estas últimas hay muchas que pertenecen a las cadenas dispensadoras de medicamentos (ver recuadro). Sin embargo, la atención de las autoridades está en los laboratorios y las farmacias, porque existen negociaciones directas entre aquellos actores. Ante esta situación, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, comentó que “queremos que en toda la red de distribución, desde el laboratorio a la farmacia, transparenten sus precios y ahí veremos dónde están los precios altos. Porque las dispensadoras de medicamentos dicen que son los laboratorios, y ellos responden que son las farmacias”.

En el país, de acuerdo con el Ministerio de Salud, hay 2.955 farmacias, de las cuales un 53% son parte de las grandes cadenas y un 47% corresponde a farmacias independientes. Pero en cuanto a la venta de medicamentos, el 90% pertenece a las cadenas y el 10% a los independientes.

Para Samuel Gálvez, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile (Afich), las grandes cadenas “son un monstruo operacional que genera una estructura de costos que se recarga al precio final. Por eso las farmacia independientes venden más barato, porque son una sistema mucho menor”. Entre los cinco medicamentos más vendidos en Chile, la diferencia de precios, según provengan de farmacia de cadena o independiente, puede llegar a ser hasta de un 300% (ver gráfico). Al ser consultados por la situación, desde Salcobrand señalaron que “se debe a que los costos de operación de la cadena son más elevados que los de las farmacias independientes y que, por lo demás, el precio publicado se encuentra sin los descuentos aplicados que, normalmente, tienen los clientes”.

“El problema no se va a solucionar con más regulaciones a la dispensación, porque cada vez va a ser más difícil competir entre nosotros”, comentó Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes (AFI). Rojas agregó que “desde siempre hemos denunciado que el alto costo tiene que ver con el precio al que las farmacias adquieren los medicamentos. Si nosotros compramos caro, no tenemos otra alternativa”.

De acuerdo con el directorio de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Canalab) “el aumento de la regulación, si bien entendemos que es necesario, debe enmarcarse en un contexto de país, y debemos recordar que finalmente estos requisitos se transfieren al precio final. El directorio de Canalab agregó que “dentro de los factores que limitan la sustentabilidad de la industria (farmacéutica) nacional está la alta concentración en la dispensación de medicamentos”.

En noviembre, el Sernac publicó una investigación sobre la diferencia de precio entre fármacos innovadores y bioequivalentes, donde se determinó que el medicamento para el tratamiento del colesterol, con el principio activo Atorvastatina, tenía la mayor diferencia de precio. El Lipitor, fármaco de marca del Laboratorio Pfizer, fue encontrado a un precio máximo de $57.590; mientras que el bioequivalente Atorvastatina, del Laboratorio Chile, estaba a un costo de $2.890. En respuesta a lo anterior, Mauricio Huberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, sostuvo que “muchos dicen, en el caso de la Atorvastatina, que la diferencia alcanza un 3000%, pero no se estudia la cantidad de personas que lo toman. Nadie toma Lipitor”. Huberman precisó que “lo primero que hay que arreglar es el sistema de competencia, porque está totalmente degenerado, desde los laboratorios a las farmacias”.

En abril de este año, el jefe de la división de estudios de mercado de la Fiscalía Nacional Económica, Sebastián Castro, en una minuta dirigida al Fiscal Nacional, consignó que “existen espacios del mercado de medicamentos que no se encuentran funcionando de forma adecuada, desde el punto de vista de la competencia” y que, por lo tanto, “se estima que existen razones para realizar un estudio sobre la evolución competitiva en el mercado de los medicamentos”. Lo resultados de la investigación estarán disponibles el 2019, entre julio y agosto.

En relación con la venta directa entre laboratorios y cadenas de farmacias, el presidente de la Afich,  Samuel Gálvez, comentó que “desconozco si tienen exclusividad. Nosotros decimos que son ‘peleas de perros grandes’”.

Pelea de perros grandes

De acuerdo con un estudio realizado por la consultora IQVIA (ex IMS Health) para noviembre de 2015 (el último disponible), en Chile el precio de los medicamentos está bajo el promedio total de los países de América Latina, pero los remedios de marca son un 38% más caro (ver mapa). En el mismo estudio se indicó que los medicamentos de marca en el país, pese a representar un 15% de las unidades vendidas, son el 36% del valor total de los fármacos vendidos.

Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), comentó que: “cuando se habla de los precios altos en los fármacos son los innovadores. Porque son los medicamentos de las multinacionales, que tienen patente, los que tienen una diferencia notoria de precio con los países vecinos. Aquí nos llegan los remedios a un precio más caro”.

Alfred Haindl, gerente de Negocios y Personas de Salcobrand, comentó que para entender el costo final de un medicamento en las cadenas hay considerar que “de cada 100 pesos que paga el cliente, 74 es para pagarle al laboratorio, por lo tanto, 26 es el margen directo. Pero de eso, un 24,8 es para costear el funcionamiento, donde, a fin de cuentas, la utilidad es de un 1,2%. Luego, a eso hay que sumarle el IVA”. Haindl añadió que “El problema está en los medicamentos de marca, ahí es donde somos los más caros y quiero saber por qué los laboratorios internacionales le cobran a Chile más caro que a otros países”. En el caso de Cruz Verde, declinaron referirse a la situación, mientras que en Farmacias Ahumada, a la fecha de publicación del reportaje, no hubo respuesta.

“El problema está en los medicamentos de marca, ahí es donde somos los más caros y quiero saber por qué los laboratorios internacionales le cobran a Chile más caro que a otros países”, Alfred Haindl, gerente de Negocios y Personas de Salcobrand

El gerente de Negocios y Personas de Salcobrand, en relación con la venta de fármacos de marca por parte de los laboratorios internacionales, señaló que “si es para vender un fármaco al público, los laboratorios me lo ofrecen a 100, pero si es para una municipalidad, lo harán a 10. Sin embargo, es el mismo producto en ambos casos. La pregunta es por qué”.

De acuerdo con José Luis Cárdenas, presidente de los Productores Locales de Medicamentos (ProlMed), la diferencia “está vinculada al volumen y al tipo de compra, y que además son productos que se compran a través de licitaciones públicas”. Cárdenas agregó que “si ellos quisieran comprar al mismo monto que la Cenabast (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud), van a tener que multiplicar el precio de venta al público por mucho más, de lo contrario no cubrirán el funcionamiento logístico. Esa es su contradicción”.

“Los laboratorios asociados a la CIF (Cámara de Innovación Farmacéutica) y a ProlMed, por razones de ellos, nos venden mucho más caro que a Europa y a nuestros vecinos”, comentó Héctor Rojas. “Muchos chilenos cuando viajan compran medicamentos más baratos, no porque las farmacias sean más baratos, si que es porque esas farmacias compran más barato que en Chile”, añadió Rojas.

“Que los medicamentos sean tres o cuatro veces más caros es una falsedad”, declaró Jean-Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF). El vicepresidente de la CIF añadió que “hay diferencias en el precio al llegan los fármacos al público, porque las condiciones que presenta Chile, en relación con otros países, son distintas. Hay una diferencia en la cobertura de estos medicamentos, pero también está el nivel de competencia y la estructura de distribución y  de comercialización que, aquí en Chile, está hiperconcentrado. Por último, en otros países hay una incidencia tributaria”. Según un estudio de IQVIA, en los países de la OCDE, el promedio los medicamentos innovadores reembolsados es del 70%, mientras que en Chile es solo de un 6%.

 

Bioequivalencia a medias

El ex ministro de Salud, en el período 2010-2014, Jaime Mañalich, comentó que “la idea de la ‘Ley de Fármacos I’ era disminuir el gasto de bolsillo de las personas, porque la mitad de ese gasto está representado por medicamentos. Además, lo fundamental era avanzar en los bioequivalentes genéricos con certificación de calidad”.

Jaime Mañalich, ex ministro de Salud en el periodo 2010-2014.

Pero para el 2017, de acuerdo con IQVIA, en el mercado de prescripción chileno había un 45% de medicamentos que no eran ni de marca, ni bioequivalentes. Mauricio Huberman señaló que “los originales tienen estudios y en los bioequivalentes hay un grupo en que efectivamente lo son, pero también hay otros en base a pruebas físicas-químicas, que con eso se consideran bioequivalentes. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de medicamentos sin pruebas, que si bien no hay signos que sean nocivos, tampoco los hay que sean buenos”.

El 29 de noviembre, se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que los profesionales de la salud tengan la obligación de prescribir medicamentos por su Denominación Común Internacional (DCI).

Frente a los tipos de fármacos, Cecilia Rodríguez mencionó que “estamos en uno de los países más complejos para entender cómo funciona el sistema de medicamentos” (ver recuadro). Mientras que Piga Fernández comentó que “cuando salen genéricos me da desconfianza, porque a lo mejor la molécula es la misma, pero el resto de los componentes no lo son”.

Según el presidente de la AFI, Héctor Rojas, la indicación de solo prescribir genéricos, que está contemplada en el proyecto de ley “Fármacos II”, “es buena, pero, lamentablemente, entre los productos hay diferencia de calidad. Eso lo sabemos los que trabajamos detrás del mesón, porque acá recibimos muchas veces las protestas de la gente, quienes dicen que un medicamento no les surte el mismo efecto”.

Cecilia Rodríguez mencionó que, como agrupación de pacientes, “dimos cuenta de tres enfermedades donde los fármacos genéricos tuvieron efectos adversos. Esto significa que, si bien apoyamos la recomendación de prescribir siempre el bioequivalente, si la respuesta que tienen los pacientes no es la misma que hay con el original, tienen que haber medidas para solucionar la situación”.

Por otra parte,  Elmer Torres, vicepresidente de la Asilfa, comentó que “someternos en un corto periodo a la bioequivalencia significó un retiro de muchos productos del mercado  y el alza de los medicamentos genéricos. Si la ‘señora Juanita’ pagaba 200 pesos por el Alprazolam, con la bioequivalencia, ahora paga 1000 pesos. Eso nunca se dijo en la primera ley”.

“Entre los productos hay diferencia de calidad. Eso lo sabemos los que trabajamos detrás del mesón, porque acá recibimos muchas veces las protestas de la gente, quienes dicen que un medicamento no les surte el mismo efecto”, Héctor Rojas, presidente de la AFI

La investigación “Quality Regulation and Competition: Evidence from Pharmaceutical Markets” publicada este año por Juan Pablo Atal, José Ignacio Cuesta y Morten Sæthre, concluyó que “la regulación de la calidad (en el caso de los fármacos bioequivalentes) puede tener efectos competitivos involuntarios. Contrariamente a la motivación de reducir los precios a través de una mayor competencia, encontramos que los precios medios pagados aumentaron y que la participación de mercado de los genéricos no aumentó”. Según la Canalab, “la bioequivalencia, exigida hasta hoy, ha generado desabastecimiento y aumento de precios, pero estimamos se puede corregir con un trabajo conjunto entre actores públicos y privados”.

Pero en palabras del vicepresidente de la CIF, Jean-Jacques Duhart, pese a que “algunos decían que al aplicarse la bioequivalencia los fármacos suben de precio, pero la evidencia dice lo contrario. Al haber mayor competencia logras tener un menor precio promedio”. Duhart añadió que “el problema es que estamos a mitad de camino de la bioequivalencia”.

Fármacos 2.0

El proyecto de ley conocido como “Fármacos II”, surgido inmediatamente después de ser aprobada la “Ley de Fármacos I”, tuvo este año una serie de modificaciones, introducidas por el Ejecutivo, que contemplan la obligación de transparentar los precios de toda la cadena productiva y mejorar el acceso a fármacos, tal y como señaló el Presidente Sebastián Piñera en mayo. Asimismo, el ministro de Salud, Emilio Santelices, tuiteó en septiembre que “la ‘Ley de Fármacos II’, de nuestro Presidente Sebastián Piñera, es una batería de indicaciones que, en su conjunto, bajarán los precios de los medicamentos”.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, mencionó que “la ‘Ley de Fármacos II’ tiene un objetivo, y es que el gasto de bolsillo de las personas disminuya, por lo tanto, lo que nosotros queremos es que el mercado de los medicamentos sea más competitivo, y para eso tenemos que demostrar transparencia”. Daza añadió que en relación con la eliminación del IVA y la implementación de subsidios para los medicamentos, “todavía no hemos visto nada”.

El senador del Partido por la Democracia y presidente de la Comisión de Salud, Guido Girardi, comentó que “la única forma de tener medicamentos más baratos, es que los genéricos sean promovidos. Porque hoy en día tenemos genéricos que poseen la misma eficacia terapéutica que la que  tiene un innovador”. Girardi agregó que “soy partidario que le saquemos el IVA a los fármacos, porque es un bien público. Por lo que, hay que seguir avanzando en esta legislación”.

“La única forma de tener medicamentos más baratos, es que los genéricos sean promovidos. Porque hoy en día tenemos genéricos que poseen la misma eficacia terapéutica que la que  tiene un innovador”, Guido Girardi, senador del Partido por la Democracia

Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista que es parte de la Comisión de Salud, dijo que “le hemos planteado al gobierno diversas formas de reducción de precios, desde quitar el IVA a subsidios cruzados, pero todas han sido rechazadas por el gobierno, y luego dicen que quieren bajar el precios”.

Por otra parte, Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional y también parte de la comisión, dijo que “esta ley es una gran oportunidad para tener una política nacional de bioequivalentes, porque Chile paga un mayor precio de bolsillo y eso requiere buscar fórmulas”. Chahuán añadió que “buscamos establecer un seguro que garantice el acceso a los fármacos y le otorgue un reembolso a los pacientes, tanto de las Isapres como Fonasa. Además, hemos planteado un IVA diferenciado, pero no eliminarlo, porque podría darse la discusión de porqué los fármacos y no los alimentos de primera necesidad. Con eso el Ministerio de Hacienda ha sido tajante”.

En una línea similar, Javier Macaya, diputado de la Unión Demócrata Independiente y miembro de la Comisión de Salud, comentó “prefiero que los incentivos para medicamentos de uso ambulatorio sean cubiertos por la seguridad social, tanto Isapres como Fonasa, pero no creo que sea adecuado quitarles el IVA, porque es un mecanismo importante de recaudación fiscal”.

“Hemos planteado un IVA diferenciado, pero no eliminarlo, porque podría darse la discusión de porqué los fármacos y no los alimentos de primera necesidad. Con eso el Ministerio de Hacienda ha sido tajante”, Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional

Las proyecciones

En mayo, el Gobierno anunció la creación una página web que cuenta con información de 11.726 fármacos y los precios de aproximadamente 3.500 medicamentos. Además, la lista sería ampliada por medio de las incorporaciones que fueron propuestas para el proyecto de ley “Fármacos II”, con datos que, hasta aquel entonces, no era de carácter público. “La información es como la luz: permite tomar mejores decisiones. Y esto va a significar una reducción significativa en los precios de los medicamentos”, comentó Sebastián Piñera, en aquel entonces.

Mauricio Huberman, comentó que “El Salvador hizo un observatorio de precios internacional, donde ven los precios internacionales y ahí determinan lo máximo que se paga. El laboratorio que no quiere se va fuera. Así los precios, en el sistema público de ese país, bajaron en un 45%”.

En septiembre, el Ministerio de Salud y la Cenabast anunciaron el desarrollo de un observatorio internacional de precios, que será estrenado en el último trimestre del 2018. “A través del observatorio (de precios), lo que buscamos es poder exigir un trato igualitario a los proveedores cuando las condiciones de los medicamentos sean similares”, afirmó Emilio Santelices, ministro de Salud, a El Mercurio.

“El Salvador hizo un observatorio de precios internacional, donde ven los precios internacionales y ahí determinan lo máximo que se paga. El laboratorio que no quiere se va fuera. Así los precios, en el sistema público de ese país, bajaron en un 45%”, Mauricio Huberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos

Por otra parte, el presidente de la AFI, Héctor Rojas, dijo que “un observatorio internacional de precios es necesario para saber a cuanto le venden los laboratorios a otros países, pero la única forma en que bajarán los medicamentos importantes es con una actitud enérgica de parte del Gobierno y los legisladores”.

Pero también hay otras medidas que apuntan hacia otro tipo de solución. El vicepresidente de la Asilfa, Elmer Torres, comentó que “los medicamentos innovadores en Chile, la única manera en que efectivamente bajen es con un subsidio del Estado. No veo otra salida y eso es lo que se está solicitando”. Por otra parte, Mauricio Huberman señaló que “deben transparentarse los canales de producción, garantizarse la libre competencia y que el Estado pueda importar los medicamentos de alto impacto para abastecer el sistema público”.

“Los medicamentos innovadores en Chile, la única manera en que efectivamente bajen es con un subsidio del Estado. No veo otra salida y eso es lo que se está solicitando, Elmer Torres, vicepresidente de la Asilfa

Mientras tanto, la vocera de las Agrupaciones de Pacientes, Cecilia Rodríguez, sostuvo que es importante recuperar la confianza de los pacientes, porque Chile tiene “un mercado que la gente no logra comprender. Pero como es tu familia la que está enferma, uno se guía por lo más caro. La falta de comprensión hace que las personas opten por imagen o precio”. Rodríguez añadió que “necesitamos mejorar el sistema para que se garantice una credibilidad que esté dada por el profesionalismo de la salud, no por las marcas”.

Cecilia Rodríguez, vocera de las Agrupaciones de Pacientes

Mientras tanto, la vocera de las Agrupaciones de Pacientes, Cecilia Rodríguez, comentó que es importante recuperar la confianza de los pacientes, porque Chile tiene “un mercado que la gente no logra comprender. Pero como es tu familia la que está enferma, uno se guía por lo más caro. La falta de comprensión hace que las personas opten por imagen o precio”. Rodríguez añadió que “necesitamos mejorar el sistema para que se garantice una credibilidad que esté dada por el profesionalismo de la salud, no por las marcas”.

Coronel: la zona de sacrificio para los niños

Tras una serie de exámenes, los escolares de la comuna han presentado niveles altos de metales pesados en la sangre. Además, las patologías asociadas a contaminación han subido un 30% en la ciudad.

 

Desde hace dos años la palabra cáncer ronda en su cabeza. Constanza Contreras tiene 16 años y a los 14, en un examen aleatorio de la Seremi de Salud de la Región del Biobío, le detectaron arsénico en altos niveles en su organismo.

“Me dijeron que en 20 años más era posible que desarrollara un cáncer”, relata la menor que integra el grupo de 49 niños con metales pesados en la sangre de Coronel, comuna que pasó de ser una zona de reconversión, tras el cierre de Enacar en 1996, a una de sacrificio medioambiental. Hoy los escolares tienen altas concentraciones de arsénico, níquel, cadmio y mercurio en sus cuerpos.

Resumen.cl

Las investigaciones que datan de la última década sindican a una de las dos termoeléctricas situadas en la exciudad minera como la responsable. Así lo expresa la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Metropolitana (Bidema) de la Policía de Investigaciones, que en 2014 determina, mediante un informe, que la central Bocamina -liderada por Endesa S.A en ese año- depositó material particulado en el suelo coronelino, contaminando con ello el subsuelo, el aire y la bahía. En el suelo, mercurio y vanadio aparecen en todas las muestras, sobrepasando los límites máximos establecidos en 21% y 274%, respectivamente (según la norma de referencia canadiense para suelos residenciales), lo que representa un peligro para la salud de la población y del medio ambiente.

“El punto S0, correspondiente al más cercano a la chimenea de Bocamina II, presenta las mayores concentraciones de arsénico, cromo, zinc, mercurio, plomo y vanadio, lo cual indica que el sector de la planta termoeléctrica de propiedad de Endesa S.A. puede ser considerara como fuente de origen de la contaminación”, dice el expediente.

Los resultados se sumaron a la investigación que inició en 2012 la fiscal Ana María Aldana, que confirmó que la termoeléctrica contaminaba tanto el aire, a través de sus vertederos, como del agua por la filtración de elementos tóxicos a las napas subterráneas y el mar. “No teníamos una flagrancia, había que acreditar el daño ambiental, lo cual hicimos. También teníamos que acreditar que era esta termoeléctrica y no otras fuentes (las que contaminaban) y lo probamos con un informe de microanálisis que demoró un año y medio en la PDI. Se usó un microscopio de última generación que estaba recién adquirido para esta causa. Llegamos a parámetros que no habíamos llegado antes en ninguna investigación”, declaró Aldana en octubre a Diario El Sur.

“El sector de la planta termoeléctrica de propiedad de Endesa S.A. puede ser considerara como fuente de origen de la contaminación”, informe de la Bidema de la PDI de 2014.

Bocamina no solo está inserta en el casco urbano de Coronel, sino que también posee el vertedero de cenizas de carbón más grande del mundo ubicado en el centro comunal. Pero esta no es la única en la zona. También está -desde 2012- Santa María, de Colbún, en el sector sur de la comuna. Esta no posee un vertedero de cenizas cercano a poblaciones, sino que distante a unos 12 kilómetros por la ruta a Patagual.

En tanto, de acuerdo al Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (Snifa), la termoeléctrica de Enel tiene el segundo lugar en el ránking de multas altas en el país, siendo superada por SCM Minera Lumina Copper, en la Región de Atacama (14.745 Unidades Tributarias Anuales (UTA)). La central fue multada en 2014 con 8.640 UTA por superar la norma de material particulado. Esta es la más elevada aplicada al sector de energía, pero no es la única, pues la empresa también integra la lista por infringir la Norma de Emisión de Termoeléctricas en 2014. Debió pagar una multa de 1.032 UTA.

Colbún, según Snifa, no posee infracciones, suspensiones ni multas de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente.

 

La exposición

Durante la última década, los vecinos de Coronel decidieron alzar la voz frente a lo que sucedía con las termoeléctricas en la comuna. Surgieron las primeras querellas y protestas para Bocamina y también para Santa María.

Sin embargo, solo con la primera las fiscalizaciones arrojaron índices que superan la norma establecida sobre el material particulado (anualmente debe ser 20 ug/m3 3 y diarias de 50 ug/m3). Desde ahí, no sólo se puso énfasis en el posible daño medioambiental, sino que también en la salud de los pobladores, en particular los niños, cuya matrícula escolar bordea los 10 mil alumnos.

OLCA

En ese sentido, el departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud del Biobío, desde 2015 ha realizado diversos procedimientos de bio-monitoreos en los menores, como una evaluación de metales pesados en población escolar (4-15 años); un Screening en la Escuela Rosa Medel, ubicada a 200 metros de Bocamina; y una evaluación de metales pesados en pre-escolares de zonas priorizadas de ciudad (actualmente en curso).

“Se les realiza un examen toxicológico para cuantificar la presencia de metales pesados (arsénico, mercurio, cadmio y níquel) en la orina”, señala Daniela Guíñez, epidemiología de la Seremi de Salud Biobío. Detalla que en la primera evaluación resultaron con valores sobre la referencia 18 escolares de un total de 288 (6,25%) para arsénico (7), mercurio (5), níquel (3) y cadmio (3). De este primer proceso, todos los niños fueron dados de alta, sin evidencia exposición crónica o daño en salud, tras ingreso a sistema de vigilancia implementado en el Hospital San José de Coronel y asesorado por el referente nacional de toxicología del Ministerio de Salud.

Escuela Rosa Medel de Coronel

En el Screening a la Escuela Rosa Medel, en tanto, se efectuaron 59 muestras, en las cuales 10 escolares presentaron valores sobre la referencia, 9 para arsénico y 1 para níquel. “De este segundo proceso, todos los niños fueron evaluados clínicamente, y los resultados no evidencian exposición crónica o daño en salud”, dice Guíñez.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, en una visita por la comuna, el 14 de septiembre se comprometió a incrementar los procesos de vigilancia epidemiológica ambiental, así como diagnosticar el estado de salud de la población, a través de la ampliación del proceso de muestreo de metales pesados en la población y su vigilancia clínica. Para ello dispuso 4 mil muestras. Hasta noviembre, se han tomado 524.

Constanza Contreras, que está dentro del grupo inicial de muestreo, cuenta que el primer monitoreo de la Seremi de Salud determinó que no existía metal en su sangre. Sin embargo, dice, el diagnóstico no concuerda con su estado de salud actual. “Constantemente me sangra la nariz, tengo alergia, dolores de estómago y de cabeza. Incluso, a veces, se me paraliza el lado izquierdo. Ni siquiera me puedo tocar, porque me duele mucho.”, señala. 

Su madre, Flavia Uribe, añade que “me dicen que no tiene nada, pero siempre tengo que ir a buscarla al colegio, a mitad de clases, porque tiene dolores fuertes de cabeza y de estómago. Le he hecho exámenes en el sistema público, pero no arrojan nada”.

Dr. Helmuth Goecke Sariego.

Los síntomas de la escolar se asociarían a la exposición a metales pesados, según explica el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, Dr. Helmuth Goecke Sariego: “Estos son tóxicos, porque tienen efectos acumulativos dañinos que pueden causar cambios degenerativos crónicos, especialmente en el Sistema Nervioso Central, hígado, riñones y, en algunos casos, pueden tener efectos teratogénicos y carcinogénicos”.

El académico y director del Centro de Simulación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el médico Nicolás Saá, por su parte, añade que “es posible también encontrar trastornos cognitivos entre los menores como parte de las consecuencias de la exposición a metales pesados”.

Juana Hernández y su hijo José, de 12 años.

Ese es el diagnóstico que tiene José de 12 años, el hijo de Juana Hernández, presidenta de la Agrupación de Familias con Metales Pesados de Coronel, quien cuenta que “cuando te dicen metales pesados, piensas al tiro en cáncer, pero hay una serie de enfermedades asociadas, como mi hijo que tiene problemas de aprendizaje. En mi familia, de mis cuatro hijos, los dos menores, José y Antonella (que estudiaron en la Escuela Rosa Medel), salieron con níquel, arsénico y mercurio en la sangre tras el muestreo hecho por la Seremi de Salud. Yo también tengo presencia de estos”.

A tal grado ha llegado la contaminación en el planeta por termoeléctricas, principalmente de carbón, que la Organización Mundial de la Salud, expone, mediante un estudio, que “las pruebas relativas al material particulado suspendido en el aire y sus efectos en la salud pública coinciden en poner de manifiesto efectos adversos para la salud con las exposiciones que experimentan actualmente las poblaciones urbanas, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. El abanico de los efectos en la salud es amplio, pero se producen en particular en los sistemas respiratorio y cardiovascular”.

“Cuando te dicen metales pesados, piensas al tiro en cáncer, pero hay una serie de enfermedades asociadas”, Juana Hernández, dirigenta de las Familias con Metales Pesados de Coronel.

 
La reintoxicación

Las manifestaciones clínicas de intoxicación por metales dependen de varios factores, señala el doctor Goecke: la cronicidad de la ingestión, la ruta de exposición y la salud general del huésped.

“La intoxicación aguda por metales es el resultado de una larga exposición en un período corto de tiempo, mientras que la intoxicación crónica resulta de exposiciones en bajas dosis: medio ambiente y por exposición ocupacional. El manejo va a depender de si se trata de una afección aguda o crónica, e incluye medidas de soporte y emergencia, drogas y antídotos específicos, dependiendo del metal de que se trate”, señala.

Dr. Nicolás Saá

 La reintoxicación de los menores que seguirán viviendo en la comuna es algo que preocupa al médico Nicolás Saá, pues esto tendría consecuencias futuras, que se pueden asociar a la epigenética, disciplina que estudia los cambios en la expresión de los genes que no obedecen a modificaciones en la secuencia de ADN y que son heredables. “Las condiciones de vida, la calidad del aire que respiro, la pureza del agua que toma mi familia, el sistema educativo en que inserto a mis hijos, el tipo de alimento que consumo, afectan directamente los mecanismos reguladores de la expresión de genes, y que pueden al mismo tiempo causar alteraciones epigenéticas que se traspasarían de generación en generación, por lo que el daño no sólo quedaría en mí, sino que también para los hijos de mis hijos”, asegura.

Crecen las enfermedades

Los últimos tres años, las patologías derivadas del cáncer, alergias, enfermedades respiratorias y trastornos cognitivos, que están ligadas a la contaminación, se elevaron en un 30% en al comuna, según estadísticas de la Dirección de Administración de Salud de Coronel (DAS).

“No es un dato menor, considerando que tenemos 85 mil usuarios. Estamos absolutamente preocupados y haciéndonos cargo del tema dentro de lo que podemos como municipio”, señala el subdirector de la DAS, Alejandro Martínez.

Método OligoScan.

En ese sentido, realizaron un nuevo muestreo a los estudiantes de la Escuela Rosa Medel, contigua a Bocamina, en Vitaclinic, mediante el examen de OligoScan, el que determinó que 21 personas (de 102 alumnos), es decir 14 niños y 7 adultos, tenían metales pesados en altos niveles en la sangre. Sin embargo, el análisis fue desestimado por la Seremi de Salud por considerar que no es eficaz.

“Está validado internacionalmente”, dice Martínez sobre esta metodología, que a diferencia del examen de sangre u orina, toma fotografías de la palma de la mano, reflejando lo que ocurre directamente en los tejidos, detectando acumulaciones tóxicas de elementos.

“Nuestra postura fue tomar la muestra a los mismas personas que ellos encontraron metales pesados. Estas muestras aleatorias detectaron que había metales pesados en el organismo”, añade.

Frente a esta constante en la salud de los menores, el pasado 29 de noviembre, el Municipio de Coronel pidió el cierre del vertedero de cenizas de carbón de Bocamina. La petición se suma a la de los vecinos afectados por metales pesados, que no solo solicitan lo mismo, sino que también que Enel Generación Chile se haga partícipe del tratamiento de los menores, pues, como explica el académico Nicolás Saá, el cuerpo elimina los metales pesados a través de la orina o la función de un vaso hepático, pero “el problema es la reintoxicación”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familias con Metales Pesados, Juana Hernández, asegura que la demanda no es por dinero, pues “con eso no nos devolverán la salud”, sostiene. Lo que buscan como grupo es que se realice un tratamiento completo y un monitoreo de por vida, los que deben correr por gasto de la empresa y no del Estado. “Que (Enel) les realice los exámenes correspondientes a los niños, con responsabilidad, y que nos den la tranquilidad de quizás no tenemos algo”, manifiesta. “He pedido reuniones con Enel, pero no ha pasado nada. Solo pido que se hagan responsables de la salud de los niños”, sentencia.

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, el pasado 10 de diciembre acudió al exCongreso Nacional en Santiago para exponer frente a la Comisión Investigadora de Zonas de Sacrificio de la Cámara de Diputados, donde entregó los antecedentes de la crisis medioambiental y de salud que afecta a la ciudad. “Aparte de tener una de las termoeléctricas más antiguas en funcionamiento en Chile, existe el vertedero de cenizas único en el mundo emplazado en el casco urbano de la ciudad. Ese acopio nos ha permitido llevar estos antecedentes a la Comisión para que se pueda robustecer la deficiente legislación que existe hoy y que -de una vez por todas- el Estado nos garantice vivir en un ambiente libre de contaminación, como así lo determina la Constitución”, señala.

Según el jefe comunal, el vertedero de Bocamina, de acuerdo a la investigación de la fiscal Ana María Aldana, “tiene la mayor cantidad de moléculas de metales pesados según la norma permitida. Eso es lo que afecta la salud de los habitantes, porque efectivamente contaminan las napas subterráneas y el 73% del agua que consumen los coronelinos provienen de estas. Este es un llamado de atención a las autoridades, porque diariamente estamos siendo contaminados”.

Van 22 fiscalizaciones

 
Un informe de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de 2014, muestra los principales impactos ambientales asociados a las centrales termoeléctricas de carbón, como Bocamina, tienen relación con emisiones a la atmósfera, consumo de agua y alteración del ecosistema acuático, descargas de residuo líquidos, manejo de residuos sólidos y de materiales peligrosos, y emisiones acústicas. Además, emiten “dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado (MP), monóxido de carbono (CO) y gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2). Además, dependiendo del tipo y la calidad del combustible empleado (carbón y petcoke, por ejemplo), el proceso de combustión puede emitir otros contaminantes, tales como metales pesados (mercurio, arsénico, cadmio, vanadio, níquel etc.)”, detalla.

No obstante, según la jefa regional de la SMA del Biobío, Emelina Zamorano, el radio de emisiones de material particulado de Bocamina no se puede determinar. “Pueden ser 100 ó 1000 kilómetros de distancia. El viento de Coronel no permite ser exactos, por lo que se debe hacer una modelación para determinarlo”, señala.


Por su parte, el seremi de Medio Ambiente del Biobío, Mario Delannays, detalla que en Coronel se instaló un sistema de monitoreo y se levantó la información de emisiones para las termoeléctricas, que se regulan según D.S. N° 13 del año 2011. Este decreto pone los límites a las emisiones de material particulado. “Con respecto a los efectos adversos de la central, estos fueron considerados y ponderados en las evaluaciones ambientales ingresadas al SEIA. Cualquier efecto adverso posterior deberá ser sancionado por el o los órganos competentes”, indica.

Bocamina registra a la fecha 22 fiscalizaciones directas en terreno realizadas por la SMA entre 2013 y 2018, sin considerar un número muy superior de fiscalizaciones remotas efectuadas en igual período. Mientras que Santa María de Colbún, entre 2013 y 2018, se han efectuado 11 fiscalizaciones directas en terreno, es decir, la mitad de las efectuadas a símil. 

De momento, solo la central termoeléctrica liderada por Enel Generación Chile se sindica como la emisora de contaminación que tiene a los niños de Coronel conviviendo con metales pesados en su sangre y aumentando los porcentajes de enfermedades asociadas a la polución. “Nos están matando, nos están contaminando y nadie hace nada”, sentencia Juana Hernández.

Bocamina: “No contaminamos”

En 1970 se instaló Bocamina I en el sector de Lo Rojas, en Coronel. Una pequeña termoeléctrica de Endesa, que en 2012 decidió crecer e instalar Bocamina II. Tres años después, la compañía de electricidad italiana Enel Generación Chile pasó a liderar la central, que está en el centro de las miradas por su posible responsabilidad en la presencia de metales pesados en la sangre de los menores de la comuna.

Rodrigo Ulloa, Enel.

“Cuando investigas, te das cuenta que hay niños con metales pesados. No obstante, si se profundiza, los estudios, debido a que hay muchas industrias, no determinan si es de origen animal, de los alimentos o del agua, porque nuestro país tiene muchos metales pesados. Esta es una zona de carbón, por lo que algo debe haber quedado en el suelo. Hay muchas causas, pero hoy no hay un responsable, tampoco hay gente afectada por metales pesados, solo mediciones que han determinado que no son crónicas”, sostiene Rodrigo Ulloa, encargado de Medio Ambiente de Enel Generación Chile.

-Entonces ¿Bocamina no contamina?
-Estamos muy tranquilos, porque conocemos lo que emitimos y que nunca nos sobrepasamos en el límite. Sabemos que con los metales pesados nuestro aporte es absolutamente marginal, independiente de lo que digan los medios de comunicación u otros industrias. Sabemos que no somos una fuente de una situación como esa.

-Las autoridades comunales piden el cierre del vertedero ¿Cómo enfrentan esa postura?
-Somos una empresa que tiene su actividad comercial conforme a la normativa que nos rige. Hoy tenemos una obligación de generar energía y cumplir las normas ambientales. Por tanto, toda conversación que se refiera a ese estilo debe verse en el ámbito legal. A nosotros ni la autoridad que nos rige a nivel eléctrico ni la medioambiental nos ha solicitado una situación como esta. Además, esto no es llegar a solicitarla. Nosotros operamos la central desde una filosofía de buscar la impecabilidad desde un punto de vista ambiental.

Eso nos motiva a seguir haciendo inversiones para mejorar nuestro desempeño medioambiental y seguir este extenso monitoreo ambiental. Reportamos todo lo que debemos reportar. Enel hace más de 90 reportes al año de distintas temáticas. Es una actividad absolutamente controlada. En ese camino avanzamos muy tranquilos, porque no solo respetamos la norma, sino que hemos ido mucho más allá de lo que se nos exige. Tenemos una planta con el mejor desempeño medioambiental.

– Pero Bocamina ha tenido multas, querellas y sanciones por el daño que ha provocado
-Bocamina efectivamente ha tenido problemas. Pero hay que dejar claro que éstos no han tenido que ver con impactos ambientales, nosotros no hemos contaminado, no hemos generado daños ni efectos significativos adversos al medio ambiente. Los problemas del pasado han sido administrativos. Pasamos por un cierre, pero en 2015 todo quedó normalizado con la nueva resolución de calificación ambiental. Todo lo que hacemos es impecable tanto ambiental como sanitario.

-Pero hay multas, la más alta en energía son de ustedes, por emisión de material particulado sobre la norma
-Los problemas del pasado no tienen que ver con haber emitido más de lo que debiera haber emitido, descargado sustancias nocivas al medio marino, metales pesados o salud. Sino que construir una casa distinta a la que se dijo que se haría.

 

 

 

El luchecillo en el Lago Lanalhue: una (ir)responsabilidad compartida

Desde 2004, la planta acuática se ha convertido en un problema para la cuenca del lago porque ha puesto en riesgo tanto al ecosistema como al desarrollo socioeconómico de la zona. El exceso de nutrientes que tiene el cuerpo de agua debido a las actividades humanas que se practican a los alrededores es el alimento primordial del luchecillo, lo que hace que siga creciendo año a año de manera exponencial. Durante 14 años se han realizado investigaciones en el lago, pero todavía no ha habido una solución que termine con el problema de fondo.

M. Piedad Jiménez Larraín

Hace unos 35 años, Gabriela Elgueta y su marido Carlos Martínez compraron una casa prefabricada en Santiago y la llevaron a orillas del Lago Lanalhue, ubicado entre Cañete y Contulmo, en la Región del Biobío, para instalarla en el sitio que habían adquirido. En 2004, Gabriela y su familia comenzaron a notar la aparición de algunos cisnes de cuello negro en el lago. “Acá no habían cisnes”, comenta Gabriela Elgueta. “Empezamos a ver uno que otro hace como 15 años atrás, en ocasiones muy de repente”, dice.

El hijo de Gabriela, Carlos, recuerda que hace más de diez años empezó a fijarse en un tipo de planta que apareció en el lago. “Al caminar hacia adentro te dabas cuenta de que en el fondo del agua había una planta que era molesta. La sacábamos con el pie, la tomábamos con la mano y la tirábamos lejos. En ese entonces no era nada grave”, recuerda Carlos.

Sin embargo, a medida que pasaron los años, la planta pasó de ser fastidiosa a impedirles bañarse con tranquilidad. Carlos Martínez menciona que el luchecillo comenzó a salir solo, pero llegó un momento en que afloró a la superficie.

El luchecillo crece en lagos poco profundos como el Lanalhue, que no tiene más de 20 metros en su parte más honda, a diferencia de lagos similares en tamañao como el Pirihueico, que tiene 145 metros de profunidad.

“Nosotros hemos tratado de hacer varias maniobras para poder eliminarlas, desde sacarlas con la mano hasta meter máquinas, pero esta cuestión sigue saliendo. Es bastante incómodo porque ahora tienes que fijarte por dónde meterte. De hecho, cuando el lago está calmo se ven las diferencias de colores en las partes donde hay luchecillo y donde no”, dice.

Patricio Pereira es dueño de las cabañas “Paraíso Lanalhue” desde 1999. Hace siete años vive en la zona, pero antes iba todos los veranos, y, por lo menor, una vez al mes a visitar sus cabañas. “En términos turísticos a veces sí nos afectó el tema del luchecillo porque había gente que le tenía miedo”, señala. “Me comentaban que no querían venir porque era incómodo bañarse y muchos preferían otras playas que eran más planas y bajas donde no existía la planta”.

PLANTA ACUÁTICA INVASORA

La cuenca hidrográfica del Lago Lanalhue mide 360 km2. Es casi del tamaño de Valparaíso. El cuerpo de agua mide 33 km2 y tiene casi 20 metros de profundidad en su zona más honda. El Lanalhue es un lago calmo, rodeado de cerros y, por la transparencia del agua, se reflejan los colores del cielo y los árboles, dando la sensación de estar viendo una postal.

Todavía hay zonas del lago donde el luchecillo no ha llegado y se puede apreciar la transparencia del agua que permite ver el fondo sin problema.

 

La población de la cuenca se dedica principalmente a la silvicultura, agricultura, ganadería y turismo. Varias casas, cabañas y campings están instaladas al borde del lago. Ofrecen una vista insuperable y son necesarios solo unos cuantos pasos para salir de las instalaciones y poder disfrutar de las aguas del lago.

En invierno es más bien solitario. Solo los fanáticos de las lluvias y el frío se aventuran a ir. Pero la temporada de verano es distinta. Parte en noviembre y diciembre de forma incipiente con unas 200 personas, pero explota en enero y febrero, donde se alcanza el peak turístico del año, con unos 1.300 al mes. Según la Subsecretaría de Turismo, aquellos que van a disfrutar del lago son principalmente de la Región del Biobío, específicamente de Concepción, y la mayoría lo hace por motivos de vacaciones y ocio. 

El Lago Lanalhue forma parte de la Cordillera de Nahuelbuta, nombre con el que se conoce a la Cordillera de la Costa en esa región. Juncos, pataguas, cisnes, carpas, taguas, taguitas, zorros de Darwin, carpinteros negros, aguiluchos, ranitas de Contulmo, e incluso un par de lobos marinos, son algunas de las especies que se desarrollan en el sistema lacustre.

Cisnes, yecos y taguas son aves que habitan en el Lanalhue y conviven con las otras especies. Cada uno es fundamental para preservar el ecosistema lacustre y permitir un equilibro ambiental.

Pero por sobre todas esas, resalta una por su gran extensión y condensación: la egeria densa, o más conocida como luchecillo. Es la planta que se utiliza en los acuarios, con un tallo verde y hojas en toda su extensión. Puede alcanzar varios metros de altura si es que las condiciones lo permiten y extenderse por kilómetros y kilómetros, característica propia de las plantas acuáticas invasoras. Luz, poca profundidad y nutrientes es lo que necesita el luchecillo para crecer. Por eso, encontró en lago Lanalhue un hábitat perfecto para su desarrollo. Sin embargo, su crecimiento desmedido no solo afecta las actividades recreativas, sino que está empezando a asfixiar al ecosistema.

El uruguayo Nestor Mazzeo estudió en la Universidad de Concepción entre 1990 y 1996. Es biólogo y miembro del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad de Uruguay y tiene varios estudios sobre la egeria densa. Señala que si no se hace nada para revertir el proceso, se intensificará, y el crecimiento de la planta acuática va a seguir siendo cada vez mayor, generando más dificultades para cosecharla y mayores intervenciones con la recreación.

Sin embargo, Mazzeo agrega que, si esto continúa en el tiempo, provocará problemas cada vez más serios en la calidad del agua. “De no atacar la causalidad en este momento, el problema tiene una evolución muy clara: los peces se comenzarán a morir y la vegetación sumergida de luchecillo desaparecerá porque habrá floraciones masivas de cianobacterias, lo que implica que ni siquiera podrán bañarse en el lago”, comenta.

Después de una pausa, termina diciendo que “esas cianobacterias convierten el lago en una sopa verde. Si el cuerpo de agua sigue con las condiciones en las que está ahora, en diez, quince o veinte años más, sus aguas ya no podrán ser utilizadas; ni por animales ni por las personas”.

Muchos están a favor del luchecillo porque abosorbe los nutrientes que alimentan a cianobacterias que pueden ser tóxicas para la salud. Sin embargo, la interrumpción de las actividades recreativas y el cambio ecosistémico que implica su aparición es la preocupación de varios otros que quieren tomar cartas en el asunto.

FINANCIAMIENTO MILLONARIO

Documentos de la Seremi de Medio Ambiente de la Región del Biobío registran que alrededor del año 2003 algo comenzó a cambiar en el lago Lanalhue. La egeria densa fue reportada en las áreas litorales y ribereñas del cuerpo de agua, provocando interferencias con algunos usos de navegación y recreación. Como el luchecillo es el alimento principal de los cisnes de cuello negro algunos estudiosos explican que las aves que vivían en el humedal del Río Cruces eligieron el Lanalhue como su nuevo hogar, luego del desastre ambiental que provocó Celulosa Arauco tras verter residuos líquidos en el humedal. Sin embargo, la creciente presencia de estas aves en el Lanalhue alertó a los científicos y comenzaron a hacerse estudios para explicar la explosión de egeria densa en el Lago Lanalhue.

Varias de las investigaciones que se hicieron para resolver esta problemática, especialmente aquellas realizadas por el Centro de Ciencias Ambientales EULA de la Universidad de Concepción (UdeC) y por el Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), llegaron a la conclusión de que se estaba acelerando el proceso de eutrofización en el lago, es decir, se estaba empantanando más rápido de lo normal.

“La aceleración de la eutrofización se genera por el ingreso descontrolado de nutrientes hacia el lago, especialmente de nitrógeno y fósforo, derivados de la actividad humana que se desarrolla en la cuenca, lo que provoca el crecimiento desmedido del luchecillo”, explica Mauricio Troncoso, Biólogo Marino de la UCSC y miembro del estudio que está realizando su universidad actualmente en el lago. Además, agrega que este problema viene desde comienzos del siglo pasado.

Según dice, este proceso es natural en cualquier cuerpo de agua, sin embargo, al haber factores humanos que lo aceleran, en vez de demorarse miles de años en ocurrir, se demora solo un par de décadas.

 

En 2016 por primera vez la Seremi de Medio Ambiente del Biobío y el Gobierno Regional aprobaron el Programa de Recuperación de los Ecosistemas Lacustres de la Provincia de Arauco (PRELA). Este “busca aumentar la competitividad del territorio costero lacustre de la Provincia de Arauco, promoviendo la mantención y recuperación de los servicios ecosistémicos aportados por las cuencas de los lagos” en 48 meses. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) financió este programa con más de 4.600 millones de pesos.

Bernardo Reyes, presidente de la Fundación Nahuelbuta, es miembro de la mesa de gobernanza del PRELA que se formó en septiembre de este año. En ella participan múltiples instituciones del Estado, desde el nivel nacional al provincial; actores de la sociedad civil como comunidades mapuches, vecinos de las comunas y activistas; grandes empresas, como las forestales y sanitarias; y académicos e integrantes de las universidades a cargo de los estudios.

Reyes, junto con algunas organizaciones locales de la zona, comenzó a demandar una respuesta al Gobierno Regional entre 2006 y 2008 para proteger los únicos dos lagos costeros de agua dulce que existen en Chile (Lanalhue y Lleu Lleu).

“La pérdida de la calidad del agua de estos lagos no es solamente un impacto en la economía y el turismo, sino que son unas tremendas reservas de agua dulce para el futuro. Si pensamos en el cambio climático y en las profundas transformaciones que están sufriendo los territorios, un programa para proteger sus servicios ecosistémicos se hacía un imperativo”, menciona Reyes.

En 2014 les dijeron que podían empezar a articular una propuesta de proyecto para presentarla al FNDR. Se presentó en 2015, en 2016 se aprobó y en 2017 comenzó su ejecución.

La UdeC y la UCSC se ganaron las licitaciones del PRELA para llevar a cabo dos estudios distintos: el Plan de Ordenamiento y Gestión Territorial para la cuenca del Lago Lanalhue (POGT) y el Plan Piloto y Estudio Preliminar para el Manejo de Egeria Densa en el Lago Lanalhue, respectivamente. Mauricio Aguayo, doctor en Ciencias Ambientales de la UdeC e investigador del POGT, menciona que la primera fase que se está desarrollando es una de diagnóstico.

Las plantaciones forestales cubren casi la mitad de la cuenca del lago. Entre medio de ellas, hay algunos parches de bosque nativo que son considerados zonas de Alto Valor de Conservación (AVC).

A pesar de que todavía no hay cifras oficiales, Aguayo señala que con las estimadas que tienen hasta el momento las principales amenazas que detectaron en la cuenca que contribuyen con el aumento de nutrientes son principalmente tres: la ganadera, realizada en el borde del lago y en los humedales adyacentes; la forestal, por su explotación intensiva, talas rasas de grandes superficies (corta de árboles) y construcción de caminos; y la recreacional, asociadas a cabañas, campings y viviendas que no han regularizado el tratamiento de sus aguas servidas y disposición de residuos sólidos.

SECTOR AGROPECUARIO

La agricultura y la ganadería no aportan tantos nutrientes en términos de extensión, pero la intensidad con la que lo hacen es alta, ya que son las actividades que se localizan en las zonas más cercanas al lago, según explica Aguayo. “Por ejemplo, las fecas de los animales son arrastradas hacia el lago cuando este sube de nivel por las lluvias, aumentando la cantidad de nutrientes, principalmente de nitrógeno”, comenta el investigador.

Juan Manuel Pulpeiro, jefe de área de Cañete del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), está de acuerdo con que lo que más podría tener incidencia en el exceso de nutrientes sería la ganadería: “El aporte podría provenir de lo que bostean los animales, principalmente con nitrógeno, pero la masa ganadera tampoco es tan grande porque los terrenos son muy chicos para mantener muchos animales. En el sector de Huilquehue (al este del lago) es donde encuentras mayor cantidad de ganado. Tienen entre 200 y 300 cabezas de bovino y unas 400 o 500 ovejas”.

La ganadería es una de las prácticas que se realiza en las zonas de inundación del lago, es decir, que quedan debajo del agua cuando el lago sube de nivel en invierno. El problema es que las fecas de los animales aportan mucho nitrógeno, convirtiéndose en uno de los causantes del exceso de nutrientes que tiene el Lanalhue.

En cuanto a las plantaciones, Pulpeiro dice que son en su mayoría de papas y cereales. “En los años 80 se sembraban en la zona doce mil hectáreas de papas. En este momento no llegamos a las cinco mil”, menciona. Dice que para las papas se usan entre 10 a 20 sacos de 25 kilos de fertilizante por hectárea y para el trigo se utilizan un par de sacos de 50 kilos. “Los fertilizantes se echan en la tierra solo en el momento de la siembra y, por lo general, lo que hacen los agricultores es primero sembrar papas, luego cereales y después lo dejan como pradera, que no necesita fertilización. Entonces el uso de fertilizantes se hace cada 5 o 6 años solamente”, explica Pulpeiro.

A pesar de que sabe que en términos de cantidad de fertilizante utilizan más que las forestales, agrega que “lo que hace la diferencia es la superficie de plantación forestal versus la superficie agrícola”.

Por eso, termina diciendo que “la agricultura y la ganadería no tienen ninguna incidencia importante en términos de aporte de nutrientes al lago. Si lo comparamos con todo lo que incide la parte forestal, es prácticamente nada. Yo diría que no llega al 3%”.

PLANTACIONES FORESTALES

Pequeños parches de bosque nativo y terrenos descubiertos se esconden entre las hectáreas de monocultivo de pinos y eucaliptus que predominan en la cuenca hidrográfica.

Según los pre informes del POGT, en la cuenca hay 15.501 hectáreas de plantaciones forestales, lo que correspondería al 47% del total de superficie. Arauco, Mininco, Volterra y Tierra Chilena son las empresas de pinos y eucaliptus que ocupan más territorio y están localizadas en la parte alta, media y baja de la cuenca.

 

Según Aguayo, el mayor aporte de nutrientes lo tiene la parte más alta y con más pendiente porque en épocas de lluvia todo el material rico en nutrientes que se encuentra en esa zona es arrastrado con más facilidad hacia los ríos, los esteros y termina finalmente en el lago. En épocas de cosecha esto se intensifica aún más, ya que, con la tala rasa, queda al descubierto más superficie, entre unas 400 a 500 hectáreas, que es propensa a ser remolcada por las aguas lluvias.

Pero, Michael Fernández, encargado de supervisión del Sistema de Gestión de la empresa forestal Volterra, dice que en esto no estaría el problema porque “una vez que cosechamos, se prepara el suelo y se planta lo más rápido posible, ojalá el mismo año. No podemos perder el tiempo; ni por lo medioambiental ni por lo económico”.

Aníbal Pauchard, doctor en Ecología Forestal de la Universidad de Montana (EE.UU.), dice que toda la actividad forestal incluye tala rasa y construcción de caminos, lo que evidentemente genera una pérdida de suelo que se transporta a los cursos de agua y sirven como alimento para luchecillo porque lleva nutrientes.

Eduardo Melo, subgerente de Medio Ambiente de Arauco, señala que, a pesar de que se atribuye a las forestales la contaminación del lago por el sedimento (barro) que generan en el fondo del lago,

“los cursos de aguas que llegan a los lagos están todos protegidos con vegetación natural a sus alrededores, que actúan como filtros. Además, desde que nuestras empresas están certificadas como manejo forestal sustentable desde septiembre de 2013, hemos tenido prácticas de disminución del tamaño de las cosechas, entonces ya no se hacen talas muy grandes”.

Además del suelo, los fertilizantes utilizados por las forestales tienen una alta carga de nutrientes, según explica el biólogo de la UCSC. “Están sintetizados, entonces es como una concentración de elementos”, menciona. 

Los propietarios de sectores ribereños limitan sus predios con rejas de palos que llegan hasta el agua, incluso sobrepasando el límite acuático e introduciéndolos varios metros hacia adentro del lago.

Pero, igualmente, los nutrientes van quedando en la tierra por años.

Francisco Rodríguez, subgerente de Gestión Certificada y Sostenibilidad de Mininco, dice que los fertilizantes son utilizados en cantidades mínimas. “Colocamos entre 15 y 30 gramos por planta. En promedio entre los pinos y los eucaliptus, plantamos mil árboles por hectárea, por lo que son entre 15 y 30 kilos de fertilizantes por cada diez mil metros cuadrados. Si pensamos, por ejemplo, en los pinos, que tienen una rotación de 24 años, estaríamos echando 1,25 kilos por año por hectárea. Es como un kilo de azúcar en diez mil metros cuadrados. Es la nada misma”, comenta Rodríguez.

Por eso, menciona que por el formato del fertilizante, la calidad y la forma es prácticamente imposible que haya residuos de esta fertilización que escurran hacia el agua del Lago Lanalhue.

“Si hubiese una determinación de alto contenido en nitrógeno y fósforo en el lago, la fuente de contaminación no podría venir de la actividad forestal”, agrega.

Asimismo, Carlos del Pozo, jefe del Departamento de Patrimonio de Forestal Tierra Chilena, menciona que las forestales no son las que tienen más implicancias en el exceso de nutrientes en el lago. “Puede que haya algo de aporte por nuestra culpa, pero la cantidad es mínima en comparación a las otras actividades que se desarrollan en la cuenca. El aporte de las forestales no es un factor significativo como lo es el de la agricultura, que es diez veces superior al de nosotros. Del 100%, yo diría que la parte forestal aporta el 1%”, concluye Pozo.

Melo, de Arauco, señala que la cuenca del Lanalhue no tiene solo uso forestal, sino que también hay uso ganadero, agrícola, y un uso importante de la parte turística y de las viviendas que hay en los bordes. “Así que desde el punto de vista de contribución de algún elemento contaminante, las plantaciones estarían en la última categoría. Rodríguez, de Mininco, comparte esta visión.

Según él, “la mayor fuente de contaminación, por lejos, es el uso urbano. Muchas de las viviendas no tienen alcantarillado, por lo que los lugares cercanos a Contulmo deben contribuir bastante al tema del lago”.  

AGUAS SERVIDAS MAL TRATADAS

Según las cifras preliminares del POGT, la instalación de cabañas, campings y viviendas a la orilla del lago que no han regularizado el tratamiento de sus aguas servidas y disposición de residuos sólidos son otro de los factores que aportan nutrientes al lago. 

Campings y cabañas se ven beneficiadas en los meses de enero y febrero, época donde el turismo alcanza su mayor crecimiento. A veces, la masiva llegada de gente colapsa la capacidad de las fosas sépticas de las instalaciones y se rebalsan.

Según él, cada dueño soluciona sus problemas de deshechos de aguas servidas y residuos sólidos de manera independiente porque no hay un ordenamiento de esta actividad, “por lo tanto todo termina en el lago”.

Una de las pocas empresas que están regularizadas para hacer la limpieza de fosas sépticas en la zona es “Servifosas Nahuelbuta”, a cargo de Pedro Durán. A través de los llamados, los cuales se concentran principalmente en la época de verano, Durán va planificando su agenda para ir a retirar las aguas grises y trasladarlas, por medio de un camión de cinco mil litros, a una planta de tratamiento. En su caso, lo lleva a la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio) de la ciudad de Lebu porque, según él, la de Contulmo no tiene la capacidad para recibir sus descargas.

En la provincia, Durán es el único que cuenta con la Resolución Sanitaria que entrega la Seremi de Salud de la Región del Biobío que le permite retirar las aguas servidas y trasladarlas. Además, también es el único con un contrato con Essbio para poder descargar en su planta. “En Coronel y Concepción hay empresas más grandes que hacen limpiezas, pero cobran muy caro por el traslado que tienen que hacer”, comenta Durán. “Por el momento en la zona estoy solo yo y el resto son puros servicios no autorizados que terminan descargando en cualquier parte”, agrega.

Cada complejo turístico cuenta con su propia fosa séptica, ya que a los alrededores del lago aún no hay alcantarillado público. Este solo se encuentra en las ciudades cercanas al Lanalhue como Cañete y Contulmo.

Por eso él, al igual que sus vecinos, limpia sus fosas sépticas con un camión no regularizado. “Ese nos cobra entre $30.000 y $50.000 por casa, dependiendo del volumen de la fosa, por eso la gente usa los camiones irregulares. Cuando llega el camión, todos aprovechamos de descargar. Pasan avisando, tocando la bocina y la gente se anota, pero no tengo idea a donde van a parar esos camiones”, menciona Pereira. También sabe que las municipalidades ofrecen esos servicios a precios similares, pero dice que el trámite que hay que hacer es muy demoroso y burocrático y que por eso, prefiere seguir usando el camión irregular.

“Los servicios no regularizados tienen dos opciones para descargar”, menciona Durán. “O lo hacen en un lugar donde no haya nadie y lo tiran por el río o por una loma, o abren los alcantarillados de la ciudad y lo botan ahí”, explica. Este es el caso de Adolfo Luengo, oriundo de Cañete, quien además de dedicarse a la extracción de áridos en la zona, trabaja limpiando fosas sépticas con su camión de cinco mil litros. A pesar de que no le gusta trabajar de manera irregular, menciona que los costos por regularizar su trabajo son muy altos.

Señala que “una vez que retiro las aguas servidas voy a tirarlas al alcantarillado de Cañete o a las cámaras que desembocan en la planta de tratamiento”.

Essbio de Contulmo se encarga tanto del tratamiento como de la recolección de las aguas servidas de la localidad. Aguayo menciona que “la planta de esa ciudad no funciona bien. Siempre tiene eventos de descargas de aguas sin estar tratadas adecuadamente y todo eso termina en el lago, contribuyendo a una mayor cantidad de materia orgánica, nitrógeno y fósforo y, por lo tanto, a un aumento y proliferación del luchecillo. Es como si se estuviera permanentemente fertilizando el lago”.

Este investigador no es el único en hacer esa aseveración. Tanto los vecinos como las autoridades de las demás actividades que se desarrollan en la zona culpan a la empresa por lo mismo. Frente a esas declaraciones, Francisco Dupré, subgerente Zonal Arauco de Essbio, explica que “el problema es que Contulmo no cuenta con una red exclusiva para la recolección de aguas lluvias, entonces se acumulan en la vía pública de la comuna y eso se va infiltrando a la red nuestra”. Menciona que el alcantarillado de Essbio está diseñado para recibir solo las descargas de aguas servidas domiciliarias y un 15% de infiltración de aguas lluvias, “no contemplando ningún aporte de descargas provenientes de otras instalaciones”.

Hasta antes de 2010, la planta de Contulmo no contaba con un tratamiento terciario que permitiera la remoción de nutrientes de las aguas servidas, en particular, del nitrógeno y el fósforo. En el informe del PRELA de 2015 se señala que “la descarga puntual de aguas servidas urbanas de Contulmo al Estero El Peral (aprox. a un kilómetro del lago) hoy no resultaría ser una fuente importante, ya que desde el año 2010 cuenta con un tratamiento terciario para nutrientes que mejoró sustancialmente la calidad de la descarga”.

Como la foto fue tomada en primavera, el lago todavía está alto para alcanzar a visualizar el luchecillo en la superficie del agua. Sin embargo, igual se alcanzan a ver zonas de egeria densa y otro tipo de vegetación sumergida al lado inferior izquierdo de la imagen.

Frente a esta afirmación, Dupré menciona que habría que esperar los resultados del estudio que se está haciendo para poder llegar a una conclusión como esa y poder entender si la responsabilidad de la planta de tratamiento es la que pudo haber ocasionado en gran magnitud el problema.

ESCEPTICISMO VS ESPERANZA

Algunos miembros de la mesa de gobernanza confían en las investigaciones que está realizando el PRELA junto a las universidades. Bernardo Reyes señala que “en algunos aspectos va más lento de lo que a muchos de nosotros nos gustaría, pero los estudios que se están haciendo ahora, a diferencia de los anteriores, son más acuciosos, de mayor profundidad y están siendo observados de muy cerca por los locales porque este es el primer proyecto que involucra a todos los actores sociales”.

Destaca la labor del PRELA porque, al estar financiado por la Seremi de Medio Ambiente del Biobío, pasó de ser una problemática local a una nacional. “Con el programa estos temas salieron al público y ya no pasan desapercibidos”, dice Reyes.

Sector Punta del Toro, a 16 kilómetros de Contulmo.

Sin embargo, hay otros que están escépticos frente a los posibles resultados. “Me molesta que los estudios sean tan poco ejecutivos”, dice el dueño de las cabañas, Patricio Pereira. “Nos vamos de reunión en reunión, cócteles y gastos, pero uno no ve los frutos de esa inversión. Se están gastando la plata en los preámbulos y no en la efectividad”, señala molesto.

En cuanto a las posibles soluciones para controlar el luchecillo, Víctor Durán, uno de los principales investigadores de blooms de algas en Chile y que ve de cerca ese tema en el Lago Villarrica, señala que “erradicar el luchecillo es prácticamente imposible”. Menciona que sí se puede controlar, “pero mientras no haya una norma que ponga los límites de nitrógeno y fósforo permitidos en el lago, pueden medir y medir, pero no tienen cómo declarar que está saturado”.

Lo mismo cree el Ecólogo Forestal Aníbal Pauchard: “Con esta especie veo muy difícil poder implementar una solución más de fondo porque significaría traer un controlador biológico que se coma la planta y, si se introducen nuevas especies, el ecosistema puede cambiar todavía más. El remedio puede ser mucho peor que la enfermedad”.

La técnica de las máquinas cosechadoras consiste en extraer la planta y depositarla en otro lugar para dejar espacios libres para la recreación en el verano. Pero, algunos la consideran simplemente una solución parche, ya que no se encarga del problema de fondo.

El biólogo uruguayo Nestor Mazzeo dice que para restaurar el lago, hay que partir por el control de los aportes externos: “Eso implica no solo una adecuada planificación del uso del suelo, sino que también incorporar buenas prácticas en los sistemas productivos que están instalados en la cuenca”.

Para eso, menciona que hay que controlar la actividad ganadera, la cual se desarrolla directamente sobre la planicie de inundación, fiscalizar los campamentos y cabañas que no cuentan con sistemas de saneamientos adecuados e incorporar manejos con respecto a la forestación, sobre todo en el momento de la cosecha para amortiguar los procesos de erosión del suelo.

Aunque hay algunos que confían en los resultados y otros que no, Mazzeo afirma que gran parte de las causalidades y consecuencias del problema ya se conocen. No duda en que siempre quedan aspectos que se pueden seguir explorando en el futuro, pero menciona que los investigadores que están a cargo no pueden esperar a saberlo todo para avanzar porque no es funcional.

“Es verdad que es un problema muy complejo, pero con la información que hay, muchas decisiones ya se podrían haber tomado. Este problema lleva 14 años porque ha habido una parálisis en el proceso de la toma de decisiones, y eso no puede seguir pasando. Ya deberían pasar a la acción”, concluye.

Hay zonas que ya no son aptas para el baño, por lo que los usuarios deben cambiarse de playa o fijarse por dónde se van a meter al agua para no enredarse con la planta.

Gabriela Elgueta, quien tiene casa en el lago hace unos 35 años, dice que su familia ha sido testigo de todas las variaciones: “El ecosistema está cambiando. Si el luchecillo sigue como está, la gente ya ni siquiera se va a poder meter al lago”. Lo mismo cree su hijo Carlos Martínez:

“De no haber resultados pronto, el lago se va a terminar secando y empantanando. Han dejado pasar mucho tiempo y seguimos igual. No sé si el lago estará en las prioridades del Gobierno para poder salvarlo. Siempre se habla de proyectos. El PRELA es nuevo, pero mientras no vea nada concreto, la verdad es que no lo voy a creer”.

 

 

La desprotección terrenal del dios Tunupa

Una figura divina en la cima del cerro, una serie de intrusiones humanas y un cerco de protección que nunca se terminó de construir resumen lo que hoy ocurre con el Gigante de Tarapacá, ubicado en la loma de una pequeña cima en pleno desierto de Atacama y considerado el geoglifo antropomórfico más grande del mundo.

 

Por Mauricio Torres Paredes  

El 12 de octubre de 2009 un grupo de estudiantes de Arqueología de cuarto año de la Universidad de Tarapacá llegó hasta los faldeos del cerro Unita en la comuna de Huara, región de Tarapacá. En su lado poniente se ubica el geoglifo Gigante de Tarapacá, una figura antropomorfa de casi cien metros elaborada con piedras y extracción de tierra. Ese mismo día lunes, el lugar también era visitado por un grupo de turistas. Sin embargo, la visita tendría algo especial.

Según reportaron el diario local La Estrella de Iquique y el de cobertura nacional Las Últimas Noticias en sus ediciones del viernes 16 y el sábado 17 de octubre respectivamente, la turista suiza, Lisa Hug, notó algo distinto entre la figura que estaba divisando al compararla con una imagen de la misma en el libro Chile under oster-insel. Ahí aparecía la forma original. “Fue una gran vergüenza el tratar de explicar el nulo respeto que existe en nuestro país. A ello se suma el grave problema que el lugar carece de protección e información donde se advierta del cuidado que hay que tener”, dijo a La Estrella de Iquique el guía turístico a cargo del recorrido Sergio Cortez. “Le dibujaron un ombligo a una de las figuras más importantes que tenemos en Chile”, agregó luego a Las Últimas Noticias.

***

En diez años, entre 2008 y 2018, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), entidad a cargo de la preservación del patrimonio, ha tratado la situación del Gigante de Tarapacá en ocho oportunidades. De acuerdo a lo que consta en sus actas, en la sesión del 18 de marzo de 2009 se expuso la llamada telefónica desde Fiscalía denunciando el ingreso de un vehículo al cerro. El consejo acordó pedir antecedentes formales y realizar una visita en terreno. El 8 de abril de ese año se informó sobre los peritajes encargados por el entonces fiscal adjunto de Pozo Almonte, Víctor Ávila, para conocer el estado de conservación del geoglifo y recién en la sesión del 8 de julio el CMN determinó remitir lo constatado en su visita a terreno. En la sesión de miércoles 12 de agosto de 2009 se informó sobre la visita del consejo entre el 30 de junio y el 2 de julio. En esa oportunidad se confirmó la presencia de huellas de acceso vehicular a la ladera, lo que se informaría a Fiscalía.

El 14 de agosto de 2013, después de cuatro años, el Gigante de Tarapacá fue nuevamente tocado en sesión del consejo. Ese día, según registran las actas, se evidenció que un grupo de desconocidos dibujó una carita feliz en la ladera del cerro Unitas, donde se ubican además otros geoglifos de menor tamaño de formas geométricas y animales.

En 1968 el comandante de la Fuerza Aérea de Chile, Eduardo Iensen Franke, sobrevolaba el desierto de Atacama junto al arqueólogo Delbert True. En ese momento redescubrió un geoglifo en la ladera del cerro Unita. Los expertos sitúan su elaboración en un periodo mucho más amplio: entre el 700 y el 1.200 después de Cristo.

 

Junto al CMN, la prensa también ha hecho eco del ingreso de personas al sitio. El 19 de agosto de 2015, el entonces concejal de Pozo Almonte, Luis Martínez, pidió disculpas públicas luego de que se descubriera que escribió su nombre y el de una mujer llamada Alysson en los faldeos del cerro. El Consejo de Monumentos sesionó por el  caso del concejal el 14 de octubre de 2015. En el acta se informó que el 20 de agosto la fiscal de Pozo Almonte, Yocelyn Pacheco, se contactó con la otrora coordinadora del CMN Tarapacá, Orietta Ojeda, para visitar el lugar y observar los daños junto a la Policía de Investigaciones. Si bien se constató que “la acción del viento los ha borrado paulatinamente”, se manifestó la preocupación en torno a la desprotección del geoglifo.

Las dos últimas sesiones del CMN donde se presentó el asunto del geoglifo tuvieron lugar el 11 de marzo de 2015 y el 8 de marzo de 2017 y dieron cuenta de denuncias de particulares (Jaime Tamburini Rodríguez, presidente de Rescate Cultural e Histórico de Tarapacá, y Javier Morales Molina) sobre la basura alrededor del cerro a raíz de los escombros que dejó la empresa a cargo de construir un cerco perimetral en 2014.

Estas intervenciones no solo se han realizado a pie. Frecuente es el uso de vehículos motorizados que suben el cerro ya que, si bien se intentó en su momento, hoy no existe impedimento al acceso. Según información que recogió el diario La Estrella de Iquique el 18 de junio de 2016, el arqueólogo Luis Pérez denunció la realización de “rituales” en torno al Gigante, lo que dejó un daño “irreversible” tanto por la acción de pisadas, como por las ruedas de los vehículos todo terreno y camionetas 4×4. Pérez explicó al medio que cualquier movimiento de la tierra del cerro Unita genera cambios inmediatos en su color cuando pasan autos o personas a pie. “La alteración no solo se relaciona a los geoglifos, sino a todo alrededor, paraderos y senderos ceremoniales”, dijo el arqueólogo.

La última intervención conocida fue en agosto de 2018, cuando el geoglifo fue visitado por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. A solo días de que el secretario de Estado llegara a Huara el 3 de agosto, particulares acusaron que desconocidos dibujaron dos figuras fálicas en las laderas del cerro, a solo metros del geoglifo. El 13 de agosto, la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, Pilar Barrientos, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Pozo Almonte. De todos los “ataques” al Gigante, solo la denuncia de Bienes Nacionales, presentada este año, sigue en curso formal de investigación a cargo del Ministerio Público, según información solicitada vía Ley de Acceso a la Información (Ley de Transparencia). Algunas han tenido sanciones, pero otras no han podido sostenerse por falta de pruebas explican en Fiscalía.

El mes de agosto es quizás el más complejo para el Gigante, ya que el 10 de ese mes se realiza la fiesta de San Lorenzo en el pueblo de Tarapacá, ubicado a solo diez kilómetros al oriente del cerro Unita. Algunos peregrinos inician un sendero desde el camino que ingresa al cerro. La mayor frecuencia de personas es un riesgo latente.

Una de las tantas intervenciones, y la de mayor repercusión, ocurrió en octubre de 2009 y quedó registrada por el arqueólogo Luis Briones, quien acompañaba a sus alumnos de la Universidad de Tarapacá al cerro Unita, nombre de la ladera donde está el geoglifo. “El daño consistió en agregar un círculo a manera de ‘ombligo’ de piedras menudas, alterando la versión original del geoglifo”, escribió Briones el 19 de ese mismo mes a la entonces coordinadora regional del CMN de Tarapacá, Gerda Alcaide.

La reparación del altercado estuvo en manos de uno de los alumnos de la carrera. Como “solución rápida”, consigna el informe que envió el arqueólogo al CMN, “se encargó a un estudiante hacer el despeje para evitar la sobrecarga de personas trajinando sobre la figura. El trabajo consistió en levantar las piedras y depositarlas sobre el borde, desde donde supuestamente salieron. Se dieron instrucciones del caso, en base a nuestra experiencia: ingresar y salir del geoglifo con el mayor cuidado, en lo posible sin dejar rastro”.

La Ley sobre Monumentos Nacionales establece que “el que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales”.

El 7 de junio de 2011, la Municipalidad de Huara se puso en contacto con el Consejo de Monumentos Nacionales en lo que fue el primer apronte para la protección del geoglifo. En un correo electrónico enviado desde la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación de Huara (Secplac) a la Comisión de Patrimonio Arqueológico del CMN, se refieren al personaje del geoglifo como el “Chaman del cerro Unita”.

“Nuestro objetivo principal es la protección del sitio y con esto generar una infraestructura que permita la observación del Gigante y del resto de los paneles, para lo cual consideramos pertinente las siguientes acciones: Construcción de un cierre perimetral que no interfiera con la composición topográfica, un acceso controlado al conjunto arqueológico, señalética pertinente y puntos de observación”, dice el correo enviado.

Un dios civilizador

En 1968 el comandante de la Fuerza Aérea de Chile, Eduardo Iensen Franke, sobrevolaba el desierto de Atacama junto al arqueólogo Delbert True. En ese momento redescubrió un geoglifo en la ladera del cerro Unita. Los expertos sitúan su elaboración en un periodo mucho más amplio: entre el 700 y el 1.200 después de Cristo.

Los arqueólogos de la Universidad de Tarapacá, Juan Chacama y Gustavo Espinosa, elaboraron en 1997 un informe académico sobre lo que nombraron la “deidad frontal con báculos”, una divinidad que nació en la selva y descendió desde la cordillera boliviana a las costas chilenas. Su representación se caracteriza por los rayos que emergen de su cabeza y sus brazos en forma de V. Según el estudio, el Gigante sería una representación del dios Tunupa, hijo del dios Viracocha, principal deidad andina y “creador de todas las cosas”. Su rol sería ayudar a su padre a “ordenar el mundo” y es visto como “un personaje viajero, un predicador y hacedor de milagros, asimilado incluso a un santo peregrino”.

En algún momento, reconocen Chacama y Espinosa, el nombre de Tunupa trasciende hacia el de Tarapacá. Ambos autores reconocen que “la trayectoria de la Tunupa sugiere un recorrido civilizador en toda la región” y que Tarapaca se asume como “personaje mítico, burlador, peleador; además un viajero civilizador”. No obstante, la historia de Tunupa, consignan los investigadores, se prestaba para ser asimilada por el cristianismo. “Los diferentes relatos de la martirización de Tunupa llegan al extremo de asimilarlo casi totalmente con Jesucristo en el tránsito de su pasión, muerte y resurrección”, dice el estudio. Incluso fue identificado con San Bartolomé y Santo Tomás. De hecho, hoy tiene una estrecha vinculación con la festividad de San Lorenzo de Tarapacá: “Así el Tarapaca hacedor, predicador, milagrero, Mesías, profeta, mártir, es un personaje construido por los cronistas con criterios pastorales”.

De origen pucara o tiwanaku, Chacama y Espinosa dicen que en su peregrinaje hacia la costa, esta divinidad “tiene un mandato civilizador, debe ordenar el mundo, aunque en su camino provoque más de una riña importante, tensión que al fin y al cabo permiten el equilibrio de la sociedad de los humanos y, al parecer, también de las divinidades”.

El geoglifo es, incluso, uno de los más grandes de Sudamérica y del globo, aunque los expertos no se atreven a decirlo a ciencia cierta. Este año, por ejemplo, se descubrieron nuevos geoglifos en la zona de Nasca Palpa, en Perú, sin embargo ninguno de ellos supera las dimensiones del Gigante, quien aún defiende su título mundial.

El presupuesto original para el proyecto “Construcción Cierre Perimetral Cerro Unita, Comuna Huara” fue de 488 millones 412 mil pesos y el plazo para la ejecución de la obra se fijó en 240 días.

 

Pero antes de ser el Gigante de Tarapacá, el geoglifo era conocido como el Gigante de Atacama. Antes de que Tarapacá quisiera darle una mención regional, ya que hoy es incluso símbolo del Gobierno Regional de Tarapacá y ha sido hasta representado como corpóreo en ferias de promoción turística. Se ubica en el desierto de Atacama, pero a kilómetros de San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta y a varios kilómetros también de Copiapó, capital de la región de Atacama. Esa fue otra de las razones que llevó a los operadores turísticos a apoyar el cambio de nombre, evitar una serie de confusiones geográficas y político administrativas.

En 1977 el Servicio Nacional del Turismo (Sernatur) junto a la Universidad de Tarapacá elaboraron un primer informe para preservar los distintos geoglifos del norte chileno, entre ellos el Gigante de Tarapacá, cuyo proyecto fue el más costoso de todos. El proyecto costaba 26 millones 100 mil pesos para la época (hoy serían unos 46 millones aproximadamente) y contemplaba basureros, letreros informativos y educativos, senderos interpretativos, estacionamientos, sombrillas, asientos, demarcaciones y la limpieza del lugar. También se consideró una unidad de información por diez millones de pesos.

Un informe de Sernatur del año 2000 recogió dicho estudio con el fin de ejecutar un plan de restauración y valorización del sitio arqueológico y de arte rupestre. La elaboración del programa se hizo desde el punto de vista de la industria, considerando que el punto es un lugar obligado de visita y una fuente de trabajo para empresas turísticas, “sin embargo los años, la desidia de cierto público y la falta de mantención, paulatinamente han ido dañando gravemente estos sitios”, dice la propuesta del servicio público.

Ruinas sobre ruinas

El paisaje en el cerro Unita es el siguiente: postes de luminarias oxidados y desarmados, en el suelo, letreros de lo que alguna vez fue una faena de trabajo, mallas de color naranjo que se calientan bajo el sol del desierto desde 2014 y rocas, pero rocas artificiales, pedazos de cemento con tubos metálicos en su centro. Bloques de concreto quedaron alrededor del monte. Ruinas sobre ruinas. Las primeras de una obra inconclusa y las segundas de un pasado que los antiguos habitantes de Tarapacá intentaron dejar para la posteridad y que cada vez se mantiene con mayor dificultad ante el paso del tiempo.

La serie de intervenciones provocó que en 2012 las autoridades regionales iniciaran la posibilidad de construir un cierre perimetral alrededor del cerro para evitar nuevos ataques de personas a pie y en vehículos. El 29 de octubre de 2012 el Consejo Regional de Tarapacá aprobó por unanimidad un total de 541 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la construcción de un cierre perimetral alrededor del cerro, de los cuales 488 millones correspondían a obras civiles. La propuesta fue presentada por la en ese entonces intendenta del primer gobierno de Sebastián Piñera, Luz Ebensperger, hoy senadora por Tarapacá. Sin embargo, el cero nunca cerró.

El 13 de enero de 2013 se aprobó el convenio mandato completo e irrevocable entre el Gobierno Regional de Tarapacá y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la región. En el documento se le encomienda a esta dirección “la gestión técnica y administrativa para la ejecución del proyecto”

“La Unidad Técnica [la Dirección Regional de Arquitectura de Tarapacá] tendrá la supervisión técnica y administrativa del citado provecto, que comprenderá los procesos de licitación hasta la adjudicación y contrataciones respectivas, así como la supervisión directa de las obras contratadas hasta su total terminación y entrega”, dice el documento.

El 9 de marzo de 2013 se publicó la propuesta pública del cierre perimetral en el Diario Oficial, la que fue adjudicada a la firma “Frontanilla y Orellana Limitada”, bajo la representación legal de Hermán Orellana Flores, quien suscribió la creación de la empresa ante notario público junto a su socia Gina Frontanilla Varela, según información publicada por el Diario Oficial el 31 de agosto de 2001. La empresa también podía actuar bajo el nombre de “Quinta Orden Limitada”, consigna la publicación. Su capital inicial fue de 40 millones de pesos aportados en partes iguales por cada integrante de la empresa. El 31 de agosto de 2005, el Diario Oficial publicó que Orellana había creado otra empresa del mismo rubro: “Ingeniería Civil y Construcción EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada)” o “Icivil EIRL”.

En el Servicio de Impuestos Internos (SII), la empresa Frontanilla y Orellana aparece con las siguientes actividades económicas vigentes: Preparación del terreno, excavaciones y movimientos de tierras. Construcción de edificios completos o de partes de edificios. alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, alquiler de otros tipos de maquinarias y equipos N.C.P. (No Clasificado Previamente), y servicios de ingeniería prestados por empresas N.C.P.

Según el SII la empresa inició sus actividades el 12 de septiembre de 2001. Su primer timbraje de documentos tributarios fue en 2002 y el último se fechó en 2014. El servicio además publica situaciones de posible comportamiento tributario irregular: Contribuyente no ubicado, es decir que no se ubica en el domicilio declarado al SII, y Contribuyente inconcurrente, pues no ha concurrido a los requerimientos de documentación del servicio. No hay antecedentes de que la empresa haya quebrada, aunque así lo ha afirmado la prensa local respecto a que las obras del cierre perimetral nunca concluyeron.

El presupuesto original para el proyecto “Construcción Cierre Perimetral Cerro Unita, Comuna Huara” fue de 488 millones 412 mil pesos y el plazo para la ejecución de la obra se fijó en 240 días. Se aceptó la oferta por 455 millones 61 mil 176 pesos propuesta por Frontanilla y Orellana, empresa inscrita hasta ese momento en el Registro de Contratistas de Obras Mayores del Ministerio de Obras Públicas. No obstante, de acuerdo a Chile Proveedores, a 2018 la empresa está eliminada del registro para obras mayores. El estado de la sociedad dice “sin contrato vigente”.

Contraloría realizó la toma de razón de la adjudicación el 26 de junio de 2013. En las especificaciones técnicas del proyecto se alude a marcas de productos, materiales e insumos, sin embargo se hace hincapié en que son de tipo referencial y no obligan a la empresa a adquirirlas. Sí se le exigió a Frontanilla y Orellana que los materiales, partes, piezas y elementos empleados en la construcción fueran todos nuevos y de calidad.

Como tal, la obra consistía en construir un cierre perimetral, un camino rural mejorado con sal y confinado con soleras, conformando un paseo. Su objetivo primordial era proteger el conjunto de geoglifos “sin alterar su belleza histórica”. El cerco se conformaba de un cierre externo de pirca de piedra de un metro de alto que limitaría el acceso de vehículos y un cierre interno de malla metálica también de un metro que impediría el acceso peatonal al cerro. Entre ambos cercos se trazaría un circuito de recorrido con un acceso y tres miradores de diseño circular generando plazas de 15 a 20 metros de diámetro. Se habilitarían estacionamientos y también se consideraron luminarias.

La justificación del proyecto según sus especificaciones: “Demarcar físicamente un límite, permitiendo mayor y mejor seguridad en torno al cerro prohibiendo el paso de vehículos que pudieran dañar los geoglifos”. A esto se agrega una frase fundamental, ya que tiene estricta relación con la dificultad para sancionar las infracciones a la Ley de Monumentos nacionales: “En caso de daños o hurtos a los sitios o paneles arqueológicos la ley puede actuar reconociendo la violación de un cerco”. Asimismo, “el hecho que exista un cierre perimetral entorno al cerro Unita, define un recinto privado u reafirma propiedad, poniendo una valla o barrera física entre el descampado de la pampa y este bien arqueológico”.

El 19 de agosto de 2015, el entonces concejal de Pozo Almonte, Luis Martínez, pidió disculpas públicas luego de que se descubriera que escribió su nombre y el de una mujer llamada Alysson en los faldeos del cerro.

 

El 20 de marzo de 2014, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informaba a través de su portal, que el cierre perimetral estaría listo a mediados de ese año. Sin embargo, a los pocos días la situación cambiaría radicalmente. Según la empresa Frontanilla y Orellana, la normalidad en la ejecución de la obra duró hasta el 1 de abril de 2014, oportunidad en que la región fue azotada por dos sismos, uno de grado 8,2 Richter y otro al día siguiente, de 7,6 grados. Ahí se entramparía el proyecto y las versiones entre el ministerio y la empresa.

Panorámica del cerro Unita

De acuerdo a una demanda presentada contra el Fisco de Chile por el abogado Rodrigo Campos Oliva en representación de Frontanilla y Orellana, los sismos “ocasionaron daños a la obra, principalmente en los muros de pirca, provocando deterioros de diversa consideración en toda su extensión, los que por supuesto fueron informados por la empresa a la Dirección del MOP, solicitando una visita para la evaluación de los daños”. La argumentación de la empresa dice que “a causa también de los sismos, la obra quedó en estado de detención debido a los daños directamente producidos por los mismos, y a las consecuencias posteriores a ellos, tales como la falta de personal y los riesgos de derrumbe, todas secuelas propias de hechos de estas características, y que fueron oportunamente informados a la Dirección de Obras correspondiente”.

Aquí es donde se cruzan ambas versiones. El 26 de agosto de 2014 ingresó una causa civil al Juzgado de Letras de Iquique de 2014, la empresa demando al Estado ya que lo acusó de un perjuicio económico indirecto. Resulta que el MOP puso fin anticipado el contrato argumentando que fue la empresa la que no cumplió con los plazos y las exigencias del ministerio, situación que inhabilita a la empresa aludida en el registro de proveedores de Obras Públicas. Lo anterior afectaba a la firma, pues le impedía postular a nuevos proyectos a futuro. La causa se encuentra actualmente archivada.